Carlos Neyra
Martín León Espinosa
Como pasó con la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que surgió a raíz de una indagación por actos de corrupción vinculados al narcotráfico en la corte del Callao, la pesquisa al ex primer ministro César Villanueva por tráfico de influencias se originó por un caso similar, pero en la corte de Lima norte.
En noviembre del 2018, la fiscal provincial de crimen organizado Katherine Cáceres Jacobsen abrió una investigación a un grupo de abogados y asistentes judiciales que coordinaba la emisión de resoluciones para favorecer a procesados por narcotráfico. Esto sucedía en la dependencia judicial de Lima norte, en Independencia, donde también se ubica la sede del Ministerio Público. Al caso se le denominó Los Camaradas.
Según fuentes de El Comercio, entre las interceptaciones telefónicas legales, hubo una comunicación, del 18 de julio de este año, en la que intervino el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado, de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte.
Como la fiscal Cáceres no tenía competencia para investigar a un magistrado superior como Rossel, decidió elevar un informe al fiscal supremo de delitos de corrupción de funcionarios, Jesús Fernández Alarcón.
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Así, el 18 de agosto el fiscal Fernández abrió una investigación a Rossel que se denominó Lima Norte. Entre sus primeras disposiciones, solicitó a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional que realizara un seguimiento a Rossel. Asimismo, Fernández logró que el Poder Judicial autorizara el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Rossel y otros investigados por el caso.
Uno de los principales hechos que llamaron la atención a los agentes de la Diviac, por las interceptaciones, fue el interés de Rossel en obtener documentos de la contraloría sobre la construcción de la carretera San José de Sisa. En julio, este Diario informó sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto realizaba por la adjudicación de la vía a Odebrecht durante la gestión de César Villanueva como presidente regional de San Martín. En agosto, esta indagación fue asumida por el equipo especial Lava Jato.
Las fuentes de este Diario indicaron que mientras se realizaban las interceptaciones telefónicas a Rossel, este empezó a hacer coordinaciones telefónicas y a reunirse con el empresario José María Santisteban, amigo de Villanueva, quien hablaba de un “señor”. En ese momento, entre agosto y setiembre, aún no se identificaba a Villanueva.
—Las reuniones—
Pero el 3 de octubre, pasadas las 7 p.m., Rossel y Santisteban llegaron a la vivienda de César Villanueva en Magdalena. De acuerdo a las fuentes, esta reunión, que duró más de cinco horas, se dio minutos después de que El Comercio informara que el exejecutivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli ratificó al equipo especial que la empresa entregó dinero a Villanueva para adjudicarse la construcción de la carretera San José de Sisa. Según la investigación, Rossel realizaba una “defensa legal fáctica” de Villanueva.
Además, fuentes de la fiscalía informaron a este Diario que las coordinaciones de Villanueva se intensificaron los primeros días de octubre. El 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso.
En octubre, los agentes de la Diviac registraron diferentes reuniones. Por ejemplo, el 11 de ese mes Rossel, el fiscal Ronald Chafloque –también detenido por la investigación– y el fiscal adjunto Alexander Taboada, en ese momento parte del despacho del equipo especial que investigaba el Caso San José de Sisa, se encontraron en un café del Centro de Lima.
Dos días después, el 13 de octubre, Rossel, Santisteban y Chafloque estuvieron en la vivienda de Villanueva. Al día siguiente, Rossel, Santisteban y Villanueva se reunieron otra vez, pero en público, cerca de la clínica Internacional del Cercado de Lima.
En las semanas posteriores, el seguimiento a los implicados continuó hasta que el último martes Villanueva, Rossel y Santisteban fueron detenidos en un restaurante de Los Olivos.