El primer ministro Salvador del Solar presentó cuestión de confianza por seis proyectos de la reforma política. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC)
El primer ministro Salvador del Solar presentó cuestión de confianza por seis proyectos de la reforma política. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC)

Difícil opinar sin conocer el desenlace de la y con tantos valores en juego. Les dejo algunas ideas sobre el debate actual, el futuro y lo que creo es hoy el principal problema para la legitimidad de nuestra democracia.

Para comenzar, no me parece adecuado usar la confianza para plantear una reforma constitucional con plazos mandatorios. Una institución pensada para evitar el abuso del sobre el Ejecutivo no parece la más adecuada para iniciar reformas constitucionales.

Al mismo tiempo, entiendo que el Ejecutivo no quiera que la confianza carezca de dientes para balancear el poder de un Congreso obstructor. Y hay que reconocer que el gobierno cuenta con fallos del Tribunal Constitucional que lo avalan. No creo, por lo demás, que estemos frente a un tirano sino a un presidente hastiado de un Congreso intransigente.

No me molestaría cerrar el Congreso, se lo merece. Pero el objeto de la disputa es tan complejo que afecta la legitimidad de la decisión y lleva a nuevos problemas. Políticamente, me parece que lo ideal para salir del actual ‘impasse’ sería aprobar la confianza pero dejando claro que el Congreso se reserva cierta autonomía para aprobar los proyectos de reforma.

Por supuesto, esta salida política no va a satisfacer a quienes, por un lado, niegan que se pueda condicionar la confianza y, por otro, los que creen que no debió plantearse de esta manera. Me parece, sin embargo, que permite iniciar el debate de la reforma política bajo cierta presión de resultados sin dejar un precedente tan negativo.Eso es hoy. Hacia el futuro, resulta urgente que la confianza sea mejor regulada junto a una serie de reglas que rigen las relaciones entre poderes.

Ese capítulo de la Constitución es un desastre y un peligro al permitir interpretaciones diversas y poco claras. Uno de los proyectos de la comisión de reforma política plantea una serie de cambios en el capítulo que parecen pertinentes de atender ante los problemas ya conocidos.

Y eso me lleva al último punto: ayer se repitió una y otra vez un argumento que va más o menos así: “La reforma política no cambiará la realidad, lo más urgente son temas como la anemia, la delincuencia, la reconstrucción del norte, los niños pobres”. Es decir, la reforma no tiene mayor impacto sobre los problemas más serios del país. Son otras las urgencias que deberían tener ocupado al Ejecutivo.

Impresionante el cinismo. Nadie serio cree que la reforma política lo solucionará todo, es solo un paso importante. Lo que sí cree la población es que muchos de esos problemas que se mencionan como desatendidos nacen, o se nutren, de una casta política entremezclada con los corruptos. Los que ayer reclamaban urgencia no solo no hacen reformas, sino que bloquean o ningunean las más necesarias para enfrentar esos problemas de fondo.

La crisis de legitimidad democrática no pasa hoy, en lo principal, por un Ejecutivo con fallas para gobernar. Pasa por un Congreso considerado tan inútil, corrupto e ineficiente que la ciudadanía cree que cerrándolo nos iría mucho mejor. A pulso se han ganado su 90% de rechazo. Ese sí es un costo democrático de graves consecuencias hacia el futuro.