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El Consejo Directivo del Congreso, integrado por la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces, acordó ayer que los parlamentarios están obligados a presentar su declaración jurada (DJ) de intereses ante la contraloría. De esta manera, mantuvo el régimen excepcional para que los altos funcionarios del Legislativo presenten este documento.
El Ejecutivo estableció, a través del Decreto de Urgencia N°020-2019, la obligatoriedad de la DJ de intereses, pero en una plataforma única, que es administrada por la Secretaría de Integridad Pública y la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
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El acuerdo del Consejo Directivo del Parlamento, al cual tuvo acceso El Comercio, dispone cinco acciones concretas. La primera es que se autoriza a la Oficialía Mayor del Congreso a adoptar las medidas necesarias para “facilitar el acceso a aplicativos o sistemas de bases de datos” implementados por la contraloría para las declaraciones juradas de intereses.
También establece que hasta que se pueda tener el acceso referido líneas arriba, la Oficialía Mayor entregará a los congresistas el formato con los ítems contenidos en el anexo del DU N°020-2019, que incluyen el detalle de las empresas y sociedades en las que se tenga participación, las asesorías realizadas, y la relación de las personas que integran el grupo familiar, entre otros.
El Consejo Directivo, presidido por Manuel Merino de Lama (Acción Popular), refiere que el plazo para devolver este formato lleno no debe exceder los 30 días calendarios, luego de que haya sido recibido por los congresistas.
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(Foto: El Comercio)
Una vez vencido este tiempo, la Oficialía Mayor debe remitir las DJ de intereses a la contraloría, “a fin de que proceda a su resguardo y publicación”.
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El excontralor Fuad Khoury advirtió que el Consejo Directivo del Parlamento no puede, por medio de un acuerdo, precisar o cambiar detalles de la resolución legislativa N.º 004-2020-2021-CR [que tiene rango de ley], que dejaba un vacío respecto a la obligatoriedad de los congresistas de remitir sus declaraciones juradas de intereses al órgano de control.
“Esto tiene que ser aprobado a través de otra resolución legislativa […] Varios de los que no quieren mostrar sus relaciones por alguna razón oscura, no van a presentar [su DJ de intereses] y se van a sujetar a la norma principal. En el sector público las normas tienen que ser expresas, sino buscan una salida para no cumplirlas”, manifestó a El Comercio.
“El acuerdo es de cumplimiento obligatorio”
Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, afirmó si bien una resolución legislativa tiene rango de ley, lo que ha hecho el Consejo Directivo “tampoco es errado”. “El acuerdo es de cumplimiento obligatorio para los congresistas, el Consejo Directivo no es cualquier cosa, es un colegiado interno del Congreso, la contraloría debe recibir los documentos”, agregó.
El exoficial mayor del Parlamento José Cevasco indicó a este Diario que el acuerdo adoptado en el Congreso ha sido la operativizar la resolución legislativa N.º 004-2020-2021-CR.
Explicó que esta resolución legislativa modifica el artículo 23 del Reglamento del Congreso, en el que establece que el Consejo Directivo establece las disposiciones para la presentación de la DJ de intereses de los parlamentarios y funcionarios del Legislativo.
El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, criticó el fondo del tema, en el sentido, de que los congresistas insistan en crear un régimen excepcional al del resto de los funcionarios de otros poderes del Estado. “Confunden a la ciudadanía a decir que solo tienen que rendir cuentas a la contraloría, el DU lo que busca es transparentar intereses, no busca controlar ni hacer investigaciones sobre los documentos que presenten”, acotó.
Este Diario intentó comunicarse con el contralor Nelson Shack y con la secretaria de Integridad Pública de la PCM, Susana Silva, sin éxito.
Más información
El Gobierno publicó, en la víspera, el reglamento para la presentación de la DJ de intereses, que es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios públicos, independientemente del régimen laboral o contractual en el que se encuentren. Este documento consta de siete capítulos, 18 artículos, seis disposiciones complementarias finales y una disposición complementaria transitoria.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, indicó a El Comercio que la constitucionalidad de la resolución legislativa N.º 004-2020-2021-CR “es discutible”, porque, según argumentó, “trasgrede el artículo 94 de la Constitución”.
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