Un total de 17 ejecutivos de distintas empresas del país están citados al despacho del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato. Las diligencias se enmarcan en la investigación contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial del 2011, en la que perdió en segunda vuelta contra Ollanta Humala. Las diligencias se iniciaron el lunes y culminarán el miércoles 27 de noviembre.
El primero en declarar fue Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd. Su testimonio ha abierto un nuevo capítulo en la investigación, pues señaló que el conglomerado aportó US$3,6 millones para la campaña del 2011 de Fujimori, precisando que se trata de dinero lícito. El último lunes también declaró Roque Benavides, expresidente de la Confiep y presidente de la Compañía de Minas Buenaventura.
“Aportaron a una campaña en favor de la empresa privada, eso fue lo que aportó la compañía Minas Buenaventura. No aportó a ninguna campaña política, aportó $200 mil”, manifestó Benavides a su salida de la sede fiscal.
El último martes también acudió a la citación Alfredo Pérez Gubbins, gerente general de Alicorp. En un correo interno --dirigido a sus colaboradores- se expresó en la misma línea que Benavides: “...Alicorp no ha realizado contribución alguna a partidos políticos”. Agregó que, en el 2011, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) solicitó “una donación a diferentes empresas para realizar una campaña integral para promover la economía de mercado y la inversión privada, para la cual Alicorp aportó US$200.000”.
Vito Rodríguez Rodríguez, fundador del Grupo Gloria, declaró que también aportó US$200.000 en efectivo y entregó dicho monto directamente a Keiko Fujimori en un maletín, según pudo conocer El Comercio. Precisó, sin embargo, que el dinero provino de sus arcas personales.
Mientras que el miércoles, acudió al despacho fiscal José Graña Miró Quesada, quien declaró que la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) hizo un aporte de US$240 mil a la Confiep, durante la campaña electoral del 2011.
Según pudo conocer El Comercio, el empresario también manifestó que la constructora Graña y Montero entregó US$25 mil para el aporte total que Capeco hizo a la Confiep.
El jueves, el empresario José Ignacio de Romaña Letts declaró que Volcan Compañía Minera aportó a la campaña publicitaria de la Confiep durante la segunda vuelta electoral del 2011. Según señalaron fuentes de El Comercio, De Romaña indicó que la empresa entregó US$260 mil.
Ese mismo día además se tenía prevista la diligencia de toma de declaración de José Picasso Salinas, presidente del directorio de Volcan, pero esta no se realizó. La fiscalía reprogramará su asistencia.
También fueron citados:
Roberto Ramallo Aldasaro, quien ha sido directivo de PlusPetrol Norte; y Andreas von Wedemeyer Knigge, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias.
De igual forma, Gonzalo Andrade Nicoli, quien fue director de la minera Castrovirreyna; Ricardo Trovarelli Vecchio, presidente de Impala Terminals; Carlos Rodríguez Pastor, presidente de Intercorp; Mariela García Figari de Fabbri, gerente general de Ferreycorp; y Marco Antonio García Varas.
—El punto de partida—
¿Por qué el fiscal Pérez ha realizado las citaciones? El origen de este capítulo de las pesquisas contra Keiko Fujimori Higuchi se remonta al 28 de febrero del 2018.
El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, culminó los dos días de declaraciones que dio como testigo al equipo fiscal peruano, en Sao Paulo, Brasil.
Como parte del testimonio que brindó por cinco horas y veinte minutos, Barata afirmó que la constructora brasileña —que ha reconocido el pago de sobornos por distintas obras en el Perú— aportó a la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011.
Por entonces, fuentes de El Comercio señalaron que el empresario declaró que Odebrecht aportó US$1’200.000 a la campaña de Keiko Fujimori, quien actualmente cumple prisión preventiva. Según detalló, durante la primera vuelta entregó US$500.000 a Jaime Yoshiyama, jefe de campaña y parte de la plancha presidencial fujimorista, y a Augusto Bedoya Cámere, otrora secretario nacional de Economía del partido anteriormente conocido como Fuerza 2011. En segunda vuelta, les dio otros US$500.000 a ambos.
