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El Poder Judicial se pronunciará este viernes sobre el pedido para que se levante la orden de 36 meses prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde y su esposa, María Isabel Carmona, investigados por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.
El juez Jorge Chávez Támariz, de la Corte Superior de Justicia Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, detalló que se pronunciará a las 3 de la tarde sobre esta solicitud.
“Me llama la atención una resolución judicial de la competencia laboral donde se discute, no necesariamente una negativa de la labor desarrollada por la empresa (de Gonzalo Monteverde) sino sobre los pagos y remuneración. Considero que esto debe ser contrastado con los documentos que alcanzó el abogado de la defensa que no obran en la carpeta fiscal”, indicó el magistrado
El fiscal Henry Amenábar, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, insistió en que habían encontrado suficientes elementos para considerar que los contratos y servicios que brindó la firma de Monteverde a Odebrecht fueron ficticios y que tenían como finalidad camuflar la entrega de dinero para que luego llegue a manos de los destinatarios finales.
El abogado de Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, José Luis Francia, negó esta versión y aseguró que todos los servicios fueron reales y que no se usaron para facilitar el pago de coimas.
El empresario Gonzalo Monteverde, considerado como un ‘doleiro peruano’ por el fiscal José Domingo Pérez, permanece en condición de prófugo desde marzo de este año, luego que se dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra, decisión que fue ratificada ese mismo mes.
El Comercio informó el martes, que Gonzalo Monteverde había solicitado el cese de su prisión preventiva.
En conversación con este Diario, José Luis Francia, abogado de Monteverde y Carmona, explicó que su pedido es porque la fiscalía ha incorporado nuevos elementos a la investigación “que hacen variar la decisión inicial” de ordenar prisión preventiva.
“Hay nuevas pruebas que acreditan que los actos que se le imputan no son lavado de activos”, manifestó.
