Caso Joaquín Ramírez: Los inmuebles que serán incautados y el millonario monto que estos representan

El plazo de ejecución de este operativo es de dos semanas, que implica la movilización de 152 fiscales en total, informó el martes el fiscal adjunto provincial en Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque. Agregó que el operativo consta de dos etapas: la primera, en Lima, concluirá este viernes 14. Mientras que otros equipos se desplegarán en una segunda etapa en regiones del 17 al 24 de abril.

Del total de bienes muebles e inmuebles respecto a los que se ordenó la incautación cautelar [ver cuadros] el Poder Judicial ordenó la de 203 inmuebles ubicados en Lima y otras nueve ciudades del país, pasando a ser administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

De esta cifra, se ordenó la desposesión -orden de desalojo inmediato- de 162 y 41 sin desposesión. En cuanto a los bienes muebles, se ordenó la incautación de 85: 84 con desposesión y uno sin ella. Adicionalmente, 7 aeronaves y 1 simulador de vuelo.

Entre otras medidas, se dispuso la incautación de objetos de interés para la investigación -como documentos, libros contables, dinero en efectivo, USB, CPU, laptop, memorias externas y otros dispositivos- de siete inmuebles. Finalmente, la incautación de acciones de Nancy Teresa Gallegos Vela de Ramírez -viuda de Fidel Ramírez Prado, exrector de la UAP- y de Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos.

El ministro del Interior, Vicente Romero, comentó que el trabajo en este caso empezó el 2014 en la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional, como una investigación por tráfico ilícito de drogas. Posteriormente, cambió su figura a una investigación por lavado de activos.

Según Romero, “después del Caso Orellana, este caso en el tema de lavado de activos es el más grande en el Perú. Más de mil millones de dólares se van a incautar en unos 295 bienes”.

El organigrama de la presunta organización criminal integrada por Ramírez está dividido en tres brazos: el dirigencial, el comercial y el político. El exsecretario general de Fuerza Popular figura como una de las cabezas del brazo comercial [ver organigrama] cuya función sería “instrumentalizar empresas de fachada para obtener ganancias ilícitas”. Mientras que el político lo conformarían la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su exasesor Pier Figari. Este grupo habría tenido como función, según la fiscalía, “captar fondos ilícitos para obtener poder político y así blindar a la organización criminal”.

De acuerdo con la resolución, la presunta organización criminal se habría dedicado al delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de los aportes de los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (ALASPE). El objetivo habría sido obtener ganancias ilícitas para el lavado de activos. “Estos actos de fraude y de lavado de activos fueron imputados formalmente a los integrantes de la organización criminal”, se añade.

Respecto a Joaquín Ramírez, se le imputa ser parte de la presunta organización criminal al haber “apoyado a los directivos de la universidad en la comisión de los actos de fraude”. Aunque no tuvo ningún cargo dentro de la UAP, sí un “aporte esencial” en los “actos fraudulentos cometidos por los demás miembros de la organización criminal que ejercían un cargo” en la referida universidad. Entre ellos Fidel Ramírez Prado, exrector de la UAP que falleció el 2019 y que habría encabezado la red criminal. Ramírez Prado fue tío de Joaquín Ramírez.

El documento sustenta que el exsecretario general de Fuerza Popular habría sido su cómplice para seis actos fraudulentos: supuestos préstamos de la UAP a favor de las empresas de Joaquín Ramírez, que a la fecha no han sido cancelados; supuesta prestación de servicios de empresas del procesado con la UAP; la venta de un bien inmueble sobrevalorado por parte de una de las empresas de Joaquín Ramírez a favor de la UAP; contratos de arrendamiento entre la UAP y las empresas de Joaquín Ramírez, pactándose una renta excesiva y perjudicial a los intereses de la universidad; la venta de bienes sobrevaluados por parte de la UAP a favor de las empresas de Joaquín Ramírez; y vínculos comerciales irregulares entre las empresas del procesado con la UAP.

También se imputa a Ramírez tres presuntos actos de lavado de activos. El primero de ellos referido a la “conversión del dinero maculado” mediante aportes al capital social de las 22 personas jurídicas que constituyó, la transferencia de dinero maculado entre las empresas fachada para intercalar y diversificar la ruta del dinero; la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros para continuar con el proceso de lavado; el incremento patrimonial y desproporcional a sus ingresos a través de la adquisición de bienes con ganancias ilícitas.

Se señala también que existe un peligro inminente respecto a los bienes de Joaquín Ramírez debido a que ha transferido cinco inmuebles y un bien mueble. Esto evidenciaría que está disponiendo de estos presuntos bienes ilícitos “con la finalidad de evitar su incautación y posterior decomiso”.

En cuanto al brazo político de la presunta red, este estaría constituido por Figari y Fujimori, quienes “habrían otorgado un blindaje político a través del impedimento de propuestas legislativas que creen instituciones que supervisen a las cooperativas y las universidades de forma que la organización criminal pueda seguir subsistiendo como tal”, se precisa en el documento.

En otra parte se menciona como indicio que la organización criminal habría contado con un blindaje político de Fuerza Popular, a cargo de Keiko Fujimori, quien a través de Ramírez y Figari “obtenía los activos necesarios para su campaña, la cual aceptaba a cambio de blindar a la casa de estudios de ser fiscalizada ante el Congreso o ante proyectos de ley que busquen crear entidades fiscalizadoras como lo que es la actual Sunedu”.

Según la declaración testimonial de Jesús Francisco Vásquez Ybáñez, quien fue testigo de la DEA, Joaquín Ramírez le entregó US$15 millones “para ser lavados” para Fujimori Higuchi. “Por estos indicios consideramos que Reber Joaquín Ramírez Gamarra transfirió dinero maculado a su hermano Osías Ramírez Gamarra, lo cual sirvió justamente para ser transferido en su condición de candidatos del partido político Fuerza Popular”, se desarrolla en el documento.

Fuerza Popular, a través de un comunicado, aclaró que Ramírez no es afiliado ni dirigente del partido. Además, que “no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal” respecto al partido político o sus dirigentes. De otro lado, Joaquín Ramírez calificó como “abusiva” la medida de incautación ordenada por el Poder Judicial.

“Para mí, a nivel personal, es una decisión un tanto abusiva pero no he leído la orden judicial, pero estamos tranquilos porque seguimos trabajando, hay que seguir adelanto. Quien no la debe, no la teme. Tenemos un recorrido empresarial extraordinario intachable”, dijo Ramírez en Cajamarca al término de un evento en el que comentó sus primeros 100 días de gestión como alcalde.