Congreso no se incluye en ley que da independencia a las OCI

El pleno del Congreso aprobó en su sesión del martes, por unanimidad (103 votos), la ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República. La norma contempla la independencia de los Órganos de Control Institucional (OCI), aunque la medida aplicaba para todos, menos para el Parlamento. 

La propuesta de las OCI independientes surgió en el debate del tema en la Comisión de Fiscalización, y tuvo el apoyo de la contraloría que planteó el proyecto que originó esta nueva ley.

El dictamen de la Comisión de Fiscalización que fue puesto a debate en el pleno del martes proponía, en su artículo 19: "La contraloría, aplicando el principio de carácter técnico y especializado de control, designa a los jefes de los órganos de control institucional de las entidades sujetas a control".

La intención de esta modificación era transferir las OCI, debido a que se consideró un “absurdo” que estas sean pagadas por las entidades que son sujetas a control.

Lo que nadie percató es que en el texto sustitutorio final se introdujo un cambio de última hora a lo dictaminado por la Comisión de Fiscalización.

–El cambiazo–
​A pedido del congresista fujimorista Carlos Domínguez, se incluyó el siguiente añadido al artículo 19: "Están exceptuadas los jefes y el personal de órgano de control institucional del Congreso de la República, cuyo régimen laboral y dependencia funcional se rige por las normas que estipular dicho poder del Estado".

Es decir, los Órganos de Control Institucional de todas las instituciones públicas serán transferidas a la contraloría, menos la de del Congreso. El OCI del Parlamento mantendrá su "dependencia funcional".

La relación del Congreso con la contraloría no siempre ha sido colaborativa. En un acuerdo de la Mesa Directiva, del 23 de mayo del 2017, se dio cuenta del Memorándum 109-2017-OAI/CR del auditor general del Congreso, en el que se da cuenta de diversas solicitudes de información de la contraloría.

La contraloría solicitaba información sobre tres temas: la adquisición de juguetes para la Navidad del 2016; la compra de turrones y un vehículo por la modalidad de adquisición directa; y el convenio para el contrato de estacionamientos.

Algunos de esos pedidos surgieron a raíz de oficios enviados por congresistas a la contraloría, en los que pedían una acción de control. Pese a ello, la Mesa Directiva de ese entonces acordó: "Debido a que el órgano de control interno ha llevado a cabo acciones de control sobre el particular y en el marco de la autonomía del Congreso de la República, el auditor general del Congreso no deberá atender lo solicitado".