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La Comisión de Ética Parlamentaria prevé abordar recién a partir de enero la situación de cuatro congresistas sindicados por la Policía Nacional del Perú (PNP) de ser ‘azuzadores’ de las violentas protestas recientemente realizadas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, luego de la vacancia del golpista expresidente Pedro Castillo.
Como se recuerda, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló hace dos semanas que la PNP señaló a Guillermo Bermejo y Betssy Chávez (Perú Democrático), así como a Edgar Tello (Bloque Magisterial) y Guido Bellido (Perú Bicentenario) como presuntos instigadores de movilizaciones en diferentes zonas del país. Ellos han rechazado tal imputación.
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Por un lado, la Comisión de Ética, que preside Karol Paredes (Acción Popular), dio cuenta de una denuncia contra Bermejo y dos contra Chávez en su sesión del último 19 de diciembre.
En el caso de Bermejo, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) presentó la denuncia “por azuzar a la población incitando al caos social”. Contra Chávez, una denuncia fue planteada también por el citado parlamentario fujimorista “por inconducta ética al vulnerar el estado democrático de derecho” y la otra por la ciudadana Betty Ordinola. Esta, hace unos días, presentó una denuncia constitucional contra la también exministra de Cultura por presuntas infracciones a la Carta Magna.
“He solicitado la acción de la Comisión de Ética porque son inconductas propias de un parlamentario”, aseveró Lizarzaburu a este Diario.
Los casos de Bermejo y Chávez están en etapa de indagación preliminar. De acuerdo al reglamento de la comisión, una vez presentada una denuncia, corre un plazo de 20 días hábiles para determinar si el hecho denunciado amerita el inicio de una investigación.
En comunicación con El Comercio, Karol Paredes comentó que Bermejo y Chávez ya fueron notificados, y aseguró que su grupo trabajará llevando el debido proceso. Si bien el plazo de la indagación preliminar vencería el 18 de enero, la legisladora acciopopulista refirió que “si no hay ningún problema”, se seguirá el calendario normal para discutir el informe de calificación que determine la procedencia o no de las denuncias.
“No puedo hablar de plazos, porque terminamos el 31 de enero esta legislatura. No sé si va a comenzar ahí mismo. Si no, estamos hablando de más de dos meses”, estimó.
Por otro lado, respecto de la situación de Tello y Bellido, Paredes indicó que todavía está realizando la evaluación correspondiente. El pasado 14 de este mes, la titular de la comisión aseveró que se encontraba reuniendo información.
No obstante, Paredes señaló que en la sesión que habrá el 9 de enero podrían verse dichos casos. “Alguien puede presentar por mesa de partes [las denuncias] o de acuerdo a la evaluación que hagamos es por oficio”, explicó.
Total de casos
En el período 2021-2023, durante la gestión de Paredes, la Comisión de Ética ha reportado cien casos [ver infografía]. Los más recientes se refieren no solo a Bermejo y Chávez, sino también a Pasión Dávila (Bloque Magisterial) por haber agredido con un puñetazo a Juan Burgos (no agrupado). Pero este último también ha sido denunciado por Dávila por una agresión verbal.
Por ejemplo, de 78 denuncias archivadas, 19 fueron declaradas procedentes por la secretaría técnica, pero la mayoría decidió desestimarlas. Entre ellas están los casos de Jorge Flores (Acción Popular) por el presunto intento de soborno a un periodista; de Roselli Amuruz (Avanza País) por celebrar su cumpleaños en época de pandemia y presuntamente incumplir medidas de seguridad; Sigrid Bazán (Cambio Democrático) por declarar públicamente en el pleno que se sentía avergonzada del Parlamento; Patricia Chirinos (Avanza País) por haber ofendido a la otrora ministra Betssy Chávez; así como otras denuncias contra Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Ilich López y Juan Mori por el Caso Los Niños, entre otros.
Asimismo, de las 9 denuncias que derivaron en sanciones, al momento solo una ha sido aprobada por el pleno: la de Freddy Díaz (no agrupado), suspendido por 120 días –vence el 7 de enero– tras haber sido acusado de violación sexual por una trabajadora de su despacho.
De ese último grupo, el pleno tiene pendiente desde el 30 de mayo el informe final del caso de Luis Cordero (Fuerza Popular), para quien la Comisión de Ética recomienda una suspensión por 60 días tras ser acusado de presionar a su expareja de inhibirse a comentar sobre presuntas agresiones físicas en su contra.
Desde el 8 de agosto, el pleno tampoco resuelve la recomendación de 120 días de suspensión y descuento de remuneraciones contra Enrique Wong (no agrupado) por presuntamente haber ejercido influencia en el nombramiento de su asesor principal como presidente del directorio de Enapu.
En tanto, ante la Oficialía Mayor, los congresistas acciopopulistas Elvis Vergara y Jorge Flores han apelado el informe final aprobado el 21 de octubre, que recomienda suspenderlos por 120 días y descontarles sus haberes al ser investigados por la fiscalía por presunta organización criminal a raíz del Caso Los Niños.
