Rodrigo Cruz

El 12 de setiembre, además del aniversario de la captura del terrorista Abimael Guzmán, también coincide con otra fecha emblemática en la lucha contra Sendero Luminoso: ese día, en el 2005, se efectuó la primera audiencia del juicio contra el cabecilla de esa agrupación genocida y su comité central.

La fiscal superior Luz Ibáñez fue quien presentó los cargos. Ella recuerda ese día como una “pelea campal”. “Desde que sonó la campana, los abogados de Guzmán empezaron a insultarnos. Nos decían epítetos de todo tipo: ‘Fiscal fachistoide’, ‘fiscal siniestra’. Por supuesto, pedí a la sala que llamara al orden. Estaba segura de que me iban a aplicar una estrategia de guerra. Fui preparada para eso”, dice la magistrada.

Pero lidiar con la defensa de los senderistas no fue lo más difícil, sino armar una acusación sólida, de tal manera que fuera irrebatible en juicio. El reto de la fiscal consistió en concatenar cada atrocidad que cometió un miembro de Sendero con una orden de su dirigencia. Probar en el juicio que Guzmán estuvo detrás de cada muerte (autoría mediata) y que su grupo no era más que una organización criminal.

Y para ello, la fiscal tuvo prácticamente que reconstruir el caso. Habían pasado dos años desde que se anuló la primera cadena perpetua para Guzmán que dictó un fuero militar en octubre de 1992. El Tribunal Constitucional (TC) dijo entonces que los procesos llevados por jueces sin rostro contra civiles, entre ellos Guzmán, eran inconstitucionales. El Estado se vio obligado a organizar nuevos juicios.

Luego del pronunciamiento del TC hubo un hecho bochornoso: se llevó a Guzmán y sus secuaces a tribunales en noviembre del 2004. Sin embargo, la situación se salió de control: los terroristas aprovecharon la atención mediática y lanzaron arengas. La audiencia se suspendió.

Días después, el proceso fue anulado. Dos jueces se abstuvieron de seguir con el juicio. Dijeron que en casos anteriores ya habían adelantado opinión sobre los senderistas. La Corte Suprema decidió, ante ello, encargarle el caso al tribunal de Pablo Talavera, presidente de la Sala Nacional de Terrorismo.

En ese contexto, se publicó el informe de la CVR que dio más detalles sobre los crímenes de Sendero. El juicio al cabecilla terrorista se reactivó diez meses después, y recayó la responsabilidad acusatoria en la fiscal Ibáñez.

–Pruebas en el museo–
La magistrada no bromea cuando dice que tuvo que “tumbarse” un museo para conseguir pruebas para el juicio. La condena del fuero militar no era un apoyo. Ibáñez recuerda que aquella sentencia tenía a lo mucho 30 hojas y le faltaban pruebas vitales.

El museo al que recurrió fue el de la Dircote. Habían pasado 13 años de la captura de Guzmán y las banderas senderistas, manuscritos con órdenes de sus dirigentes y amenazas, videos y audios de sus congresos no estaban en el expediente, sino en los anaqueles de la división antiterrorismo. Así empezó a recabar las pruebas.

“Guzmán siempre decía: ¿por qué estoy sentado acá, en el banquillo, si yo nunca he disparado una bala, si yo soy un filósofo? En este nuevo juicio teníamos la oportunidad de ser contundentes. Recabamos por ejemplo un archivo en el que Guzmán reclama a sus seguidores por qué no mataron a más dirigentes”, recuerda Ibáñez.

En total, la fiscal investigó 78 atentados en el proceso. Entre ellos, asesinatos selectivos a autoridades, ataques a pueblos y embajadas. Uno de los testimonios claves fue el de Óscar Ramírez Durand, “Feliciano”. Él declaró que Guzmán fue quien dio la orden de cometer masacres como la de Lucanamarca.

El 13 de octubre del 2006, la sala de Talavera dictó cadena perpetua para Guzmán y la cúpula de Sendero (11 de ellos estuvieron presentes el día de la sentencia, entre ellos, Elena Yparraguirre, otros 12 estaban prófugos).

Ibáñez remarca que durante el juicio se le dio todas las garantías a la defensa de los senderistas, por tal razón, dice: “Jamás podrá prosperar ningún reclamo de ellos ante algún organismo internacional”. Guzmán seguirá en prisión gracias a ello.

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