La Comisión de Constitución del Congreso de la República, que preside Patricia Juárez (Fuerza Popular), aprobó este viernes el dictamen que elimina la obligatoriedad del voto de confianza del pleno del Parlamento para los nuevos gabinetes ministeriales.
El texto, aprobado por 11 votos a favor y 5 en contra, modifica el artículo 130 de la Constitución para precisar que la presentación de un nuevo Consejo de Ministros ante el Legislativo “no da lugar a voto de confianza alguno”. Incluye una disposición complementaria final para que el Congreso, en un plazo máximo de 30 días hábiles, adecúe su reglamento.
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El documento modifica el artículo 130 de forma aislada. Cabe recordar que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política hizo la misma propuesta en marzo del 2019 como parte de un paquete de reformas constitucionales para promover la gobernabilidad. que incluía la bicameralidad.
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Asimismo, el gobierno del presidente Pedro Castillo presentó en octubre, con carácter de urgencia, un proyecto de reforma constitucional que incluía la misma fórmula que el predictamen, pero también como parte de un conjunto de modificaciones. Entre ellas las referidas a las causales de vacancia presidencial y las mociones de censura ministerial.
Juárez dijo que dichos temas planteados por el gobierno de Castillo serán puestos a debate próximamente y merecen un estudio profundo. “El proyecto del Ejecutivo no lo hemos acumulado en esta oportunidad porque también contempla una propuesta para la causal de vacancia por incapacidad moral. Entonces, en el siguiente tramo de estos mismos temas de la relación Ejecutivo - Legislativo vamos a tocar el tema de vacancia por incapacidad moral. El debate se está dando. Ya se ha convocado a miembros de consejo consultivo”, explicó.
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Argumentos
El predictamen acumuló tres proyectos de ley. Entre ellos uno de Juárez y otro de su colega de bancada David Jiménez, que plantearon la misma fórmula normativa.
Juárez sostuvo, en diálogo con este Diario, que la iniciativa “refuerza el principio de separación de poderes” y empodera la figura presidencial. “Es el presidente quien debe decidir de manera libre quiénes son los que colaborarán con él como ministros. Esto no debería ser materia de un filtro de parte del Congreso, porque existen otros mecanismos para el control político, como la interpelación y la censura”, declaró.
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“La cuestión de confianza sobre iniciativas ministeriales, legislativas, políticas sectoriales o inclusive sobre los ministros está absolutamente vigente”, apuntó también la titular de la Comisión de Constitución.
En el proyecto que presentó, Juárez sostuvo que la nueva norma “busca abordar la ineficacia del voto de confianza”, la cual ha sido “materia de enfrentamiento” y “no tiene sentido” en la forma de gobierno peruana (presidencialismo atenuado). “Del mismo modo, se evitará una situación de conflicto entre los poderes del Estado, pues el Congreso de la República no se verá obligado a aprobar un Gabinete en el cual no ha participado o para el cual no ha sido consultado”, se consignó también.
En su exposición de motivos, el proyecto de Jiménez hace referencia a una protección del Parlamento ante eventuales intenciones de disolución. “La perniciosa actitud de amenazar al Congreso de la República mediante el abuso de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo será neutralizada [...] Quienes forman parte del Poder Ejecutivo verán reducida su intención de cerrar el Congreso, ellos son los perdedores o perjudicados con la aprobación de esta iniciativa [...] La aprobación de esta reforma constitucional perjudicará a los enemigos de la democracia y del capitalismo”, mencionó en el análisis costo-beneficio.
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Asimismo, el predictamen resaltó que se trata de una medida necesaria para evitar que el Ejecutivo “abuse de una norma constitucional”.
El legislador de Perú Libre, Jaime Quito, se expresó en contra del predictamen porque “es parte del plan golpista de la derecha en el Congreso”. “Quieren romper con el equilibrio de poderes, blindar al Congreso en todos los extremos”, aseveró en conversación con El Comercio.
Quito consideró que deberían darse cambios integrales. “Si quieren plantear una modificación, que también se elimine dentro de la Constitución el tema de la vacancia”, dijo. Más que los propios proyectos de ley discutidos, el parlamentario manifestó que le preocupa que intencionadamente se vayan haciendo cambios parciales, como “estrategia” para “traerse abajo a este gobierno”.
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Perspectivas
Para el constitucionalista Bruno Fernández, en la lógica política, el Congreso busca protegerse. Pero a nivel jurídico, “esta modificación por sí sola no quiebra el balance de poderes”. “Definitivamente, hay otras instituciones que no están vinculadas con esta, pero sí necesitan ajustes para que no sean empleadas de modo arbitrario por el Congreso, como la vacancia o la acusación constitucional”, opinó.
Fernández consideró que se debe evitar la emisión de normas con nombre propio por discrepancias entre el Ejecutivo y el Congreso. “Hay otras modificaciones que pueden introducirse y mejorarse el balance de poderes, pero por sí sola esta modificación no me parece negativa”, insistió.
El constitucionalista Alejandro Rospigliosi subrayó que la norma no debilita al Parlamento, porque este puede interpelar o censurar a un ministro.
Asimismo, dijo que tampoco perjudica al gobierno: “Aún queda el derecho del presidente del Consejo de Ministros de plantear cuestión de confianza en las funciones que le compete al Poder Ejecutivo. Puede hacerlo por proyectos de ley que tengan que ver con sus competencias y funciones. Por ende, no afecta el balance de poderes”.
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Viabilidad
De acuerdo a la Constitución, una reforma constitucional puede aprobarse mediante dos alternativas. Una implica alcanzar 66 votos y ser luego ratificada mediante referéndum. La otra se refiere votando la propuesta en dos legislaturas consecutivas obteniendo, en cada caso, 87 adhesiones a favor.
La actual legislatura del Parlamento culmina este 28 de febrero. La siguiente inicia el 1 de marzo.
A juicio del constitucionalista Fernández, considerando los votos que tiene el Ejecutivo a través de Perú Libre y aliados como Perú Democrático o Juntos por el Perú, la oposición tiene un panorama complicado porque no alcanzaría los 87 votos requeridos.
Rospigliosi estimó que el predictamen no prosperará al llegar probablemente como dictamen al pleno del Parlamento, porque no se alcanzarán los votos necesarios. “Es inviable no por el fondo de la idea, sino porque no hay votos. Y suponiendo que los hubiese, sería la votación en esta legislatura, pero faltaría una segunda. Entonces, no llega a los tiempos de la presentación del Gabinete Torres”, sentenció.
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