Caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular: Fiscalía allana oficinas de la Confiep

Quince minutos antes de las 9 de la mañana de ayer, el fiscal José Domingo Pérez se presentó en la oficina de la Confiep, en San Isidro, para realizar un allanamiento, en compañía de personal policial de la Diviac. El objetivo de la diligencia, según la resolución judicial, era incautar documentación contable, contratos, órdenes de pago, entre otros comprobantes, vinculados a las donaciones, recepción o entrega de dinero que realizaron los integrantes de este gremio durante las campañas políticas del 2011 y 2016.

En las conclusiones de la resolución judicial que autorizó esta medida se señala que el gremio empresarial “aparentemente estaría ocultando dicha información que es de suma importancia para la investigación”, relacionada con Fuerza Popular. El allanamiento fue autorizado por el juez Víctor Raúl Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

El equipo liderado por Pérez incautó documentación contable en físico, que fue retirada en ocho cajas. No retiraron equipos de cómputo.

Esta decisión se toma una semana después de que diversos empresarios declararan ante la fiscalía que realizaron aportes de dinero a la campaña fujimorista del 2011 y a la realizada por la Confiep en la misma época.

El presidente del grupo Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, así como Vito Rodríguez, del grupo Gloria, señalaron haber hecho aportes en efectivo a la candidatura de Keiko Fujimori. Mientras que los representantes de Alicorp, Buenaventura, Volcan, Trafigura, Capeco, Graña y Montero y Ferreycorp indicaron que lo hicieron a la campaña del gremio empresarial.

Poco después del inicio de esta diligencia, la Confiep emitió un comunicado, a través de su cuenta de Twitter, en el que calificó la diligencia como “una medida innecesaria que linda con el abuso”. La presidenta del gremio María Isabel León señaló que la decisión judicial le sorprende, pues ya habían entregado información al Ministerio Público, por lo que esperaba justicia y no excesos.

El fiscal Pérez señaló que esta diligencia ha sido realizada con una autorización judicial, por lo que no se produjo un acto arbitrario. “El comunicado que ha salido en el Twitter de la Confiep, respecto a un posible abuso de la fiscalía, lo debo negar, es falso”, afirmó.

En tanto, Roberto Pereira, abogado de la Confiep, minimizó el comunicado emitido por la mañana. “Más allá de la incomodidad natural, entendemos que es trabajo de la fiscalía y estamos mostrando plena colaboración”, afirmó.

Esta no es la primera vez que miembros del equipo especial del Caso Lava Jato ingresan a estas oficinas. El 1 de marzo del 2018, la fiscalía acudió para solicitar una exhibición de documentos relacionados con la campaña hecha por la Confiep en defensa de la empresa privada, en el 2011. El día anterior, el exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata había señalado que la constructora había aportado US$200 mil a este gremio para una campaña realizada en el contexto de la contienda electoral entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, a través del entonces presidente de este gremio Ricardo Briceño. En esa diligencia, la fiscalía recogió un comprobante de dicha donación.

Pereira afirmó que en esta oportunidad los fiscales estaban recopilando información que en la diligencia anterior había quedado pendiente. Según Pereira, dicha información contable no fue entregada en el 2018, pues no estaba a su alcance por su antigüedad. Los documentos fueron ubicados a través de una auditoría interna y habrían sido proporcionados ayer.

El abogado defensor también precisó que parte de la información recogida por la fiscalía ya había sido entregada por la defensa de Briceño. Pero la fiscalía consideró necesario realizar este allanamiento para obtener más información.

La primera diligencia en las oficinas de la Confiep fue por una medida menos gravosa que el allanamiento: el pedido de exhibición de documentos. Sobre los motivos por los cuales la fiscalía tomó una actitud diferente en esta ocasión, Pereira señaló que la fiscalía tiene la impresión de que no hay voluntad de entregar la información, pero que, de haberlo solicitado, la hubieran dado sin oponerse.

Al cierre de esta edición, el allanamiento a la oficina principal de la Confiep continuaba.