Casos cruciales en manos del Tribunal Constitucional

Caso Humala-Heredia
Recurso para seguir proceso en libertad

El Tribunal Constitucional ha dejado al voto el hábeas corpus que interpusieron el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para revocar el mandato de 18 meses de prisión preventiva que cumplen.

La semana pasada los abogados de la pareja, César Nakazaki y Alberto Otárola, expusieron sus alegatos y argumentaron que no había peligro procesal para dictar la medida de prisión. Los esposos cumplirán ocho meses de prisión el 13 de marzo.

La decisión del colegiado se conocerá luego de que el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata reiterara ante los fiscales peruanos de lavado de activos que entregó US$3 millones para la campaña presidencial de Humala del 2011.

—Invocación o anulación—
Para el constitucionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú César Landa, de acuerdo con su jurisprudencia, el TC podría emitir una resolución en la que invoque a la fiscalía a que, de manera urgente, formalice su acusación, a fin de que se defina la situación jurídica del ex presidente y su esposa. “Eso sería lo razonable”, indicó.

Para el constitucionalista Samuel Abad, el TC podría anular el mandato de prisión preventiva, disponer que el juez vuelva a resolver y, mientras eso ocurre, la pareja tendría que dejar la prisión. Agregó que el colegiado podría resolver que la prisión preventiva no es proporcional ni está debidamente motivada, y considerar que es una medida excepcional y no una regla.

Este Diario pudo conocer que el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña pidió inhibirse de esta causa, pero el pleno del TC rechazó su solicitud.

Caso bancada mixta
Buscan formar nuevas bancadas

En febrero el TC admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la llamada ley de bancada mixta, que en la práctica impide formar nuevos grupos legislativos a los disidentes y expulsados de sus bancadas de origen. El recurso fue presentado por Yonhy Lescano (AP) con el respaldo de 42 firmas. El colegiado está a la espera de que el Congreso conteste la demanda para poder fijar la fecha de la vista de la causa.

De ser declarada fundada la demanda, por ejemplo, el bloque de congresistas que respalda a Kenji Fujimori podría constituir su propio grupo parlamentario y presidir algunas comisiones en el Congreso.

El texto cuestionado plantea que los legisladores que hayan renunciado o hayan sido expulsados deben elegir entre volver a sus grupos originales, unirse a otro o integrar la llamada bancada mixta para no agrupados. El Congreso tiene actualmente 18 parlamentarios no agrupados.

—Legitimidad y nueva composición—
Para César Landa, el TC tendrá que examinar su anterior sentencia, que derogó parte de la llamada ley antitránsfugas, porque consideraba que vulneraba los derechos “a la libertad de conciencia y a la participación política”. Ahora deberá determinar si la ley de bancada mixta es razonable y legítima.

Samuel Abad recordó que la conformación del tribunal es distinta a la que emitió la resolución anterior. Además, anotó que para declarar una inconstitucionalidad se requieren cinco votos en el mismo sentido. Abad indicó que la vez anterior uno de los que resolvió fue Óscar Urviola, pero en su lugar ha entrado Augusto Ferrero Costa.

“La formación del TC es clave, una persona determina el sentido de una resolución”, añadió el jurista.

Caso Alberto Fujimori
Solicitan anular sentencia

Antes de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori , su hija y ex candidata presidencial Keiko Fujimori había presentado un nuevo hábeas corpus ante el TC buscando la libertad de su padre.

El recurso fue interpuesto contra la sentencia de 25 años de prisión que dictó la Sala Penal Especial, que presidió en su momento el juez César San Martín, y contra el fallo de la Primera Sala Penal Transitoria que declaró fundado el anterior.

En el documento presentado por la presidenta de Fuerza Popular se afirma que se han vulnerado los derechos constitucionales de su padre en lo referente al debido proceso.

Además, que se habría afectado el principio de imputación necesaria formado por el principio de legalidad, derecho a la defensa, a la prueba y a la presunción de inocencia.

También argumenta que se habría vulnerado “el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de interdicción de la arbitrariedad”. Está pendiente que el TC se pronuncie sobre el caso.

—Antecedentes de improcedencia—
Para César Landa, de acuerdo con el Código Procesal Penal, por la figura de sustracción de la materia [Fujimori ya está libre] el TC no se tendría que pronunciar. Agregó que corresponde declarar improcedente el hábeas corpus.

Samuel Abad precisó que el recurso presentado por Keiko Fujimori cuestiona la sentencia de condena y esta no ha sido anulada por el indulto humanitario.

El abogado recordó que el TC ya declaró improcedentes anteriores hábeas corpus que buscaban anular la sentencia a Alberto Fujimori y que el colegiado resolvió que esta fue respetuosa del debido proceso.

Caso de militares y policías
Nivelación de pensiones

El Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30683, que nivela las pensiones de militares y policías con los sueldos de los agentes en actividad, y argumenta que esta reactiva la denominada cédula viva.

El Gobierno cumplió con reglamentar la ley, que se encuentra vigente luego de que el Parlamento la aprobara por insistencia, pero al mismo tiempo espera que el TC la declare inconstitucional y la deje sin efecto.
Luis Huerta Guerrero, procurador del Ministerio de Justicia, señala que la norma viola de manera flagrante la Carta Magna pues esta prohíbe la nivelación de las pensiones y dispone que toda reforma sobre esa materia debe estar basada en los principios de sostenibilidad financiera en el tiempo.

Igualmente, dijo que vulnera el artículo 79 de la Constitución, que establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.

“La parte de la ley que a cualquier ministro de Economía obviamente le preocupa y tiene que actuar de acuerdo a eso es la reactivación de la cédula viva y la iniciativa de gasto del Congreso; son dos temas que no son constitucionales”, ha advertido la ministra de Economía, Claudia Cooper.

El constitucionalista Samuel Abad también consideró que esta norma es inconstitucional porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto y porque “el régimen de pensiones nivelables se cerró con una reforma de la Constitución”.

La Comisión de Defensa del Congreso ha pedido que los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña se abstengan de intervenir porque están siendo sometidos a un procedimiento de acusación constitucional por el mismo Parlamento.

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