Alejandro Soto afronta tres investigaciones en Ética: Estos son los casos y lo que sigue en el proceso

La segunda investigación es por haber votado a favor, en segunda votación, para la aprobación de la Ley 31751 (Ley que acorta los plazos de prescripción) y luego haberse beneficiado con esta modificación al pedir su aplicación. El tercer caso por el que Soto será investigado en Ética es por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho y la creación de cuentas falsas para respaldar su gestión.

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La Contraloría había iniciado una investigación en contra de Alejandro Soto debido a que contrató en su despacho a la hermana de la madre de su hijo. Desde agosto del 2021 hasta el 2022, Yeshira Peralta Salas fue contratada como coordinadora de su oficina congresal. Lizeth Peralta, madre del hijo de Soto, acudió a la juramentación del nuevo presidente del Parlamento y saludó al legislador, el pasado 18 de junio, por el Día del Padre. Previamente, el hoy presidente del Congreso había afirmado que contrató como auxiliar de su despacho a Yeshira Peralta Salas apenas fue elegido en las elecciones del 2021 y negó mantener una relación sentimental.

“Claro (que sigue trabajando), dos años. Es una cusqueña. Tuve una relación fugaz y un niño de 11 meses al que se viene exponiendo en algunos medios de comunicación innecesariamente. Yo tengo un acta de conciliación firmada con la madre de mi hijo en el cual me comprometo a pasarle los alimentos, la patria potestad y el régimen de visitas. Por lo tanto no es mi cuñada porque no soy casado ni es mi conviviente”, había dicho a Punto Final.

Alejandro Soto ha sido también cuestionado por haberse beneficiado de una norma por la que votó a favor en el Congreso. Esto le permitió acogerse a la prescripción de un proceso en su contra por el presunto delito de estafa en agravio de la empresa Waynapicchu S.A. (Cusco). El presidente del Parlamento rechazó haberse visto favorecido con la Ley N°31751, vigente desde el 26 de mayo último y que modifica los plazos de prescripción.

“Eso es completamente falso [que la prescripción haya sido hace poco], hace cuatro años que este proceso está archivado a mi favor. Pero por qué se sigue ventilando en el 2023. Dentro de este proceso hay otros involucrados, sube a esa sala por esas dos personas más, y la sala dispone que otro juzgado lo vea”, se defendió Soto.

Finalmente, Soto es señalado por haber realizado el presunto recorte de sueldos de trabajadores de su despacho. Además, trabajadores de su despacho crearon cuentas falsas para dirigir ataques en contra de otros parlamentarios de su región. Según informó Cuarto Poder, los trabajadores de su despacho utilizaban cuentas falsas en Facebook con este fin.

Conversaciones vía WhastApp muestran al trabajador Edgar Gamarra Masco, quien labora en el despacho de Soto, plantear a todo el equipo del legislador utilizar usuarios falsos para evitar cuestionamientos. “Sugiero que utilicen sus cuentas falsas para evitar que nos respondan diciendo que trabajamos con el dr.”, escribió en octubre del 2022 en un grupo de WhatsApp del personal parlamentario de Soto.

De otro lado, Cuarto Poder informó que la trabajadora Penélope Contreras Cabezas, técnica del despacho, recolectaba una cuota mensual a los demás trabajadores para financiar publicidad a favor de Soto en redes sociales.

José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, dijo a El Comercio que no observa desventajas en la aprobación de los tres casos contra Soto por separado. Además, porque cada una de las investigaciones tendrá el mismo plazo. “Cada tema tiene el mismo plazo porque la parte indagatoria, que iniciará Ética, tiene un plazo máximo”, comentó Cevasco.

Explicó que estos deben llevarse por separado debido a que son de naturaleza distinta. “Las votaciones de los congresistas están dentro de lo que significa la inmunidad de voto. No están obligados a la rendición de cuentas por votos. Va a depender de la institución [la interpretación]”, acotó Cevasco respecto a una de las indagaciones iniciadas en contra de Soto.

Por su parte, José Elice coincidió en que al ser tres casos distintos “es muy probable que el tratamiento sea distinto por la complejidad. Es mejor de manera diferenciada para que ningún caso atrase al otro”.

De otro lado, al tratarse del presidente del Congreso, opinó que estas investigaciones deben ser resueltas “en el plazo más breve posible”. “Pueden reducir la parte indagatoria. [...] Yo creo que no más de un mes, ojalá pudiera ser antes. Los plazos siempre se pueden reducir”, añadió.

Debido a que se aprobó el inicio de indagaciones preliminares a las tres denuncias de oficio, culminado el tiempo de indagación preliminar -20 días hábiles para determinar si el hecho denunciado amerita el inicio de una investigación- la Secretaría Técnica de la comisión presenta un Informe de calificación.

Con la votación de la mayoría simple de sus miembros, se dispone el inicio de la investigación. La resolución de inicio de la investigación se expide en un plazo no mayor de cinco días hábiles y se notifica a las partes en un plazo no mayor de tres días hábiles al denunciado.

Una vez notificado el congresista, este tiene el plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos. Luego, en no menos de cinco días hábiles de haber recibido los descargos se cita a una audiencia, que no podrá exceder los 30 días hábiles. De otro lado, el denunciante está obligado a colaborar y presentarse ante la comisión.

La comisión, en no menos de 15 días hábiles a partir del fin de la audiencia, resolverá la denuncia emitiendo un informe en el que concluirá declarando fundada o infundada la denuncia.