Caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular: el nuevo allanamiento en claves

La investigación que el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato sigue contra Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) y su lideresa Keiko Fujimori tiene un nuevo capítulo. El fiscal José Domingo Pérez obtuvo autorización judicial y encabezó ayer un allanamiento, registro personal e incautación en dos inmuebles ubicados en Lima.

Como se sabe, Fujimori Higuchi cumple desde noviembre del 2018 una orden de 36 meses de prisión preventiva. La fiscalía le imputa la presunta comisión del delito de lavado de activos a través de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Asimismo, la señala como la presunta cabecilla “en la sombra” de una organización criminal paralela que se originó de facto al interior del partido con la finalidad de lavar dinero que se habría recibido de Odebrecht para la campaña del 2011.

Por la mañana del martes, Pérez dirigió la diligencia en Surco, puesto que el inmueble de Miraflores no estaba habitado. Por la tarde, personal de la policía y la fiscalía pudo acceder a este último por disposición de la propietaria. A continuación, algunos elementos para contextualizar este nuevo allanamiento.

—El antecedente—
El fiscal José Domingo Pérez explicó que este nuevo allanamiento se relaciona a otro realizado el 7 de diciembre del 2017 en dos locales de Fuerza Popular ubicados en Surco y el Cercado de Lima. Entonces, el hecho fue calificado de “atropello” y “abusivo” por Keiko Fujimori, quien también negó que su partido tenga una contabilidad paralela y que haya recibido dinero de Odebrecht.

La resolución judicial que autorizó el requerimiento del fiscal Pérez aquella vez señaló que el objetivo del allanamiento era recabar documentación contable o administrativa relacionada con la campaña electoral del 2011.

Tras conocerse la medida, hasta el local del Cercado de Lima llegaron los congresistas Luz Salgado y Héctor Becerril. Al inmueble en la calle Morochucos, donde funcionaba la oficina de Fujimori, arribaron ella; Rosa Bartra, extitular de la Comisión Lava Jato; Daniel Salaverry, quien por entonces aún permanecía en las filas fujimoristas y posteriormente el exsecretario general de la agrupación, José Chlimper.

También se vio a Carmela Paucará, secretaria de Keiko Fujimori que estuvo detenida preliminarmente por tres días en octubre pasado y a quien la fiscalía sindicó tener un papel importante en la administración de los presuntos activos ilícitos del partido. Hoy tiene comparecencia simple.

—Las razones de la medida—
De acuerdo al fiscal Pérez, durante el allanamiento de diciembre del 2017 personas vinculadas a Fuerza Popular "retiraron o sustrajeron documentación del alcance de los fiscales".

Según agregó en declaraciones a la prensa, ello evidenciaría que la investigación contra Fuerza Popular ha sido obstruida “desde el inicio” con el fin de ocultar la verdad.

Así, la medida ejecutada este martes fue autorizada en la víspera por Víctor Zúñiga Urday, juez penal del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios. Esto, refiere el documento al que accedió El Comercio, con el fin de encontrar libros y/o registros no exhibidos por Fuerza Popular, así como obtener toda documentación contable y/o administrativa relacionada a la campaña electoral del 2011.

"Hay una línea de hipótesis de que la documentación que fue sustraída del allanamiento del 7 de diciembre del 2017 de los locales de Fuerza Popular fue sustraída del alcance de los fiscales y la policía. Una hipótesis es que esta habría sido quemada o incinerada. La otra hipótesis es que, en efecto, se encuentra en alguno de estos inmuebles para los cuales hemos obtenido la orden de allanamiento”, acotó.

—Las ocupantes de los inmuebles—
¿Y quiénes viven en esos inmuebles? La orden judicial menciona que la vivienda de Miraflores es ocupada por Rocío del Carmen Pardo-Figueroa Álvarez. Sin embargo, en el frontis aparece un aviso de alquiler.

El fiscal Pérez mencionó que el inmueble habría sido desocupado el fin de semana y que, por ello, iba a solicitar autorización judicial de descerraje. Sin embargo, Pardo-Figueroa Álvarez se acercó pasadas las 10 a.m. al lugar y, en breves declaraciones a la prensa, manifestó: “Vengo a dar conocimiento de que este no es mi domicilio hace seis meses, tengo documentos. No entiendo cómo el fiscal tan libremente puede decir que me he mudado hace una semana llevándome sabe Dios qué cosas. Eso está muy mal. Mi abogado está presentando un escrito con mi nueva dirección y con los sustentos respectivos”.

