Comisión de Constitución debate proyecto para limitar cuestión de confianza

En medio del debate por la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo por los proyectos de reforma política, la Comisión de Constitución inició ayer el debate de un predictamen que propone modificar el artículo 133 de la Carta Magna para que dicho mecanismo no proceda en el caso de iniciativas de ley.

De aprobarse esto, el gobierno no podría volver a utilizar el mecanismo de la confianza para instar al Congreso a aprobar paquetes de reforma legislativa. Es más, lo propuesto por Constitución refiere que no procede sobre iniciativas legislativas “o su resultado”. Es decir, no se podría plantear una cuestión de confianza para fijar fecha para una aprobación.

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La cuestión de confianza presentada ayer por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, apunta en esa dirección. “Dado que la situación por la que atravesamos es urgente, propondremos que el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas legislativas venza al finalizar la presente legislatura, lapso en el cual también deben ser aprobados, en primera votación, los proyectos de ley de reforma constitucional mencionados. Si ese plazo es excedido valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada”, dice el documento.

—Figura repetida—
El planteamiento que la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra (La Libertad, Fuerza Popular), busca aprobar a nivel constitucional no es nuevo.

En marzo del 2018, el pleno aprobó una resolución legislativa, basada en un proyecto de Mauricio Mulder (Lima, Apra), en la que introdujeron un cambio a su reglamento interno en el mismo sentido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional.

En la conferencia de prensa en la que se anunció la inconstitucionalidad, el titular del TC, Ernesto Blume, aseguró que el Parlamento “había excedido la facultad que le otorga la Constitución de autonormarse”.

“Tal atribución es para materias propias de su funcionamiento, no para regular y restringir competencias constitucionales propias del presidente de la República o los ministros de Estado”, añadió Blume en noviembre del 2018.Pese a este fallo adverso, el Congreso insistió en proceder con el cambio, esta vez a través de la Constitución. Para ello utilizó como vía de entrada el proyecto que presentó el Ejecutivo, en agosto del 2018, sobre bicameralidad.

Lo aprobado por la comisión modificó todo lo planteado por el proyecto del Ejecutivo e incluyó lo mismo que había aprobado en su reglamento: “No procede la cuestión de confianza con respecto a iniciativas legislativas” [Ver infografía].

—Inconstitucional—
El ex presidente del TC Óscar Urviola señaló que el Congreso no puede insistir con una norma sobre la cual el máximo órgano constitucional ya se ha pronunciado.

“Queda categóricamente establecido por la resolución del TC que la cuestión de confianza se manifiesta a través de una política de Estado que, a su vez, tiene íntima vinculación con las iniciativas legislativas que se dan para concretar esas políticas”, indicó a El Comercio.

Dijo que si el Congreso insiste con aprobar la modificación, el Ejecutivo podría presentar una nueva acción de inconstitucionalidad.
En el 2018, Blume sostuvo que su institución tenía competencia para pronunciarse sobre reformas constitucionales, “sobre todo cuando se afecta la Carta Magna en los principios que consideran básicos, como el equilibrio de poderes”.