Los otros US$200.000, de acuerdo al testimonio de Barata, se entregaron a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Esto a raíz de una reunión de empresarios convocada por Ricardo Briceño, quien presidió el gremio de 2009 al 2011.
Barata precisó que la cita entre los empresarios se dio ante la posibilidad de que Ollanta Humala ganara la presidencia de la República, lo que finalmente consiguió. Asimismo, indicó que fue a la reunión en representación de Odebrecht y que tenía entendido que el dinero que la constructora entregó se usó para publicidad en medios.
“…Se dijo que la campaña de Keiko estaba sin recursos, que [Ollanta] Humala estaba creciendo bastante, y que se necesitaba ayudar a Keiko para no tener un gobierno desastroso, que sea de izquierda, y que no era el deseo de los empresarios”, reveló Barata en su declaración.
—Más descargos—
Días después de la declaración de Jorge Barata, Ricardo Briceño, investigado por el caso, explicó a qué se debía el aporte de Odebrecht en el citado contexto electoral. Señaló que la constructora sí hizo una transferencia bancaria, pero para una campaña a favor de la empresa privada que el gremio promovió por entonces.
“Yo firmo el certificado de donación. Firmo porque yo tenía los poderes. Los señores de Odebrecht, como otros empresarios, hicieron sus aportes a través de transferencias desde sus cuentas bancarias a la cuenta de Confiep. Tiene fecha del 20 de abril del 2011. Por este pago se emite un comprobante de donación”, comentó.
“Es imposible que dinero negro pueda ser contabilizado por una empresa y que la Sunat lo acepte como gasto de la empresa. Yo firmo este documento. Lo firmo el 29 de abril. […] Tenemos que deslindar claramente: Confiep no recibió dinero sucio del señor Barata ni de Odebrecht, de su caja negra, para la campaña de Keiko”, dijo por aquellos días a Canal N.
Posteriormente, en conversación con El Comercio, Ricardo Briceño insistió en que los recursos recibidos eran lícitos.
Solo un día después de la declaración de Barata, un equipo de la fiscalía de lavado de activos ingresó a la sede de la Confiep para obtener documentos relacionados a los aportes de la firma brasileña a favor de la campaña de Keiko Fujimori.
La Confiep emitió dos comunicados por esos días rechazando haber realizado aportes a candidatura alguna.
“Confiep señala que recibe aportes de las empresas asociadas a los gremios que la conforman y que en el año 2011 se recibieron diferentes donaciones, entre ellas de la empresa Odebrecht. En los documentos que ya están a disposición de la fiscalía, quedará demostrado el monto que Confiep recibió, y en qué acciones se invirtieron los aportes”, señaló el gremio.
Luis Vargas Valdivia, abogado de la Confiep, ha argumentado anteriormente que, en la citada reunión de empresarios, lo que hizo Briceño fue dar cuenta de los proyectos que había desarrollado como presidente del gremio. Uno de ellos, indicó, era una iniciativa para resaltar la importancia de la inversión privada en el modelo económico, lo que se hizo a través de spots de televisión, cuñas radiales y avisos en medios impresos.
"La reunión sí fue convocada pero para dar cuenta del resultado de esas campañas. En la conversación se acuerda seguir apoyando esta campaña [...] Esta iniciativa la tiene tanto el señor Briceño, como los demás empresarios que formaban parte de la junta directiva de Confiep en ese entonces", comentó.
Según sostuvo, dicho proyecto se inició en el 2010 y, un año después, el gremio acordó seguir con la campaña. Es ahí donde se producen donaciones de empresas, entre ellas Odebrecht, señaló.
“Estos spots fueron todos previstos, iniciados y calificados el 2010. y continuaron durante el 2011. No es que se haya establecido algún spot para beneficiar a algún partido político”, aseveró.
Este Diario intentó comunicarse con el abogado Luis Vargas Valdivia para el presente informe, pero no fue posible.