Asimismo, por la tarde dirigió un oficio a la fiscalía anunciando que permitirá el registro de la vivienda. Personal policial y fiscal ingresó luego de que una persona aparentemente enviada por Pardo-Figueroa abriera la puerta del garaje. 

Pardo-Figueroa Álvarez es natural de Lima, tiene 48 años y en Reniec aún figura la vivienda de la calle Berlín, en Miraflores, como su domicilio. En su perfil público de LinkedIn consigna que desde febrero del 2018 es “coordinadora del fondo público directo en F.P.”.

En tanto, en el departamento de Surco reside Giannina Pamela Eloisa Delgado Rospigliosi, natural de Lima y de 44 años. En su perfil público de LinkedIn indica que es una “profesional con experiencia en administración, organización, ejecución, control, dirección y evaluación de eventos, proyectos sociales y empresas. Capacidad para la coordinación con todo tipo de empresas, ONG nacionales e internacionales, Gobiernos Regionales, Municipalidades, espacios de concertación y organizaciones sociales de base”.

De acuerdo a información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Delgado Rospigliosi solicitó el 22 de enero del 2019 cuatro copias certificadas del asiento 57 del archivo original del libro del partido político Fuerza Popular, pedido que fue atendido por el ente dos días después.

Asimismo, el 7 de febrero requirió una copia certificada del asiento 63 del libro de partidos políticos de Fuerza Popular (del archivo original) y 5 copias certificadas del asiento 57 del mismo documento. Su solicitud fue atendida el 19 de ese mes.

—Testimonio clave—
La resolución judicial a la que accedió este Diario da cuenta de que un elemento clave para el requerimiento fiscal fue la ampliación de la declaración de Luis Mejía Lecca, ex tesorero de Fuerza Popular, del 16 de agosto pasado.

Mejía Lecca, quien cumple actualmente prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro por los presuntos delitos de lavado de activos y obstrucción a la justicia, manifestó que parte de la documentación de la agrupación almacenada en el local de Los Morochucos 140, en Surco, fue retirada para evitar su identificación e incautación. 

Él menciona a Pardo-Figueroa y a Delgado como personal de "suma confianza" de Adriana Tarazona, quien fue tesorera suplente del partido desde julio del 2009 a octubre del 2018 y también secretaria de Actas entre el 2009 y 2012. Esta última cumple actualmente arresto domiciliario por 36 meses. 

—Las reacciones—
Desde el entorno de Fuerza Popular, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, indicó que Pardo-Figueroa Álvarez y Delgado Rospigliosi se desempeñan como asistentes contables del partido.

Manifestó que el fiscal Pérez tiene desde hace tres años la documentación contable entregada por la agrupación política y la obtenida por allanamientos a locales partidarios y a domicilios de directivos.

“Allanar e incautar los domicilios de dos jóvenes que ni siquiera han sido citadas como testigos y a las que nunca se les requirió documentación es un atropello y una injusticia más del fiscal Pérez. ¡Basta de abusos contra Keiko!”, escribió en Twitter.

Asimismo, Miguel Torres, quien se desempeñó como subsecretario general de Fuerza Popular de febrero a octubre del 2018, reconoció a este Diario que conoce a Pardo-Figueroa Álvarez y Delgado. Comentó que él estuvo en el local de Surco durante el allanamiento del 2017, pero dijo no recordar haber visto a las citadas colaboradoras. 

“No he tenido conocimiento ni he observado algún acto de esa magnitud”, refirió sobre las sospechas fiscales sobre incineración u ocultamiento de documentación de Fuerza Popular. 

En tanto, en un comunicado, el partido Fuerza Popular calificó de atropello la medida. Indicó que las involucradas nunca fueron citadas como testigos y tampoco se les solicitó documentación alguna. Añadió, además, que todos los libros y actas requeridas están en poder del Ministerio Público desde diciembre del 2017.