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La Comisión Permanente del Congreso de la República otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir informes sobre las denuncias contra el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez y los exlegisladores Héctor Becerril, Jorge Castro y Roberto Vieira.
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Dicha instancia del Parlamento respaldó así los informes de calificación aprobados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Luis Roel (Acción Popular). El pronunciamiento de la Permanente es un requisito para continuar con estos procesos.
Con 24 votos a favor se aprobó que dicho grupo de trabajo indague sobre la denuncia presentada por la congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) contra el fiscal supremo Tomás Gálvez por la presunta infracción de tres artículos de la Constitución.
Según la acusación, Gálvez habría buscado en reiteradas ocasiones obstaculizar la labor del equipo especial Lava Jato al solicitar que los fiscales del equipo especial Rafael Vela y José Domingo Pérez sean retirados de sus puestos, además de promover una investigación interna contra este último.
Otro de los informes evaluados fue el referido a la denuncia de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, por sus presuntos nexos con la banda Los Temerarios del Crimen. Se le imputa haber cobrado coimas para operar como “brazo político” que facilitó obras a pedido de la Municipalidad de Chiclayo.
La propuesta fue aprobada con 25 votos a favor y se otorgó 15 días adicionales de plazo a la Subcomisión para realizar una investigación y presentar el informe correspondiente.
El congresista Gino Costa (Partido Morado) solicitó que esta denuncia se acumule con otras cuatro contra el exlegislador por tratarse “del mismo denunciado, los mismos hechos y en varios casos, los mismos delitos”. El pedido fue respaldado por el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel.
La Comisión Permanente también evaluó el informe de calificación de la acusación presentada por Zoraida Ávalos contra el excongresista Jorge Castro por los presuntos delitos de concusión y violación de correspondencia y aprobó otorgar 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final.
Lo mismo sucedió en el caso que involucra al excongresista Roberto Vieira, con una denuncia que fue declarada como procedente en parte, resultado de haber acumulado dos denuncias diferentes en su contra.
Se trata, en primer lugar, de la acusación del 2019, formulada por Richard Arce, que fue declarada improcedente en un extremo. Solo se admitió la parte en la cual imputa a Vieira la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Esto fue acumulado con la denuncia de Zoraida Ávalos por los mismo delitos.
Las dos carpetas consideran que Roberto Vieira cobró US$25.000 a un primo a cambio de interceder para que el Ministerio de la Producción levante una sanción en contra de una embarcación.
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