El caso del Tribunal Constitucional va camino al pleno

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe final del Caso El Frontón donde se pide la destitución e inhabilitación por 10 años del magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, así como la suspensión de sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda.

El informe, elaborado por el fujimorista César Segura, acusa a los mencionados magistrados de haber modificado el sentido de un voto de la sentencia del Caso El Frontón, del 14 de junio del 2013, la cual tiene calidad de cosa juzgada.

La decisión se aprobó con los votos de los ocho miembros de Fuerza Popular y del aprista Javier Velásquez Quesquén. Ellos se impusieron al bloque que votó en contra: Peruanos por el Kambio (2), Alianza para el Progreso (1) y el Frente Amplio (1). Las acusaciones contra los cuatro magistrados se votaron por separado, pero en todas se dio la misma correlación de fuerzas.

En el debate se descartó el extremo del informe final donde se recomendaba acusar por el delito de prevaricato a Espinosa-Saldaña, quien fue el ponente del fallo con el que se cambió el sentido del voto del magistrado Juan Vergara en el citado caso.

Antes de llegar al pleno del Congreso, el informe final debe pasar por la Comisión Permanente, donde puede ratificarse la acusación constitucional o archivarse. De proceder con la acusación, la Permanente nombrará una subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe en el pleno. Y debido a que se trata de una infracción constitucional, se requieren 69 votos como mínimo.

César Segura, autor del informe final, especificó que la suspensión de los magistrados Ledesma, Ramos y Miranda se hará efectiva durante el período de receso del Tribunal Constitucional. El informe original solo proponía una “exhortación” para el magistrado Miranda, pero el fujimorista Héctor Becerril propuso incluirlo dentro de los suspendidos.

El aprista Javier Velásquez Quesquén propuso que se sancione con la destitución a los cuatro magistrados, pero esto fue rechazado.
En tanto, el legislador del Frente Amplio Marco Arana habló de un “golpe a la institucionalidad” por parte del Apra y el fujimorismo. El oficialista Gino Costa y la apepista Marisol Espinoza advirtieron que se estaría violando la Constitución al sancionar a los magistrados por emitir su voto.

El aprista Mauricio Mulder explicó que la sanción consiste en cambiar el sentido de un voto. “Esperaron que Vergara no esté en condiciones de salud para cometer la felonía”, manifestó.

El principal implicado, Eloy Espinosa-Saldaña, calificó de grave la sanción en su contra. “Si un fiscal o un magistrado del TC ve un caso y dice algo que no le gusta a la mayoría parlamentaria, es pasible de una denuncia constitucional”, indicó.