Conflicto en Apurímac: cómo ha escalado el descontento y los pronunciamientos en la región tras las decisiones del gobierno

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La medida fue tomada por el gobierno como salida a la conflictividad social, que sumaba cerca de 15 días en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. Además, la mina de cobre Las Bambas había suspendido nuevamente sus operaciones debido a la invasión de comuneros de Fuerabamba y Huancuire a predios de la empresa minera MMG, entre el 13 y 14 de abril, en Taquiruta y el tajo Chalcobamba. Este último el segundo yacimiento de explotación. De otro lado, las comunidades de Chila y Choaquere habían invadido desde el 18 de abril terrenos de Fuerabamba.

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La decisión del Ejecutivo, coincidente con las tomadas en gestiones gubernamentales precedentes, fue seguida por un desalojo policial que, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, dejó 18 personas heridas (14 civiles y 4 policías) en Taquiruta. Estas acciones generaron el descontento de gremios, autoridades y sindicatos locales, que exigen al gobierno central una atención eficaz al conflicto social.

A fines de marzo, la comunidad de Huancuire (Coyllurqui) rechazó en un pronunciamiento que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), no haya cumplido con el compromiso de reiniciar el proceso de consulta previa. El acta fue firmada en agosto del 2021, un mes después de que la nueva gestión asuma el Ejecutivo. Desde el 14 de abril ocupan la propiedad de la minera en el tajo Chalcobamba.

“Hemos pensado que el gobierno de Castillo era el gobierno del pueblo, pero hoy nos damos cuenta de que no es. No nos hace respetar. […] Si no es así, tomamos como traición al gobierno de Castillo”, dijo Javier Ochoa, expresidente de Huancuire, el 30 de marzo a Exitosa.

Posteriormente, con la producción de cobre de Las Bambas paralizada desde el 20 de abril, el Sindicato Único de Trabajadores de MMG (SUTEMLB-MMG) se movilizó esta última semana en Lima para defender su estabilidad laboral y exigirle al gobierno que solucione el conflicto.

En un oficio remitido el 22 de abril al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el sindicato manifestó que se veían en la necesidad de acudir a este despacho para pedir una salida al problema, ya que el gobierno aún no asumía una solución.

El 27 de abril, la Policía Nacional y seguridad de Las Bambas ejecutaron el desalojo de Fuerabamba (Challhuahuacho), comunidad invasora en la zona de Taquiruta, con una defensa posesoria extrajudicial.

Porfirio Gutiérrez, alcalde de Challhuahuacho, jurisdicción donde se ubica la unidad minera de Las Bambas, firmó el 27 de abril un comunicado donde indica que “siendo el rol del Estado buscar el diálogo y la paz social para resolver los conflictos sociales, previamente debieron comunicarnos a las autoridades locales, comunales, organizaciones vivas, entre otros representantes, para poder mediar”. Sin embargo, añade, “este mecanismo importante se ha vulnerado por completo”. Por tanto, atribuyó al jefe de Estado, ministros y Policía Nacional la responsabilidad por los hechos ocurridos.

En un comunicado conjunto de Fuerabamba, Huancuire, Chila y Choaquere, las comunidades calificaron estas acciones como “vil traición” del Ejecutivo la declaratoria de emergencia de los distritos.

El 28 de abril, policías intentaron recuperar el predio invadido por la comunidad de Huancuire. En un comunicado de prensa, el presidente comunal, Romualdo Ochoa, “enérgicamente responsabilizó al presidente Pedro Castillo y al ministro del Interior por mandar a reprimir con efectivos de la PNP a los comuneros indígenas de Huancuire sin ninguna presencia de autoridades como fiscalía/suprefectura”.

Por su parte, MMG informó en un comunicado que “el objetivo primordial de la empresa sigue siendo resolver la invasión actual del sitio de manera segura y restablecer el diálogo pacífico con la comunidad”. Además, que la producción permanecía suspendida, situación que continúa 11 días después del desalojo en Taquiruta.

