(Composición: El Comercio)
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Erick Sablich Carpio

Analista político

Esta semana pasó inadvertido un hecho que contribuye a ilustrar el estado de pérdida del sentido de la mesura que nos agobia últimamente.

La noticia pasó desapercibida porque atañe a un personaje político menor, el ex congresista , para el que la fiscalía ha pedido 24 años de prisión por apropiarse de parte de los sueldos de sus trabajadores parlamentarios y de donaciones dirigidas a una ONG. Para su esposa y presunta cómplice ha solicitado 22 años.

Si Urtecho es responsable de los delitos que se le imputan, debe ser sancionado con severidad; pero que un fiscal considere que merece 24 años de cárcel resulta desproporcionado, atendiendo a los hechos de los que se le acusa.

Los excesos, sin embargo, no cesan de dominar nuestra escena política.

El jueves, la fiscalía –con la venia del juez Richard Concepción Carhuancho– allanó dos locales partidarios de Fuerza Popular en busca de irregularidades en el financiamiento de sus campañas. En una casualidad que aportó discreción y seriedad a la diligencia, el fiscal había citado a Keiko Fujimori ese mismo día para que brinde su testimonio sobre asuntos relacionados con los allanamientos, interrogatorio que ahora será reprogramado.

Dos días antes de aquello, y a iniciativa de la congresista ‘no agrupada’ Yeni Vilcatoma, la Comisión Lava Jato había acordado interrogar a la primera dama Nancy Lange por su participación en empresas que podrían estar relacionadas con supuestas asesorías del presidente Kuczynski al grupo Odebrecht. El mandatario, coincidentemente, acababa de reiterar que solo responderá a la comisión preguntas que le sean formuladas por escrito.

Todo esto ocurre, como se sabe, en un contexto en el que el fujimorismo y Vilcatoma promueven una absurda acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la que aducen que este ha incumplido sus funciones porque no se ha investigado suficientemente a las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht. Esto, con absoluta prescindencia del principio de autonomía funcional que, en esta oportunidad, implica que quienes llevan adelante la referida investigación son los fiscales asignados al Caso Lava Jato y no quien preside el Ministerio Público.

Fiscales estos últimos que, en medio de los ataques políticos a su institución, mostraron una inusitada celeridad para abrir una investigación formal y solicitar la prisión preventiva de cinco directivos de las empresas locales que se asociaron con Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica. Una medida finalmente ordenada por el juez Concepción la madrugada del lunes, y de la que desde un punto de vista jurídico aparentemente podemos concluir para la tranquilidad colectiva que en nuestro país la solvencia económica supone peligro de fuga para efectos penales.

Al igual que Urtecho, todos los involucrados en los casos mencionados deben ser exhaustivamente investigados y eventualmente sancionados con rigor de demostrarse sus culpabilidades. En ese camino, sin embargo, nuestras autoridades podrían tener la gentileza de actuar ponderadamente, separar medianamente lo político de lo judicial y, cuando menos, conducirse con un mínimo de sentido común.

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