¿Por qué investiga la fiscal de la Nación a cuatro congresistas y un ministro?

A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a cargo del fiscal supremo adjunto Luzgardo Ramiro González, se abrió una investigación preliminar contra el ministro de Vivienda y Construcción, Carlos Bruce y los congresistas de la República, Marvin Palma, Javier Velásquez Quesquén, César Vásquez y Clemente Flores, por el caso Los Temerarios del Crimen.

La investigación, por presunto delito de corrupción, está vinculada a la organización criminal que tenía como cabecilla al hoy detenido ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien promovía la obtención de proyectos estatales a cambio de la entrega de sobornos.

Para ello, Chinguel contaba con todo un aparato de empresarios y funcionarios públicos que ayudaban a sus fines en el norte del país. Este ámbito de la investigación está a cargo del fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco.

Sin embargo, según las investigaciones del Ministerio Público, para desarrollar sus actividades criminales Cornejo Chinguel habría contado también con el apoyo de los congresistas de la República antes mencionados.

Es por ello que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación contra el ministro y los cuatro congresistas que han sido mencionados por los integrantes de la organización criminal de Chinguel.

Ávalos, a través de la Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, tomó el caso al tratarse de personas que actualmente se desempeñan en cargos considerados como "altos funcionarios" y que, según la Constitución, poseen un antejuicio político.

"Resulta necesario llevar a cabo determinadas diligencias preliminares a fin de recabar indicios razonables que resulten suficientes para una mejor calificación de los hechos, por lo que corresponde abrir una investigación preliminar", sostienen las cinco disposiciones suscritas por Ávalos Rivera, a las que accedió El Comercio.

Las pesquisas se realizarán por un espacio de 60 días con la finalidad de llevar a cabo diversos actos de investigación e interrogar a los cinco altos funcionarios.

Cabe resaltar que el congresista por Fuerza Popular, Héctor Becerril, quien también ha sido vinculado a este caso, no ha sido incluido en esta carpeta fiscal porque la fiscalía dispuso adjuntar su imputación en otra investigación: la que le sigue por el presunto delito de cohecho pasivo por haber solicitado a la empresaria Mirtha Gonzáles Yep acabados de lujo para su casa en Trujillo, como presunta coima para interceder a favor de ella en una licitación.

A continuación los delitos y hechos imputados a cada uno de ellos. 

Carlos Bruce (ministro de Vivienda)

Investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

Según la Fiscalía de la Nación (FN), cuando se desempeñaba como ministro de Vivienda en el 2017, habría gestionado el traspaso de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua y Desagüe del Pueblo Joven Santa Rosa y la Urbanización San Lorenzo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, hacia el Programa Nacional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Este terminó favoreciendo con la buena pro al Consorcio Saneamiento Santa Rosa-Proyectos y Construcciones Oriental E.I.R.L y a Agusti y Masoliver S.A sucursal Perú.

Para ello "habría coordinado con el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo, a quien realizó diversas llamadas, a través de la coordinadora de su despacho Susana Esther Culqui Pucaya”, se sostiene en el documento fiscal.

Javier Velásquez Quesquén (Congresista del Apra)

La fiscalía lo investigará por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias.

En su caso, la FN sostiene que Javier Velásquez Quesquén habría realizado coordinaciones con la finalidad de gestionar mayor presupuesto para la Municipalidad de Chiclayo a cargo David Cornejo. Para ello, se habría contactado con la vicepresidenta Mercedes Araoz, la congresista por Fuerza Popular, Cecilia Chacón y el ex jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgard Quispe.

También que habría intervenido para que Cornejo se reúna con el ex contralor Edgar Alarcón, a quien se le investigar por presuntamente haber recibido S/30 mil en el 2016 para que desbloquee las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo.

Velásquez habría pedido al ex alcalde Chinguel entregar un certificado de funcionamiento a los dueños de la discoteca Premium y favorecer con la buena pro al empresario Ángel Nureña.

Clemente Flores Vílchez (Peruanos por el Kambio-PpK)

La Fiscalía lo investigará por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias.

Se le imputa haber coordinado con el ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para que gestione obras para su comuna. A cambio, el entonces burgomaestre le entregaría el 5% del valor de cada una de ellas. Además, haber gestionado que dos empresarios vinculados a Cornejo entreguen S/120 mil a la campaña electoral municipal y regional de PpK del 2018, en Lambayeque.

Finalmente, a través de su asistente Américo Sánchez, habría recibido en octubre de 2017 la suma de S/145 mil por presuntamente haber gestionado presupuesto para favorecer a obras en Cajamarca.

Marvin Palma Mendoza (Cambio 21)

La fiscalía lo investigará por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y los que resulten de las pesquisas.

En su caso, fue involucrado por presuntamente haber solicitado al ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo, ser beneficiado con la ejecución de obras a cambio de interceder ante el ex contralor general Edgar Alarcón, para que levante el desbloqueo de las cuentas bancarias del municipio chiclayano.

César Vásquez Sánchez (Alianza por el Progreso)

La fiscalía lo investigará por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias.

Según la disposición fiscal, en el año 2016 habría solicitado al investigado Juan Noé Cornejo Chinguel que interceda ante el secretario técnico de procesos administrativos de la Municipalidad de Chiclayo, Marco Antonio Medina Villena.

Lo anterior, para que favorezca al empresario de Cajamarca José Campos con la buena pro de la obra Pavimentación y Veredas del pueblo joven Elías Aguirre y quien, posteriormente, habría entregado S/40 mil a Cornejo Chinguel por la recomendación.

El parlamentario, sostiene la fiscalía, también pudo haberse favorecido económicamente por su intervención.

(*Por error se consignó el nombre de la congresista, Marisol Espinoza, quien no es mencionada en la denuncia contra los congresistas)