Comisión Madre Mía visitó base militar junto a testigo

Junto al testigo Jorge Ávila, los miembros de la comisión parlamentaria que investiga las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Madre Mía realizaron ayer la reconstrucción de las circunstancias en las que habrían sido asesinados Natividad Ávila y Benigno Sulca, hermana y cuñado de Ávila.

Según testigos, los crímenes ocurrieron hace 25 años en Huánuco y habrían sido ordenados por el ‘Capitán Carlos’, apelativo que se le atribuye al ex presidente Ollanta Humala.

El testigo contó a los miembros de la comisión, que preside el fujimorista Héctor Becerril, que en aquel entonces logró escapar luego de haber sido capturado junto a sus parientes por Humala y otros militares. Según dijo, se salvó de la muerte porque se lanzó al río Huallaga.

Y agregó que cuando se encontraba en el agua, escuchó los disparos que habrían acabado con la vida de sus familiares.

En abril de este año, Ávila declaró a El Comercio que fue Humala quien dio la orden para que se cometieran esos dos homicidios. Añadió que en el 2006 cambió su versión a cambio de US$4.500, que le habrían sido entregados por operadores del entonces candidato.

Unos 20 moradores de la zona hostigaron ayer a Ávila y a los miembros de la comisión, que estaba resguardada por la policía. En la diligencia también participaron los legisladores Zacarías Lapa y Moisés Guía.

La reconstrucción culminó a orillas del río Huallaga en la zona conocida como El Matadero. Según Ávila, en ese lugar lanzaban los cuerpos de las víctimas.

—Ratifica testimonio—
Por la tarde, en Tingo María, los congresistas entrevistaron al testigo Julio Méndez, maderero que ratificó haber entregado dinero a Jorge Ávila, por encargo de Amílcar Gómez, hombre allegado a Humala. Aunque Méndez negó conocer que el dinero era para ‘comprar’ al testigo.

Becerril volvió a cuestionar ayer al Ministerio Público porque, según dijo, “nunca ha habido la voluntad de aclarar los hechos”. Añadió que hasta ahora la fiscalía tampoco ha hecho una reconstrucción.

Además de los crímenes y supuesta compra de testigos, la comisión investiga la actuación de fiscales y jueces que archivaron el caso en su momento.

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