Cinco congresistas fueron acusados en los últimos 11 años

Existe la posibilidad de que se apruebe una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la que, eventualmente, podría llevar a su destitución. En igual riesgo están cuatro miembros del Tribunal Constitucional, cuya suerte está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que deberá pronunciarse en los próximos días.

Sus casos son parte de las más de 150 denuncias constitucionales que se han interpuesto contra altos funcionarios ante dicho grupo de trabajo en los primeros 15 meses del actual Congreso de la República.

La cifra es elevada, pero vale preguntarse cuántas de esas denuncias podrían llegar, efectivamente, a escalar a acusaciones constitucionales y, de estas, cuántas tendrían posibilidad de ser aprobadas por el pleno del Parlamento.

Si revisamos los dos anteriores períodos parlamentarios, veremos que también hubo un gran número de denuncias –638 para ser exactos–, pero al final el pleno solo aprobó acusaciones constitucionales contra cinco congresistas.

En el período 2006-2011, durante el segundo gobierno aprista, se formularon 248 denuncias constitucionales, de las cuales solo seis llegaron como propuestas de acusaciones constitucionales ante el pleno, el cual aprobó cuatro.

Los sancionados fueron los entonces congresistas José Anaya (Unión por el Perú), Elsa Canchaya (Unidad Nacional), Tula Benites (Apra) y Gustavo Espinoza (no agrupado).

En los casos de los ex legisladores Margarita Sucari (Unión por el Perú) y Ricardo Pando (fujimorismo), no se consiguieron los votos necesarios para aprobar las acusaciones constitucionales formuladas en su contra.

En el siguiente Congreso, correspondiente al período 2011-2016, cuando gobernaba Ollanta Humala, las denuncias aumentaron hasta 390, pero solo tres acusaciones constitucionales, todas ellas referidas al ex congresista de Solidaridad Nacional Michael Urtecho, fueron aprobadas en el pleno.

En lo que va del actual Parlamento (hasta el 20 de noviembre) han llegado 153 denuncias a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Liliana Takayama (Fuerza Popular).
De ellas, 68 ya fueron declaradas improcedentes y archivadas. Hay una que tiene una propuesta de acusación constitucional que ha sido aprobada en la Comisión Permanente. Está referida al desaforado ex congresista Alejandro Yovera. Aún no llega al pleno.

Javier Velásquez Quesquén (Apra), miembro de la subcomisión, señala que la acusación constitucional es un procedimiento muy excepcional.

“Tiene que ser realmente por infracción constitucional o por delito de función; por eso casi todas las denuncias se archivan”, explicó.

Velásquez Quesquén indicó, además, que tiene la garantía de pasar por tres instancias (subcomisión, Comisión Permanente y pleno), y que para su aprobación en el pleno se requieren dos tercios de los votos sin participación de la Comisión Permanente.

“Hay mucho control, por eso se han dado muy pocos casos”, manifestó el legislador aprista.

MÁS EN POLÍTICA...