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En pleno receso parlamentario tras el fin de la legislatura, la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Américo Gonza (Perú Libre), aprobó este miércoles un dictamen que, según advierten abogados penalistas, busca amedrentar a jueces y fiscales en caso de detenciones preliminares y prisiones preventivas o efectivas. Además, plantea nuevas causales para el delito de prevaricato.
Tras un breve debate, el texto fue aprobado con 11 votos a favor de parlamentarios de Perú Libre, Renovación Popular, Fuerza Popular y Acción Popular. Especialistas consultados por El Comercio consideran peligrosa la propuesta e incluso inconstitucional. El pleno del Congreso tendrá la última palabra.
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Propuesta
Se trata de una iniciativa que recae en seis proyectos de ley presentados por congresistas de Perú Libre, Acción Popular y Cambio Democrático, agrupaciones que tienen entre sus filas a congresistas y líderes con investigaciones fiscales abiertas y sentencias, como el prófugo Vladimir Cerrón, condenado a tres años y seis meses de prisión por el Caso Aédromo Wanka.
El dictamen dispone que se modifiquen las leyes de la carrera judicial (Ley 29277) y fiscal (Ley 30483), así como el Código Penal y la Ley 24973, que regula la indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias.
En el caso de las dos primeras normas incorpora como faltas muy graves generar la “detención arbitraria” al dictar mandato de detención preliminar y prisión preventiva a una persona sin que se reúnan los presupuestos señalados en el Código Penal.
Así como generar “detención arbitraria” al emitir una sentencia condenatoria de pena privativa de libertad efectiva “sin una adecuada valoración de la prueba que sustente la responsabilidad penal de una persona”.
También plantea que en caso de un error producido en el trámite judicial, la autoridad (juez, fiscal o policía) que incurrió en “el error” o “que autorizó la detención” asumirán la indemnización en partes iguales.
El dictamen modifica el artículo 418 del Código Penal, delito de prevaricato, para que se establezca que el juez o fiscal que “dicte resolución o emita dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas sea reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”.
Ese cambio es impulsado por el legislador Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso y hermano del prófugo líder de Perú Libre, quien en el debate pidió que el texto quede así: “El juez o fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, o usa declaraciones falsas de colaboradores eficaces sin corroborar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”.
Según el proyecto de Cerrón, quien es investigado junto a su hermano y otros perulibristas por lavado de activos, el objetivo de su propuesta es “garantizar el derecho de todo ciudadano a no ser procesado, acusado o sentenciado con pruebas provenientes de declaraciones falsas o inexactas de colaboradores eficaces, que no fueron previamente constatadas por los magistrados”.
El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, el ex fiscal supremo Martín Salas y los abogados penalistas Romy Chang y Carlos Caro cuestionaron la iniciativa al señalar que representa un amedrentamiento contra los jueces y fiscales.
Revisa aquí el texto:
Debate
Solo tres congresistas participaron del debate: Ruth Luque e Isabel Cortez, de Cambio Democrático, y Waldemar Cerrón, de Perú Libre.
Luque señaló que las propuestas contempladas en el dictamen no tenían relación entre sí y que hay “que tener cuidado” cuando se acumulan los proyectos “para tener claridad de lo que se vota”.
Cerrón solicitó que el texto quedé como en la propuesta inicial: “El juez o fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, o usa declaraciones falsas de colaboradores eficaces sin corroborar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”.
Finalmente, Cortez, recalcó que lo que ella había propuesto apuntaba a sancionar a los jueces y fiscales no actúen contra responsables de delitos como terrorismo, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción de funcionarios, delitos ambientales, feminicidio, violación sexual u organización criminal.
Cabe señalar, que la fórmula legal no contempla la propuesta de la congresista.
Votaron a favor Américo Gonza, Alejandro Muñante, María Acuña, Flavio Cruz, Pasión Dávila, Heidy Juárez, Patricia Juárez, Kelly Portalatino, Luis Morante, Héctor Ventura y Rosio Torres.
Las abstenciones vinieron de Maricarmen Alva, Ruth Luque, Esdras Medina, Norma Yarrow.
Mira aquí el debate:
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Cuestionamientos
El exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, el ex fiscal supremo Martín Salas y los abogados penalistas Romy Chang y Carlos Caro cuestionaron la iniciativa al señalar que representa un amedrentamiento contra los jueces y fiscales.
