Congreso: ¿tendría respaldo la creación de una comisión externa que sancione las faltas éticas y evite el blindaje?

Ello luego de que la Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes (Acción Popular), blindara a tres de los diez parlamentarios denunciados por el presunto recorte de los salarios de sus trabajadores.

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En diálogo con El Comercio, el parlamentario señaló que su propuesta responde a la falta de “resultados” y blindajes protagonizados en la actual Comisión de Ética, presidida por Paredes.

“Esa es una idea mía ante los sucesos que pasan y a veces no hay resultados. No es lo que manda el reglamento del Congreso de la República, pero es mi opinión […] Sé que muchos no la comparten”, expresó.

Cueto indicó que el tema aún no ha sido conversado entre los miembros de su bancada. Asimismo, añadió que se encuentra “sociabilizando” la idea.

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En tanto, la semana pasada, en declaraciones a Canal N, Alejandro Muñante, también integrante de Renovación Popular, respaldó la iniciativa e indicó que está tomando fuerza porque “lamentablemente” la Comisión de Ética no ha venido operando como debería ser.

“Dadas las circunstancias, tendríamos que ponernos todos los congresistas para hacer una comisión externa ad hoc que esté integrada por representantes de instituciones, de organismo o sociedad civil que de alguna manera nos garantice cierta imparcialidad para la toma de decisiones”, apuntó.

No obstante, el portavoz del bloque celeste, Jorge Montoya, no ve con buenos ojos la propuesta. “Los temas del Congreso se deben solucionar en el Congreso. Somos un poder del Estado. El tema ético involucra primero a las bancadas y partidos y luego a la Comisión de Ética”, dijo a este Diario.

A su turno, la parlamentaria Nieves Limachi (Cambio Democrático) afirmó que apoya la propuesta. Sin embargo, indicó que su agrupación aún no ha debatido el tema.

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Los congresistas Flavio Cruz (Perú Libre) e Ilich López (Acción Popular) se mostraron escépticos. Sin embargo, apoyaron la posibilidad de que la iniciativa sea debatida.

“Habría que debatir la propuesta”, enfatizó Cruz. Luego descartó que haya existido algún tipo de blindaje en la Comisión de Ética actual.

“No creo que haya habido blindajes, al menos para quienes conocemos el derecho. No porque sea ética, significa que no haya derecho, terminaríamos siendo arbitrarios y abusivos. No hubo pruebas objetivas y el equipo técnico no propuso con proporcionalidad las sanciones”, dijo.

Por su parte, López respondió que considera que “todas las propuestas que vayan en razón de que se mejore la gestión es bienvenida”.

“Cualquier mecanismo de control es positivo. Sin embargo, hay que ver cuál será el mecanismo procedimental, independientemente de que hay casos de temas éticos. Es importante tomar en cuenta el lado técnico”, opinó.

El legislador subrayó que esperará que la propuesta se presente.

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De otro lado, los legisladores Norma Yarrow (Avanza País), Carlos Zeballos (Podemos Perú) y César Revilla (Fuerza Popular) se pronunciaron en contra de la creación de una comisión de ética externa.

Al ser consultada sobre si respaldaría la propuesta, Yarrow respondió con un contundente “no”.

Mientras que Zeballos dijo que “no ve conveniente” tomar en cuenta la iniciativa. César Revilla recordó que los congresistas ya no tienen inmunidad. Y cuestionó que se plantee un grupo de trabajo externo que tenga la facultad de “controlar” a los parlamentarios.

Para Revilla, la solución a las controvertidas decisiones de la Comisión de Ética es que no tenga miembros con denuncias o cuestionamientos.

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En diálogo con El Comercio, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, aseveró que una comisión externa de ética “reduciría la influencia política” en las decisiones del grupo de trabajo.

Rotta indicó integrantes de una eventual comisión externa serían escogidos “por fuera del Parlamento”. “Eso ayudaría a limitar la injerencia de la dinámica política del día a día, las negociaciones entre bancadas, etc.”, apuntó.

No obstante, advirtió que, para que una iniciativa como este prospere, debe haber voluntad política. Debido a ello, el especialista prevé que la propuesta de Cueto no prosperará.

“La Comisión de Ética no funciona y, claramente, requiere un cambio”, sentenció.

El representante de Proética recordó que en 2017, la bancada de Peruanos por el Kambio presentó una iniciativa para modificar la composición de la Comisión de Ética.

Se trata del proyecto de ley 1023-2016, impulsado por los entonces congresistas Guido Lombardi y Alberto de Belaunde. Este plantea que el grupo de trabajo lo conformen un extitular del Congreso, quien presidirá la comisión. Según la iniciativa, si este fuera militante de algún partido, deberá solicitar su licencia mientras ejerza el cargo,

Lombardi y Belaunde también propusieron que la Comisión de Ética la integren un excongresista, un profesor principal de Derecho de las universidades licenciadas por la Sunedu y dos ciudadanos, uno elegido por la Defensoría del Pueblo y el otro por el Acuerdo Nacional.

La iniciativa plantea, además, que la duración del mandato de los miembros Comisión de Ética sea de cinco años. Actualmente, dura dos.

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Martín Cabrera, especialista de 50+1, discrepó.

Para Cabrera la propuesta de Cueto es inviable debido a que no se logrará un acuerdo político entre las bancadas para que el Parlamento “ceda a un órgano distinto la potestad sancionadora”. Asimismo, advirtió que el eventual órgano de control tarde o temprano podría politizarse.

El especialista de 50+1 indicó que el “problema” no es el mecanismo “actual para las sanciones deontológicas” sino la falta de transparencia para comunicar la situación de cada caso que llega a la comisión. Además, que el grupo de trabajo no agenda los casos de inmediato debido que no tienen la obligación de hacerlo.

Respecto a lo último, Cabrera plantea que se modifique el reglamento del Congreso y de la Comisión de Ética, con la finalidad de que se establezca un plazo para que en “determinados días”, la Mesa Directiva del grupo de trabajo dé cuenta que se presentó una denuncia y esta se califique.

Finalmente, el especialista propone que “no tramitar” una denuncia “debe constituir una falta ética”.