Caso ‘Swing’: Preinforme de Fiscalización advierte “distorsión” a la ley en contratos del Ministerio de Cultura

La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá este viernes, en una sesión extraordinaria, el preinforme que han preparado respecto a las contrataciones hechas por el Ministerio de Cultura. Estas indagaciones tuvieron como punto de partida los nueve contratos entre Richard Cisneros y esta cartera ministerial por S/175.400.

El presidente de la comisión, Édgar Alarcón, adelantó que, según el preinforme, el ministerio habría “distorsionado” la ley para realizar los contratos de servicios.

“Desde el punto de vista administrativo, el Ministerio de Cultura –se ha observado y eso lo vamos a informar– que en base a una directiva aprobada desde el 2016, estaría distorsionando la ley de contrataciones, la forma cómo se contratan los servicios en el Ministerio de Cultura. Por eso, vamos a revelar el viernes cuántas personas se habrían contratado bajo esa directiva y cuál sería el importe producto de estos contratos. El tema no va a estar solo en los S/175.400″, dijo el congresista Edgar Alarcón a El Comercio.

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Añadió que están solicitando al Ministerio de Cultura las órdenes de servicio que se suscribieron desde esa fecha. Según Alarcón, quienes preparaban los documentos les indicaron que anualmente se emiten, bajo la modalidad de “servicios específicos”, “un promedio de 600 a 800″ órdenes.

Según Alarcón, se trataría de contratos ‘a dedo', donde cada oficina o unidad convoca nombres específicos. “No hay procesos, no hay un concurso, revisión de precios, revisión de hojas de vida. Deciden a quién contratar y cuánto pagar”, exclamó.

Finalmente, dijo que si hubiesen más elementos para la investigación, podrían pedir una ampliación que no debería pasar los 15 días.

Por su parte, el Ministerio de Cultura respondió a El Comercio que el último pedido de información formulado por la comisión indagadora fue el 25 de junio. El congresista Alarcón solicitó la relación de contrataciones por servicios de personas naturales desde mayo del 2016 hasta la fecha, por montos menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El valor de una UIT es S/4.300.

Juan Antonio Silva, secretario general del Ministerio de Cultura, dijo a El Comercio que si bien la solicitud no ha precisado un plazo de entrega de la información, se ajustarán a los tiempos establecidos por ley.

“El ministro Alejandro Neyra ha sido enfático en que entreguemos las solicitudes no solo dentro del plazo, sino de preferencia antes de su vencimiento. Debemos estar entregándolo a más tardar mañana (jueves). La instrucción que ha recibido la oficina de administración, que depende de Secretaría General, es resolver el tema hoy mismo”, detalló Silva.

Además, Silva respondió que es una práctica usual en las entidades públicas regular mediante directivas las compras menores a 8 UIT (S/34.400), debido a que son compras o contrataciones realizadas prácticamente de manera directa. Por otro lado, precisó que el 2017 realizaron modificaciones a la directiva del 2016, a la que se refiere Alarcón, por lo que esta no se encuentra íntegramente en vigencia.

La directiva a la que se refirió Silva es la denominada “procedimientos para la contratación de servicios específicos y/o consultorías con personas naturales no comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado”. Silva adelantó que están trabajando en la aprobación de una nueva directiva sobre las adquisiciones menores a 8 UIT.

Asimismo, respondió que el Ministerio de Cultura no ha recibido ningún “cuestionamiento formal” por parte de la Comisión de Fiscalización respecto de una aparente distorsión a la ley.

“Nosotros no hemos recibido ninguna imputación específica. Las operaciones de montos mínimos [menores a 8 UIT] son mucho menos formales que las de cuantía mayor, los procesos de selección de cuantía mayor. No es inusual que se contraten servicios por montos menores por un tema de eficiencia con un proveedor identificado previamente a través de un estudio de mercado”, dijo.

Finalmente, reiteró que “no sería una distorsión al cumplimiento de la ley” al tratarse de operaciones de menor cuantía con un proveedor determinado. “Quizás, lo que tratan de sugerir es que hay una ‘distorsión’ cuando en una operación de montos menores se contrata directamente con un proveedor determinado, lo cual en estricto no es una vulneración a la ley”, agregó Silva.

Siguen las indagaciones

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización interrogó el martes, en una sesión reservada, a la asistente del despacho presidencial, Karem Roca, y Jorge Luis Chinge Infantes, del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda. Ambos funcionarios públicos involucrados en la indagación que realiza este grupo parlamentario a las contrataciones hechas por el Ministerio de Cultura.

Sin embargo, María Sara Aguirre Pajuelo, subsecretaria de la Secretaría General del Despacho Presidencial; y los hermanos Jorge y Claudia Mere Vidal, no acudieron a la sesión extraordinaria. Esta era la segunda convocatoria que la comisión cursaba a los Mere Vidal, allegados al entorno de Mirian Morales, secretaria general del despacho presidencial, implicada en una investigación de oficio del Ministerio Público por presuntas irregularidades en la contratación de Claudia Mere, tía de su hija.

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Jorge Mere Vidal solicitó a la Comisión de Fiscalización la reprogramación de su citación debido a que se encontraba enfermo. Mientras que Claudia Mere, a través de su hermano, informó que se encuentra fuera del país. De acuerdo con su movimiento migratorio, Mere Vidal salió del país el 17 de agosto del 2019.

Contratos del cuñado del presidente Vizcarra

Para este viernes, la Comisión de Fiscalización ha citado al cuñado del presidente de la República, Martín Vizcarra, Fredy Herrera Begazo, para que dé cuentas ante este grupo parlamentario sobre los más de S/320 mil que recibió por sus servicios al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), adscrito al Ministerio de Agricultura (Minagri), desde el 28 de julio de 2016, según reveló este domingo el programa Cuarto Poder. Las contrataciones siguieron pese a que su cuñado, el presidente Vizcarra, había jurado como vicepresidente de la República.

Alarcón dijo que Herrera Begazo deberá responder preguntas como el tipo de servicios que brindó, en qué consistían, los entregables que dieron cuenta de su trabajo, quién lo contrató, si tenía en cuenta el impedimento para ser contratado con el Estado debido a su cercanía con el entonces vicepresidente.

“También, estamos citando a los jefes de las unidades que lo contrataron y a partir de ahí tomaremos la decisión: de repente creamos un grupo de trabajo o pedimos una facultad especial para investigarlo”, dijo el congresista Alarcón.

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