Cinco voces para cinco preguntas claves a Martín Vizcarra

Cinco Expertos analizan los desafíos del presidente Martín Vizcarra en áreas claves: salud, pobreza, educación, corrupción y lucha contra la violencia hacia la mujer

Jaime Saavedra responde por la educación desde el Banco Mundial, Richard Webb piensa en los pobres del Perú, Ana Jara vuelca su experiencia como ministra de la Mujer, Janice Seinfeld analiza el sector salud y Ricardo Valdés actualiza el problema de la inseguridad en plena crisis del sistema de justicia.

¿Cómo reducir la pobreza con crisis institucional, programas sociales y una tasa de crecimiento proyectada en 4%?
Responde: Richard Webb, economista
​El estrato muy pobre sigue dependiendo principalmente de la pequeña agricultura, que en la costa crece con obreros contratados, pero la mayor parte es el minifundio de la sierra, alejado y desconectado.

La gran apuesta es la que se ha hecho en los últimos 15 años: la conexión. Se da por tierra, con los caminos, pero también se da la fantástica conexión telefónica y de Internet. Las dos implican gran inversión en infraestructura. En el caso de los pequeños caminos, sigue siendo una apuesta mayormente de gobiernos descentralizados. El Gobierno Central invierte solo en caminos de visibilidad política que justifican su atención. Son los gobiernos regionales e incluso los locales los que han estado invirtiendo en caminitos; no solo en su construcción, sino en su mantenimiento, que cuesta igual o más. Si no, no duran ni cinco años. Aunque muchos no lo ven, hay un Estado mejorado que tiene que ver con esto y explica la reducción de la pobreza en los últimos 15 años.

Hay que seguir con todo esto, más que con el crédito agrícola anunciado. El gobierno no tiene capacidad para enseñar prácticas mejoradas, eso lo hace el mercado con la conexión, la comunicación y el aprendizaje de lo que se hace en el mundo; ello incide en la productividad. La informalidad poco tiene que ver con esto. Los programas sociales ayudan, y hay que continuar con ellos, pero están llegando a su límite presupuestal.

¿Cómo convertir la lucha contra la violencia hacia la mujer en una eficaz y transversal política de Estado?
Responde: Ana Jara, ex primera ministra y ex ministra de la Mujer

El macabro feminicidio de Eyvi Ágreda marcó un punto de inflexión, que motivó la aprobación de la política general de Gobierno al 2021 que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, y la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a la violencia. La aprobación de leyes que podrían tener un efecto disuasivo no ha reducido los niveles de violencia, pues se requieren también políticas preventivas, en materia educativa y en algo en lo que no hemos reparado: una política pospenitenciaria, ya que, en los dos años siguientes, alrededor de 2.000 reos por delitos sexuales saldrán libres y no existe una política que garantice (algunos retornarán al barrio de donde provienen) que no vuelvan a delinquir.

El tema educativo es medular, imperativo. El enfoque de género, tan satanizado, es la herramienta estratégica para acabar con la discriminación. Finalmente, las políticas de Estado requieren presupuesto y no vemos materializada la voluntad de la gestión de Vizcarra. Se hacen anuncios aislados como asignar 20 millones adicionales al MIMP para implementar más centros de emergencia mujer, pero el tema es transversal. Que apliquen el criterio de presupuesto por resultados. Ya los planes vigentes fijan metas, estableciendo la obligatoriedad de dar cuenta de sus avances al Congreso, para lo que acuden la PCM y la ministra de la Mujer. Si no se aplica esto, todo lo que se anuncie será lírica.

¿Cómo avanzar hacia las metas de educación, a pesar de las resistencias de sectores del magisterio y de los padres de familia?
Responde: Jaime Saavedra, director de Prácticas Mundiales de Educación en el Banco Mundial

No existe reforma efectiva sin resistencia. (“Si los perros ladran, Sancho, es señal de que cabalgamos”* aplica a toda reforma). Pero el acuerdo y participación de los maestros es imprescindible, ya que la calidad del sistema educativo se mide por la calidad, dedicación y compromiso de ellos. Los buenos maestros interiorizan que son responsables de dar a sus estudiantes conocimientos y actitudes indispensables para la vida e inculcarles que tienen que explotar su potencial al máximo. Quien quiera tener ese rol y no entienda esto no debe ser maestro. Y, por otro lado, la sociedad debe reconocer y valorar esa inmensa responsabilidad. Ese es el contrato entre la sociedad y el maestro en el cual se debe avanzar.

