Comisión de Ética da marcha atrás en blindaje a Cordero Jon Tay, pero legisladores insisten en pedir “pruebas”

La Comisión de Ética admitió, por unanimidad, la denuncia de oficio contra el congresista Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) debido a las acusaciones de violencia y acoso presentadas por su expareja. El último domingo, el programa Panorama recogió el testimonio de la mujer, que dio cuenta de agresiones físicas que recibió por parte del actual legislador, por lo que lo denunció ante la Policía Nacional.

Si bien el último lunes esta denuncia de oficio, presentada por la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú), fue desestimada, este jueves logró una aprobación unánime. Sin embargo, esto ocurrió luego de los cuestionamientos hacia la Comisión de Ética, su presidenta Karol Paredes y quienes rechazaron la admisión de la denuncia.

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Luque dijo a El Comercio que, al admitirse esta denuncia de oficio, lo que corresponde a partir de ahora es el desarrollo de la investigación preliminar. En tanto, la presidencia de la comisión debe determinar las siguientes actuaciones. “Hablaré con la presidencia para que se tomen los cuidados para evitar la revictimización, evitando que no se responsabilice de la carga de la prueba a la víctima”, comentó.

No obstante, durante el debate para la admisión de esta denuncia, congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y la presidenta del grupo insistieron en que no había indicios mínimos para que se admita el caso o porque se trató de hechos anteriores al inicio del actual periodo legislativo.

Estos fueron los argumentos de los congresistas:

Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, dijo al inicio de la sesión que este grupo consideraba que el equipo técnico del grupo evalúe previamente el caso -antes de someterse a una votación- para llevar una denuncia de oficio “debidamente sustentada”. Además, que los congresistas rechazaron este caso en la sesión del lunes porque lo denunciado corresponde a los años 2014 y 2018.

“Es importante aclarar algunas interpretaciones que se han suscitado en estos días luego de la votación. No era una denuncia de parte, tanto es así que no se encontraba en la agenda promover denuncia, ni siquiera una denuncia de oficio contra el congresista Cordero Jon Tay, toda vez que los hechos que le imputan fueron expuestos en un programa el domingo, lo que motivó que el lunes la presidencia y el equipo técnico coordinaran la evaluación de lo presentado en el programa a fin de determinar la pertinencia de promover como presidencia una denuncia de oficio y poder ser expuesta el lunes 13. Sin embargo, en el desarrollo de la sesión llegó el pedido de Ruth Luque que solicitaba a la presidencia denunciar de oficio al congresista. Pedido que se tuvo que dar cuenta de manera inmediata y poner a la orden del día en dicha sesión, lo que motivó para todos valorar que los hechos denunciados habían acontecido en el año 2014 y 2018, escapando el límite de los alcances del código de ética al no ser congresista en la fecha que se habrían producido estos hechos. Respecto al hecho imputado, que habría una persona del entorno del congresista que le estaría llamando y enviando mensajes consideré en mi caso que debía ser revisado con la evaluación previa del equipo técnico, como ya lo había conversado, y así traer la denuncia de oficio debidamente sustentada con mayores elementos de juicio”.

Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética.

Luego, el congresista Jorge Morante Figari (Fuerza Popular) intervino diciendo que en casos anteriores de violencia contra la mujer que abordó la Comisión de Ética se acreditaron “mínimas pruebas” para que se inicie una investigación. Y que, en este caso, “no existía más que el indicio de un reportaje televisivo”, sin los elementos que prueben llamadas o mensajes que la mujer manifestó haber recibido.

“Cuando se trató el caso de la congresista Olivos y el de la congresista Chirinos, en el primero, cuando se abrió la investigación de oficio, existía claramente el video donde estaban las manifestaciones del congresista acusado. En ese caso, existían mínimos elementos probatorios que permitían su apertura. En el caso Chirinos, que lo hizo público, indicó que había testigos y mencionó el nombre de ellos. Por tanto, nos acreditó mínima prueba para abrir investigación. [...] En todos los casos vistos en esta comisión se ha buscado no necesariamente una prueba concluyente, sino un mínimo indicio de una situación que ameritaba ser visto por esta comisión. En la sesión pasada no existía más que el indicio de un reportaje televisivo que mencionaba ciertos aspectos, pero que lo mencionaba tangencialmente. La señora dice que había llamadas, mensajes, pero que no fueron puestos a conocimiento de la comisión cuando se pide abrir la investigación de oficio. Por tanto, no contábamos con elementos. Estas reconsideraciones no adjuntan estos elementos. Hasta la fecha no se tiene ningún indicio establecido de lo que se afirma en el reportaje, sin embargo aquí hubo un tema de prensa que motiva a muchos a cambiar su voto”.

