Cinco proyectos del Congreso que generan suspicacias [INFORME]

El jueves pasado, en su primera sesión tras el receso parlamentario, el pleno del Congreso de la República aprobó cambiar las reglas de la moción de censura y cuestión de confianza. Una norma que ha sido calificada como inconstitucional por diversos especialistas. 

Este Diario detectó otros cinco proyectos con críticas similares. Son iniciativas que podrían exonerarse del trámite de dictamen y prepublicación en la Junta de Portavoces convocada para hoy a las 8:45 a.m. y que podrían ser incluidos en la agenda del pleno que se realizará minutos después.

1) Proyecto que excluye a los 25 mil servidores jurisdiccionales y administrativos del servicio de justicia de los alcances de la Ley del Servicio Civil
Autora: Alejandra Aramayo (Fuerza Popular)
Estado: Insistencia de la Comisión de Trabajo para verse en el pleno

Este proyecto fue aprobado en el pleno –y exonerado de segunda votación– en enero pasado. Luego fue observado por el Ejecutivo. El martes, la Comisión de Trabajo decidió omitir las observaciones y dictaminó la insistencia. La iniciativa plantea excluir a los trabajadores del Poder Judicial de la Ley Servir.

El especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi calificó el proyecto de inconstitucional. Señaló que no se está respetando el principio de igualdad de la Ley Servir. “El Tribunal Constitucional emitió un fallo en el 2016 en contra de la exclusión del Congreso, la SBS y el BCR de la Ley Servir. Con esta nueva exclusión, están creando islas en el Estado perjudicando la meritocracia”, afirmó.

La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Ana María Aranda, también se pronunció en contra de esta norma. Advirtió que su dependencia no podría ejercer su rol sancionador a los servidores.

2) Proyecto que modifica la Ley de Presupuesto 2018 para garantizar proyectos de inversión en universidades públicas y gobiernos regionales
Autor: Mártires Lizana (Fuerza Popular)
Estado: en la Comisión de Presupuesto

Este proyecto propone utilizar los recursos no gastados del presupuesto del 2017. Sin embargo, aquellos recursos “no utilizados” (S/18 mil millones) fueron considerados para elaborar el presupuesto del 2018.

“Es decir, esos recursos ya tienen un fin establecido. Estamos en marzo [del] 2018. ¿Con qué razón querrían hacer esta modificación si el Congreso no tiene capacidad de ejecución?”, cuestionó José Ignacio Beteta, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto.

“Hay dos opciones: o quien lo propone quiere endeudar más al Estado –ya en el límite– o no sabe un mínimo acerca de cómo se elabora el presupuesto del país”, comentó el especialista.

3) Proyecto para regularizar la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar-Policial
Autor: Javier Velásquez Quesquén (Apra)
Estado: insistencia de la Comisión de Defensa para verse en el pleno

Este proyecto también fue aprobado en un pleno de enero pasado, exonerado de segunda votación y luego observado por el Ejecutivo.
En sus observaciones, el Ejecutivo señala que la norma contraviene el artículo 12 de la Constitución, el cual dispone que “los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles”.

La iniciativa propone una transferencia de recursos de la ONP hacia alguna AFP. “El detalle es que la ONP está típicamente descalzada presupuestalmente, ya que mantiene un déficit de aproximadamente S/5.000 millones. Eso implicaría que el tesoro tendrá que asumir esta carga para poder pagar las cuentas de aquellos oficiales”, explicó Beteta, de Contribuyentes por Respeto.

4) Proyecto que amplía el plazo de acogimiento de las solicitudes al Programa de Reestructuración Agraria
Autor: Javier Velásquez Quesquén (Apra)
Estado: dictamen favorable de la Comisión Agraria

La iniciativa propone que el Estado asuma deudas de particulares (capital, moras, intereses, etc.) frente a entidades financieras privadas de empresarios agrícolas afectados por El Niño costero.
Para el abogado Alejandro Rospigliosi, este proyecto también es inconstitucional.

“Los cinco proyectos revisados tienen una característica en común, que es el impacto fiscal. El Congreso no puede generar gastos públicos”, indicó en referencia a todas las iniciativas.

5) Proyecto sobre la eliminación del régimen CAS
Autor: varios
Estado: dictamen favorable de la Comisión de Trabajo

Este dictamen recoge iniciativas de siete congresistas y plantea restringir el CAS para incrementar las planillas de los regímenes 728 y 276.

José Ignacio Beteta sostiene que el CAS es criticable, pero que esta ley no es la solución. “Se pretende imponer poco a poco al Estado un régimen de contratación laboral con grandes sobrecostos y que, además, no incentiva la mejora de las capacidades de los trabajadores. Se debe restringir el CAS, pero no alimentar la planilla del 728 o del 276”, señaló.

Rospigliosi, por su parte, puso como ejemplo el caso de los trabajadores CAS de Essalud que pasaron a planilla. “[Este] ha generado un impacto presupuestal muy fuerte y hasta hoy el Gobierno no logra completarlo por el impacto que genera. [...] Las muestras de demagogia pura que están viniendo desde el Congreso son graves”, afirmó.

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