Los padres de familia son los responsables de educar y formar a sus hijos como ciudadanos que reconocen sus deberes y derechos, y su rol en la construcción de una sociedad democrática y con oportunidades para todos. Pero la escuela es un gran complemento para reforzar esos valores, y en muchos casos en los que esa guía en el hogar no existe, la escuela juega un rol aun más importante.

*Saavedra precisa que el origen de la frase no está en la obra de Cervantes, como muchos creen. Al parecer, proviene de un proverbio antiguo y de un verso de Goethe. Rubén Darío, entre otros, popularizaron una variante asociada al Quijote y a su fiel escudero.

¿Cómo mejorar la calidad de la atención en salud sin abandonar el afán de la cobertura universal?
Responde: Janice Seinfeld, economista de la salud

El sistema debe estar centrado en las necesidades del ciudadano. Para ello se deben definir las enfermedades que son la mayor carga para la sociedad. Es decir, el sistema se debe organizar en función de la demanda y no de los hospitales. Un ejemplo: alrededor del 85% de problemas de salud se podría resolver en el primer nivel de atención (postas y centros médicos). Sin embargo, la mayor cantidad de recursos se asigna a los hospitales de mayor complejidad.

Por el lado de la oferta, hay que integrar los establecimientos en redes. Es un trabajo en proceso del Minsa. Hoy encuentras, en cualquier plaza del país, el hospital regional, el de Essalud, la clínica. Solo atienden a su población beneficiaria y no articulan entre sí. Es necesario que los recursos públicos y privados estén al servicio del ciudadano.

Los sistemas que dan soporte a las atenciones, como suministro de medicamentos, deben ser procesos transversales. Hoy se requieren múltiples pasos y sistemas de información que no conversan entre sí, demandan procesos que no añaden valor. La información para los gestores es igual de dispersa. Mayor eficiencia en la gestión es clave. Pero, claro, se requieren mayores recursos: financiamiento sostenible para brindar más y mejores atenciones, pues la demanda con el SIS aumenta a mayor ritmo que el presupuesto. Ahora son 17 millones de asegurados que requieren más recursos centrados en sus necesidades.

¿Cómo combatir la inseguridad a pesar de la corrupción en el sistema de justicia?
Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior

El panorama está complicado porque el Poder Judicial está a cargo de la sanción al delito. Y sin sanción lo que tenemos es impunidad. Si a ello le sumamos la corrupción y la complicidad social frente al delito, entonces el riesgo para el que delinque es muy bajo, con lo cual continúa la inseguridad.

Aun así, veo una ventana de oportunidad. Aún podemos apoyarnos en los que sí tienen vocación de servicio y de lo profesional. Deben reformarse urgentemente los mecanismos de selección, profesionalización, desempeño y desarrollo de los operadores de justicia, y solo trabajar con los mejores. Espero que más temprano que tarde tengamos jueces en las comisarías y empecemos a sancionar el delito menor. Las penas no tienen por qué ser eternas. Unas semanas de encierro o trabajo comunitario pueden obrar maravillas en la conciencia de la gente y cambiarlas para bien.

La policía tiene que hacer su trabajo, patrullar constantemente con los serenos y usar eficientemente los recursos que tiene en educación, criminalística, tecnología y comunicaciones. El Ministerio del Interior debe continuar desarrollando la estrategia de Barrio Seguro y concretar el proyecto de una central de emergencias moderna e integral. Y los ciudadanos deben denunciar las malas prácticas, públicamente, para empezar a corregirlas, pues la omisión de denuncia y la pasividad nos hacen cómplices de la inseguridad.