Cesan a 1.076 subprefectos de Pedro Castillo, incluidos 11 firmantes del Movadef: gastos y otros cuestionamientos

Con estas últimas remociones, se concluyó con las designaciones de 1.619 personas que accedieron a las prefecturas regionales (26), y subprefecturas provinciales (188) y distritales (1.405, incluyendo las efectuadas el martes).

Estas autoridades políticas, que representaban al Ejecutivo en las jurisdicciones que eran de su competencia, tras haber sido cesadas deberán presentar sus respectivas declaraciones juradas de bienes y rentas, así como de intereses.

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Durante el gobierno del expresidente Castillo, estos cargos habían sido utilizados para que personas allegadas a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el grupo más radical del magisterio, ingresen a la función pública. Este sindicato fue fundado por Castillo y derivó del Conare-Sutep.

Además, durante el año y medio que duró la gestión del exmandatario, se eligió a adherentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización fachada de Sendero Luminoso, para ocupar estas posiciones de confianza.

En total, al menos 20 personas que firmaron los planillones de este movimiento habían sido designadas por el gobierno de Castillo en prefecturas y subprefecturas. De ellos, el Mininter dispuso ayer el cese de 11.

Ellos son Shirley Paola Huamán Fabián (Paccha, Junín), Teófilo Cisneros Infante (Ocros, Ayacucho), Segundo Juan Montoya Oliva (Molinopampa, Amazonas), Justo Abraham Oscco Barrientos (Pacapausa, Ayacucho), Lily Cecilia Espíritu Ramírez (Catac, Áncash), Madaleyne Graciela Alata Fernández (Llamellin, Áncash), Irineo Lucio Meza Marcos (San Marcos, Áncash), Justo Jihuallanca Huanca (Nicasio, Puno), Alfredo Luis Paredes (Chacayan, Pasco), Aurio Sánchez Honorio (Cholón, Huánuco) y Mariluz Salinas Salva (Ancón, Lima).

Este grupo se suma a otros seis subprefectos distritales y provinciales de Ayacucho, Lima y Puno que fueron también adherentes del Movadef y el gobierno concluyó con sus designaciones entre el 16 y 25 de diciembre.

Entre el grupo de prefectos regionales también vinculados a este grupo fachada, que fueron cesados el 14 de diciembre, se identificó a Eliseo Huamaní Curihuaman (Apurímac); Manuela Elizabeth Méndez Rojas (Áncash) y Jacqueline Marisol Encinas Copa (Tacna).

En total, son 1.635 los prefectos y subprefectos del país incluidos en la planilla de pagos, de acuerdo con consultas hechas en el portal de Transparencia del Mininter. En noviembre, se destinaron S/ 4′851.694,71 para el pago de sueldos de estas autoridades políticas.

Estas remuneraciones mensuales oscilan entre S/2.900 y S/3.500. El 2022, el gobierno ha gastado S/53,9 millones en estas autoridades políticas del presupuesto anual modificado que asciende a S/63,4 millones. El 2021, se ejecutó S/62,6 millones por este mismo concepto.

El 7 de noviembre, la Comisión de Descentralización, presidida por Diana Gonzales (Avanza País), aprobó un dictamen que plantea eliminar los cargos de prefectos y subprefectos, así como reasignar estas funciones a otras instancias del Mininter. La iniciativa fue aprobada por mayoría, con la oposición de congresistas del Bloque Magisterial, Perú Libre, Perú Democrático e Integridad y Desarrollo.

La propuesta plantea que mantener estas autoridades políticas “no resulta necesario ni consecuente con la estructura de Estado descentralizado”. El dictamen sigue pendiente de ser debatido y votado en el pleno del Congreso.

La legislación actual establece que los prefectos y subprefectos son autoridades políticas que contribuyen “al orden público, gobernabilidad y la paz social”, además de ser considerados funcionarios de confianza que están supeditadas a la Dirección General de Gobierno Interior, que se encarga de dirigir y supervisar su actividad.

Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, dijo a ayer que recomendarán que no se eliminen los cargos de prefectos y subprefectos “porque son articuladores de las bases, que son los tenientes gobernadores. Si desaparecen vamos a tener serios problemas en estas protestas que se tienen”.

Rechazó que su partido haya buscado cuotas en estos cargos. Esto pese a que 672 personas que son militantes de Perú Libre accedieron a estas designaciones. “Quizás por eso Pedro Castillo no necesitó de Perú Libre, porque ahí tenía un partido político prácticamente. […] Quizás algunos eran militantes de Perú Libre, pero no fueron designados por Perú Libre”, dijo a la prensa.

De otro lado, el congresista Diego Bazán (Avanza País) comentó que haber removido a los prefectos y subprefectos ha sido “acertado” y que ahora “corresponde nombrar a los mejores ciudadanos de cada ciudad en su localidad. Que sean los mejores los que asuman estas responsabilidades”.

El primer ministro, Alberto Otárola, anunció el último lunes que se nombrará en estas posiciones “a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político y de clara vocación democrática”.