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El Colegiado “A” de la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la medida de prisión preventiva de 18 meses impuesta al ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio, y al empresario Gustavo Salazar Delgado, investigados en el Caso Odebrecht.
La decisión judicial está enmarcada en la investigación contra ambos implicados por presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a fin de favorecerse con la licitación pública para la construcción de la Vía de Evitamiento del Cusco.
El tribunal sustentó su resolución en las declaraciones de los colaboradores eficaces N° 03-2016, N° 06-2017, y Jorge Henrique Simoes Barata, quienes señalaron que Acurio Tito propuso a funcionarios de Odebrecht ganar la licitación a cambio del pago de US$3 millones.
El colegiado estableció que las versiones de estos colaboradores eficaces constituyen sustento para la prisión preventiva, ya que fueron corroboradas por la fiscalía con otros indicios que reforzarían la versión incriminatoria.
Entre estos indicios están los documentos que demostrarían que Acurio designó en puestos claves a personas de su confianza en el comité de licitación de la obra, así como el contrato ficticio suscrito entre las 'offshore' Klienfeld Services LTD y Wircel SA por US$ 3 millones.
Asimismo, han sido considerados los manuscritos que vinculan a Gustavo Salazar y Renato Borteletti, el funcionario de Odebrecht que suscribió el contrato en representación del Consorcio Vías Cusco, encontrados durante el allanamiento del domicilio de los imputados.
En su resolución, el tribunal remarcó que el requerimiento fiscal de prisión preventiva cumplió con los otros dos presupuestos: la prognosis de pena mayor a cuatro años de cárcel y el peligro procesal.
Jorge Acurio es investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, mientras que a Gustavo Salazar Delgado se le imputa el último de esos ilícitos.
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