En 28 de abril, en entrevista con Radio Titanka, el alcalde Gutiérrez afirmó que Pedro Castillo debía dejar la Presidencia de la República luego del enfrentamiento. “El señor Castillo debe dar paso al costado porque nosotros no vamos a respaldar a este señor cuando nos responde con estado de emergencia pudiendo conversar”, dijo.

Ese mismo día, el alcalde provincial de Cotabambas, Rildo Guillén, firmó un comunicado en el que instaba al gobierno central garantizar el diálogo y la paz social. “Manifestamos que no estamos de acuerdo con las acciones legales extremas tomadas por el gobierno central al declarar el estado de emergencia”, agregó.

Asimismo, el Sindicato Único de Trabajadores en Construcción Civil de la provincia de Cotabambas en un pronunciamiento condenaron las acciones del gobierno.

El Ejecutivo, en un comunicado de la PCM, expuso que la intervención de la Policía Nacional no se realizó por decisión de ellos. Por el contrario, que fue invocada por la empresa minera el 16 de abril. El acta de coordinación y exhortación sobre la intervención en defensa posesoria extrajudicial da cuenta de una reunión el 26 de abril entre la Policía Nacional y la minera. Según el gobierno, la intervención no fue una consecuencia del estado de emergencia.

El 29 de abril, los comerciantes y emprendedores de Challhuahuacho demandaron de manera urgente al gobierno de Pedro Castillo instaurar la paz en el distrito. “De lo contrario, responsabilizamos al gobierno central de cualquier acontecimiento fatal que lamentar por su inoperancia”, indicaron. También pidieron a las comunidades acceder al diálogo y cesar la violencia. El Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas (Fredipco) exigió también al gobierno central respetar el derecho a la protesta de las comunidades.

Mientras se definen la condiciones para el diálogo -el gobierno les ha pedido tener una reunión el martes 10-, grupos de las comunidades permanecen en el sector de Manantiales, en Chalcobamba y en terrenos de Fuerabamba, y las declaraciones de algunos integrantes del Consejo de Ministros profundizaron el descontento.

El 30 de abril, el primer ministro, Aníbal Torres, desestimó lo informado por la Defensoría respecto al caso grave de una mujer herida durante el desalojo en Taquiruta.

“En Las Bambas la emergencia se tenía que declarar. […] Verifiquen ustedes la verdad y no inventen cosas. La señora se cayó, se rompió la ceja y la están tratando, no es que haya perdido un ojo”.

Aníbal Torres Primer ministro

Asimismo, el último martes, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry comentó respecto a los comuneros lo siguiente:

“Ellos no pueden hacer lo que les viene en gana. Tienen que respetar al Estado”.

Alfonso Chávarry Ministro del Interior

El pasado sábado, el presidente Castillo recibió en Palacio de Gobierno a Eliseo Huamaní Curihuamani, prefecto de la región Apurímac designado en este cargo por el actual gobierno. El nombramiento de Huamaní ha sido cuestionado debido a que figura como firmante de la organización política Por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). También ingresó Modesto Robles Quispe, quien fue secretario de Organización del Movadef de Abancay (Apurímac).

El último miércoles, seis comunidades de la provincia de Cotabambas se reunieron para acordar una posición multicomunal y rechazar las declaraciones del ministro Chávarry. “Debemos informarle al señor ministro que todo régimen de excepción constitucional debe ajustarse a los principios de proporcionalidad y necesidad”, indicaron en un comunicado los representantes de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Huancuire y Pumamarca.

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A diferencia de los anteriores manifiestos, esta vez son seis las comunidades que conforman una alianza. Romualdo Ochoa, presidente de Huancuire, añadió que su comunidad estaba indignada por lo dicho por el ministro del Interior. “Por qué no viene a conversar antes. No han venido a solucionar. Cobardemente no tienen otra opción y declaran emergencia”, comentó al referido medio.

