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El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso este lunes la excarcelación de Víctor Muñoz Cuba, acusado por la fiscalía por el delito de lavado de activos, como parte de las pesquisas del Caso Metro de Lima, de acuerdo a la resolución a la que pudo acceder El Comercio.
Muñoz Cuba es sobrino del también investigado exviceministro Jorge Cuba, a quien a la fiscalía ha acusado por el mismo delito en el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht a cambio de la adjudicación de la obra durante el segundo gobierno de Alan García.
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La resolución del juez Concepción de liberar a Víctor Muñoz obedece al vencimiento de la orden de prisión preventiva que se dictó en su contra. El 29 de setiembre del 2017 se ordenó 18 meses de prisión preventiva y, al finalizar el plazo, el Poder Judicial ordenó la ampliación de la medida por 12 meses, a pedido de la fiscalía.
Sin embargo, aunque dictó su excarcelación, el juez Concepción sostiene que existen los presupuestos necesarios para considerar que existe peligro de fuga y obstaculización en el caso de Víctor Muñoz. Es por eso que, al mismo tiempo, ha dictado el arresto domiciliario en su contra por 18 meses.
La resolución también ha sido notificada a la defensa técnica de Muñoz para que fije el domicilio donde cumplirá con el arresto domiciliario.
La fiscalía le imputa a Víctor Muñoz haber realizado actos de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia de dinero ilícito procedente del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que ascendió a US$1’400.000,00, en coautoría con Jorge Cuba, Mariella Huerta, Edwin Luyo, Jessica Tejada y Miguel Navarro Portugal, otros investigados por el Caso Metro de Lima. Para esto se abrieron cuentas offshore en el Principado de Andorra, Suiza, Panamá y Bahamas.
Muñoz también es investigado por el presunto lavado de activos de US$.6′700.000,00, también del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, en coautoría con Jorge Cuba.
Se debe recordar que el año pasado el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra los implicados por el caso Metro de Lima, por los delitos de corrupción y lavado de activos. Hasta la fecha, el Poder Judicial no ha podido iniciar la etapa del control de acusación, previa al juicio oral.
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