CNM: lo que implica su declaratoria de emergencia

Tras la decisión tomada anoche por el pleno del Congreso, queda pendiente que en el diario oficial “El Peruano” se publique la ley que declara en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Así, la norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. ¿Cuáles son sus implicancias?

1. Suspensión del funcionamiento del CNM
La norma aprobada por 107 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones en el Parlamento suspende el funcionamiento del CNM hasta por 9 meses con el objetivo de someter al organismo a un “proceso de reevaluación y reestructuración de su composición, objeto, funciones y estructura orgánica”.

Como se recuerda, los siete miembros de la institución fueron removidos por causa grave la semana pasada por el pleno al considerarse que cometieron “actos contrarios a la Constitución Política del Perú”. Los removidos fueron Iván Noguera, Guido Aguila, Maritza Aragón, Hebert Marcelo Cubas, Baltazar Morales, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez, quien se desempeñaba como presidente del CNM.

2. Suspensión de la Ley Orgánica del CNM
También quedó suspendida la vigencia y aplicación de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del CNM, hasta la conclusión del procedimiento de reestructuración de la institución.

¿Qué implica esto? Por ejemplo, no se realizarán nombramientos ni ratificaciones de jueces y fiscales, atribuciones del CNM. Los suplentes de los consejeros removidos tampoco podrán asumir sus funciones.

3. Designación de un encargado
La gestión administrativa y la representación del CNM quedarán encargadas a su funcionario titular más antiguo y de mayor nivel del organismo.

Este tendrá las facultades del director general del organismo y tendrá que realizar coordinaciones con el Órgano de Control Institucional mientras dure el proceso de reestructuración.

Según pudo conocer El Comercio, el funcionario más antiguo es Jorge Matienzo Luján, actual jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del CNM y quien además se desempeñó anteriormente como secretario general de la institución. 

Cabe apuntar que la segunda disposición complementaria transitoria de la ley indica además que la Contraloría General de la República puede remover del ejercicio de las responsabilidades asignadas al funcionario más antiguo, en caso se presenten hechos que afecten su idoneidad, imparcialidad o independencia.

4. Cese de trabajadores
La norma contempla también que los funcionarios y servidores públicos del CNM bajo el régimen de confianza cesarán en sus cargos y funciones de forma inmediata una vez que la ley entre en vigencia.

Asimismo, la relación contractual de los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), de acuerdo al decreto legislativo 1057, Locación de Servicios y otras modalidades se extinguirá una vez concluidos sus contratos. “Los trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo 728 mantendrán vigente su relación laboral de acuerdo a dicha norma, con la excepción de los cargos de confianza”, se añade.

En tanto, se señala que “a la entrada en vigencia de la presente ley, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado evaluarán, ratificarán o contratarán a los funcionarios del Órgano de Control Institucional y de la Procuraduría Pública dela entidad, respectivamente”.

5. Reporte al Congreso
La ley obliga al encargado de la dirección general del CNM y al jefe del Órgano de Control Institucional a informar bimensualmente sobre la realización de sus funciones a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

6. Situación del jefe de la ONPE
También se da cuenta de la extensión de la suspensión del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, hasta que se restituyan las funciones del CNM.

El CNM decidió suspender a Castillo la semana pasada mientras duren las investigaciones en su contra por el presunto favorecimiento de su institución a Podemos Perú, partido del ex congresista José Luna Gálvez, en su proceso de inscripción. El plazo para tomar una decisión definitiva sobre el titular de la ONPE vencía precisamente este 24 de julio.