Walter Melón, presidente de Choaquere, dijo a El Comercio que el gobierno no está tomando interés con una respuesta a la problemática. “El gobierno no respalda a las comunidades, debería dar prioridad, solución a estas comunidades que han apostado por la minería y se debería dar solución. Ahora nos encontramos prácticamente a un costado, el Estado no nos está respaldando a todos”, comentó.

MMG Las Bambas respondió a El Comercio que no se pronunciarán respecto a cuándo se retomaría el diálogo con las comunidades ni sobre el estado de emergencia en la zona. Este Diario intentó comunicarse con el gobernador regional de Apurímac, pero no respondieron nuestra solicitud.

Para Maritza Paredes, socióloga de la PUCP, Pedro Castillo tiene problemas para encarar el gobierno y los conflictos sociales no son una excepción. “La diferencia de este gobierno con otros son las expectativas que se generaron. Es un gobierno que recibió apoyo electoral masivo de estas zonas”, comentó.

Además, consideró que el Ejecutivo “no parece tener un plan claro de qué hacer con estos conflictos. No parece tampoco tener la capacidad de tener actores sociales especializados”.

De igual forma, respecto a las declaraciones que tuvieron los ministros Torres y Chávarry, indicó que “lo único que hacen es azuzar a los líderes y comuneros, a ponerlos en una mala disposición de diálogo”.

Paredes anotó respecto al Estado de emergencia que este gobierno, al igual que los anteriores, “continúa con esa incapacidad de dar una solución definitiva y estructural” a la conflictividad.

“Cuando utilizas una medida que debería ser extrema para una situación que no lo es todavía y no tiene consecuencias porque no soluciona el problema, lo que haces es más bien desprestigiar la institución. Esto lo hemos podido ver también el 5 de abril porque la gente salió sin importar el toque de queda”, agregó.

Finalmente, dijo que el Estado debe reconsiderar qué efectos tiene un estado de emergencia cuando, al igual que antes de declararse esta medida, las comunidades siguen invadiendo predios y la mina sigue paralizada. “Si levantar el estado de emergencia ayuda a que las comunidades tengan mayor disposición para dialogar, no es una mala idea. No puede sacarse la carta del estado de emergencia cada vez que hay protestas”, comentó.

En tanto, Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, resaltó que el estado de emergencia “no es un mecanismo de gestión de conflictos. […] son un último recurso cuando hay una situación de perturbación de la paz. No es una medida arbitraria, pero debe estar justificada”.

Pese a esta situación, Luque considera que las comunidades están ratificando su voluntad de dialogar después de hechos donde se registraron niveles altos de violencia. “Hay que ver con buenos ojos que la dirigencia quiera volver al dialogo”, dijo a este Diario. Coincidió con Paredes respecto a que “el gobierno debe evaluar la medida de Estado de emergencia dictada”, que no es un obstáculo para el diálogo.

“[El estado de emergencia] no es un mecanismo de gestión de conflictos. […] son un último recurso cuando hay una situación de perturbación de la paz. No es una medida arbitraria, pero debe estar justificada”

Rolando Luque Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo

Luque comentó que no han observado como Defensoría “que en el mensaje a la Nación, presentaciones del Consejo de Ministros, haya una exposición clara de estas ideas. Se han cambiado equipos, a personal de dirección que ya tenía un recorrido, experiencia y relación de confianza con comunidades. Esa es una pérdida para un tema tan sensible. Eso no se construye de la noche a la mañana”. Añadió que “no basta muñeca política, improvisación, eso se diluye y no tiene eficacia”.

Aunque considera que los Consejo de Ministros Descentralizados son espacios útiles de articulación, estos no deben ser desnaturalizados. “[…] con esa percepción de que a partir de una medida de fuerza pueden llegar al poder o forzar un Consejo de Ministros Descentralizado. Eso como estrategia es un error porque debilita las estructuras intermedias que son las que conocen el conflicto, las decisiones políticas vienen después. No los cuestiono, son espacios de articulación útiles, pero no deben ser desnaturalizados porque no son asambleas populares y es importante que, si bien la conflictividad social es importante, no son estos consejos donde se van a resolver los conflictos sociales”, estimó.