Jorge Morante Figari, congresista de Fuerza Popular.

Frente a esto, la congresista Ruth Luque respondió que “no corresponde exigir pruebas ni mayores elementos” para una denuncia sea abierta de oficio. “No existe tampoco una víctima mayor o menor. No se puede admitir que se necesitaban pruebas, un caso de violencia especialmente cuando se está iniciando de oficio no podemos someterlo a una valoración probatoria. En el caso [Patricia] Chirinos, se inició de oficio porque había una versión de la víctima y en este mismo caso Cordero también existe una versión de la víctima. [...] La declaración de la víctima también tiene un valor probatorio”, recalcó Luque.

A su turno, Morante Figari respondió a Luque que en el caso Chirinos “ella sí dijo quiénes eran sus testigos, los mencionó”. Mientras que en el caso que implica a su colega de la bancada fujimorista, los mensajes que la mujer dio testimonio que ha recibido no se mostraron. “Dijo en el reportaje que hace una semana le llamaron insistentemente, enviado mensajes, capturas, lamentablemente ninguno de estos mensajes o llamadas salieron en el reportaje, cosa que hubiese sido bueno para tener mayores elementos. El dicho de Chirinos estuvo acompañado por una serie de testimonios que ofrecía. En el caso eso que se mencionó en el reportaje no se mostró ahí, por eso dije que se debía ver si existían llamadas y retomar el tema”, argumentó.

En tanto, el congresista Javier Padilla (Renovación Popular), explicó que su su voto en abstención se basó “en que los hechos ocurridos han sido anteriores al periodo congresal. Por otro lado, no habiendo contundentes pruebas del mismo o hechos que evidencien que en la actualidad se haya repetido el caso. Eso no quedó muy claro en la exposición cuando se hizo la denuncia”.

Nuevamente, la congresista Paredes reiteró que los hechos ocurrieron antes de que Cordero Jon Tay ingrese al Congreso. “Toda vez que los hechos corresponden al 2014, por tanto escapan a los alcances normativos de la comisión, que según a nuestro reglamento solo puede investigar y sancionar a legisladores por acciones cometidas durante el ejercicio congresal. Debería haber tomado la posta el PJ, el Mimp y otras instancias que tienen que ver con el tema, pero tampoco estoy buscando justificaciones, pero quiero que quede claro. [...] Todos los temas tomados por oficio ha sido de alguna manera hemos indagado y hecho un trabajo responsable. No acepto que se señale incluso que estoy blindando a alguien o estamos blindando algunas bancadas”, dijo.

La congresista Luque incidió en que no se puede responsabilizar a una víctima de violencia por la acreditación de pruebas, pues sería un mal precedente.

“No es dable exigirle a la víctima pruebas. Me da la impresión de que muchas de las posiciones que se mencionan es intentar responsabilizar a la víctima que acredite con pruebas y ese sería un pésimo precedente para iniciar una investigación. Además, no se pueden exigir pruebas antes de investigar, se estaría incluso generando un mensaje que se está intentando colocar esta comisión un estándar superior a la fiscalía. Son hechos de mucha data donde hay indicios suficientes que dan cuenta para una investigación. Sugiero que no generemos incluso un mensaje de revictimización”.

Ruth Luque, congresista de Juntos por el Perú.

Finalmente, el congresista Morante sostuvo que “nadie le está pidiendo pruebas a la víctima”, sino a la congresista Luque. “Si está tan segura de todos los hecho que aduce, por qué en vez de presentar una solicitud que se haga investigación de oficio, por qué no presentó la denuncia directamente. [...] En este caso se nos pide ir a una investigación de oficio cuando no existían pruebas o mínimos indicios sobre el tema, como de hecho viene señalando Paredes. Cada vez que se ha hecho una investigación de oficio, previamente han hecho la búsqueda de mínimos indicios que nos permitan abrir una investigación de oficio. No pido prueba, pero sí indicios. En este caso, reitero el indicio es las declaraciones que hace una señora en un programa donde en el mismo programa no se muestran los hechos que ella misma aduce”, dijo Morante.

Ruth Luque manifestó que es “penoso” escuchar los argumentos de congresistas que emplazan a la víctima y a ella misma a presentar pruebas. “No se comprende la dimensión de lo que significa los casos de violencia y el valor que tiene la declaración de la víctima”, concluyó.

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