Caso ‘Richard Swing’: Fiscalización pedirá al pleno ampliación de plazo para investigar

La Comisión de Fiscalización presentó el martes un informe preliminar sobre las indagaciones que realiza a las contrataciones hechas por el Ministerio de Cultura. Estas pesquisas tuvieron como punto de partida los nueve contratos entre el cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, y esta entidad por S/175.400. Este grupo solicitará al pleno del Congreso la ampliación del plazo, por 45 días calendario, para entregar sus conclusiones.

El congresista Edgar Alarcón, presidente de la comisión, dijo que desde el punto de vista administrativo el ministerio, “en base a una directiva aprobada desde el 2016, estaría distorsionando la ley de contrataciones, la forma cómo se contratan los servicios en el Ministerio de Cultura”.

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Este miércoles, volvió señalar que “se estaría vulnerando la Ley de Contrataciones, en el extremo de contrataciones menores de 8 UIT, que permite hacer contrataciones directas”.

“La Comisión de Fiscalización ha observado que en el Ministerio de Cultura hay más de S/80 millones en contrataciones menores a 8 UIT, que han estado exceptuadas de la Ley de Contrataciones. Estos, solo son entre el 2018 al 2020″, señaló Alarcón.

Agregó que al revisar los procedimientos y la forma en que se estaría contratando, “es como un caño abierto que ha permitido contratar a dedo”.

En las indagaciones de la Comisión de Fiscalización, se incluyen los procedimientos y la forma en que se contrató en este ministerio. Según Alarcón, las investigaciones apuntan a dar con las personas que tendrían “la capacidad para ordenar, exigir, coordinar para que se contraten este tipo de servicios es lo que estamos analizando para sustentarlo en el informe final”.

Ministerio de Cultura: todos los contratos han sido en el marco de la legalidad

Por su parte, Juan Antonio Silva, secretario general del Ministerio de Cultura, respondió a El Comercio que todas las operaciones realizadas por esta entidad, respecto a contrataciones menores a 8 UIT, “han sido realizadas en el marco de la legalidad” en base a lo que dispone la Ley de Contrataciones.

Además, el funcionario dijo que a fin de regular estas contrataciones –como lo establece la legislación–, por “transparencia y regulación”, a través de directivas publicadas desde el 2016 se ha previsto la forma en que se debe contratar servicios por debajo a 8 UIT.

“Hemos visto que, desde el punto de vista formal, estas operaciones tienen que haberse excluido. Las operaciones tienen que realizarse observando las directivas. No sabría decir por qué se señala algún tipo de distorsión o mala práctica. Sería bueno que se precise. No hemos recibido formalmente ningún tipo de observación”, añadió Silva.

Detalló que los S/80 millones corresponden a 2.539 contrataciones del 2018; 2.276 del 2019; y 846 del 2020, hasta junio. Algunos locadores de servicios fueron contratados más de una vez, dijo Silva.

Comentó también que la nueva directiva sobre contratos menores a 8 UIT está en proceso de elaboración, y por ahora se basan en la que se encuentra vigente desde el 2019.

Citaciones e investigación

Alarcón adelantó que la comisión citará a 12 personas, entre ellas a Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, así como a Richard Cisneros y al propio presidente Martín Vizcarra.

Además, el preinforme ha propuesto que Mirian Morales y Jorge Apoloni, exsecretario general del Ministerio de Cultura; pasen a la condición de invitados a investigados. En la siguiente sesión de la Comisión de Fiscalización se votará sobre esta disposición.

Al pasar a esta condición, el grupo parlamentario tiene la posibilidad de solicitar a un juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones y tributario de los implicados. Como se sabe, Richard Cisneros ya estaba bajo esta calidad. Asimismo, dijo que están tramitando el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Cisneros.

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