Confiep califica allanamiento como “medida innecesaria que linda con el abuso"

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) calificó como una medida “innecesaria que linda con el abuso” el allanamiento a sus oficinas centrales, en San Isidro. La medida se realiza a pedido del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del Caso Lava Jato, en el marco de la investigación a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Mediante un comunicado en Twitter, Confiep que señaló que la institución colabora con el proceso y, en ese contexto, entregó todos los documentos necesarios para la investigación.

“Desde el inicio de la investigación, Confiep viene colaborando absoluta e íntegramente en todo el proceso. Sorprende, por ello, una medida innecesaria que linda con el abuso, más aún cuando al Fiscal se le entregó todos los documentos administrativos y contables de la campaña”, refirió el gremio.

La organización finalizó el breve mensaje pidiendo que haya justicia sin excesos.

“Confiep seguirá colaborando con las investigaciones para que estas se desarrollen con integridad y transparencia para que la verdad se abra paso. Como lo señaló ayer nuestra Presidenta, la lucha contra la corrupción debe ser íntegra. Justicia sí. excesos no”, sentenció.

Cabe señalar que el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato, se encuentra en el allanamiento de las oficinas de Confiep en San Isidro.

Según el documento aprobado por la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, la medida se lleva a cabo en la avenida Víctor Andrés Belaunde 147, edificio Real Tres, oficina 401.

La finalidad es recabar “facturas, boletas, certificados de donación y cualquier otro vinculados a las donaciones, recepción o entrega de dinero o bajo cualquier otro título que realizaron los integrantes, asociados o miembros de la Confiep” para las campañas electorales del 2011 y 2016 de la excandidata Keiko Fujimori.

La diligencia de allanamiento y registro domiciliario, con medida de descerraje e incautación en la oficina de la Confiep, tendrá una duración máxima de 48 horas, según la resolución judicial.