Para Andía, el Congreso “una vez más” hace un uso “abusivo de sus facultades” contra los demás poderes del Estado. Bajo su mirada, lo que se cuestionaba era a los magistrados que dejaban libre a los delincuentes, pero que - por el contrario- con este dictamen prácticamente se está amenazando a los fiscales y jueces- que dictan y solicitan, respectivamente, prisiones preventivas y detenciones preliminares.
El exviceministro señala que el texto carece de sustento técnico. Por ejemplo, preguntó quién determinará, por ejemplo, si los jueces y fiscales incurrieron en los presupuestos que indica la norma. “Es una herramienta perversa de amenaza hacia los magistrados para que no puedan dictar las detenciones preliminares y prisiones preventivas [...] Ellos apuntan a no ser investigados, que no se den sus detenciones y sentencias”, expresó.
“¿Cómo se haría, por ejemplo, en casos en los que la Corte Superior confirma una sentencia? Se sancionaría al juez en primera instancia y al de segunda instancia. ¿Se sancionará al juez superior y al supremo?”, cuestionó.
De otro lado, señaló que no tiene sentido que se pretenda modificar el artículo sobre el prevaricato y que en lugar de que endurecer la norma para los magistrados que cometan este delito lo que están haciendo con este proyecto es complicarle el camino al denunciante.
“Esta norma tiene una finalidad cero técnica y netamente política. El mensaje [a los jueces y fiscales] es: ‘ponte las pilas, no hagas cosas en contra mía porque vas a terminar denunciado”, sentenció.
Finalmente, opinó que el tema de las indemnizaciones también carece de sustento técnico.
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A su turno, Maldonado opinó que la norma tiene como objetivo “neutralizar la capacidad punitiva del Estado” respecto de su deber de investigar y sancionar graves delitos. “Particularmente parece que se trata de los delitos de corrupción de sus asociados, amigos y aliados”, expresó.
Además, busca lesionar “el principio de independencia” e “imparcialidad” del Poder Judicial y del Ministerio Público. “El dictamen recoge proyectos que vulneran todos los estándares internacionales imaginables, que regulan las conductas de jueces y fiscales, como el Código de Ética Iberoamericano, los principios básicos sobre la función de los jueces, etc.”, subrayó.
“Va dirigida a establecer un sistema represivo de jueces y fiscales [...] Son proyectos dirigidos a eliminar o suprimir la independencia judicial. La figura del prevaricato está totalmente distorsionada”, agregó.
Salas tuvo una opinión similar. “Lo que busca [la propuesta] es amedrentar a los fiscales y los jueces [...] Se presta para interpretaciones en cláusula abierta y a las finales todos los jueces y fiscales terminarán procesados”, remarcó.
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Por su parte, Chang señaló que la norma es peligrosa porque interviene en “el criterio jurisdiccional de los jueces” y “le da una herramienta los delincuentes para cuestionar las decisiones judiciales, por ejemplo, las vinculadas con la prisión preventiva y la detención preliminar”.
“Lamentablemente estos proyectos de ley terminan beneficiando a la delincuencia organizada porque ponen en duda el buen criterio judicial que tienen los magistrados. Para llegar a este puesto pasan por diversos exámenes y siguen una carrera que les permite ocupar el cargo, por tanto, tienen el criterio adecuado para tomar decisiones frente a casos de prisiones preventivas y detenciones preliminares. Entonces, colocar en un proyecto de ley que si ellos cometen un error o resuelven de manera que no guste puedan ser cuestionados, permitiría a los delincuentes es iniciar procesos contra ellos”, dijo.
A su criterio, la norma carece de sentido porque la institución responsable de evaluar el incorrecto actuar de los magistrados es la Junta Nacional de Justicia. “Es antitécnico y puede representar un retroceso en la lucha contra el crimen organizado”, finalizó.
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Por último, Carlos Caro advirtió que se trataría de una norma “inconstitucional”, además de tener “varios vicios” a nivel procesal penal.
Para el abogado penalista, no sería correcto sancionar a los jueces por el “simple hecho de dictar una detención preliminar”. Prácticamente, los estarían castigando por hacer su trabajo. “Las vías correspondientes son la apelación, la casación y en el último caso se puede acudir al Tribunal Constitucional”, subrayó.
A su criterio, se estaría infringiendo el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, que dice: “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.
Este Diario buscó los comentarios del presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, y de los autores de los proyectos de ley que motivaron el dictamen, pero al cierre de esta edición no respondieron.
