Demandan iniciar investigación contra legisladores señalados como instigadores de violentas protestas

Congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), solicitan que el Ministerio Público emprenda una indagación contra los legisladores Guido Bellido (no agrupado), Guillermo Bermejo (Perú Democrático), Betssy Chávez (Perú Democrático) y Edgar Tello (Bloque Magisterial) luego de ser señalados por la Policía Nacional como presuntos instigadores de las protestas que han escalado en regiones del país.

Los legisladores consideran que este fuero debería atender, en primer lugar, una investigación en contra de ellos. Luego, que estos casos sean vistos en el Congreso.

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El ministro de Defensa, Alberto Otárola, declaró el último lunes que Bermejo es uno de los congresistas interesados en “generar el caos”. Fuentes de la Policía Nacional añadieron a esta lista a los congresistas Bellido, Chávez y Tello. Según información policial, este último estaría facilitando financiamiento para las movilizaciones. Tres de ellos, a excepción de Chávez, han rechazado los señalamientos.

El congresista José Cueto (Renovación Popular) dijo a El Comercio que sí se debe tomar medidas en cuanto a la información revelada. “Hubo rumores sobre esto y entiendo incluso que la Policía Nacional ha investigado y seguido el movimiento de estas personas. También información que los sindican como posibles instigadores”, comentó. Por ello, consideró que es un tema que debe ser investigado por la fiscalía.

Para el congresista este paso es necesario antes de que se inicie algún procedimiento ante, por ejemplo, la Comisión de Ética.

En tanto Jorge Montoya, portavoz de este bloque, coincidió en que “la fiscalía tendría que actuar de oficio por ser un presunto delito”. Luego de eso, añadió que el Congreso debería abordar el caso en Ética u otra comisión al ser cuestiones “serias y graves”.

“Tenemos sus actitudes de los últimos días, ellos están incentivando. Están generando un conflicto social fuerte y causando daño”, agregó Montoya.

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En tanto, en Fuerza Popular las posiciones coinciden con las señaladas por Renovación Popular. Patricia Juárez, vocera de la bancada, dijo que si se trata de presuntos delitos “se tiene que seguir otro procedimiento y ese es la denuncia constitucional”.

César Revilla, vocero alterno, opinó que, si la Policía Nacional “ya tiene indicios”, el tema debería ser visto por la fiscalía para las respectivas acciones.

“Muy aparte de lo que pueda hacer la Comisión de Ética o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se tienen que tomar las acciones de oficio. La fiscalía tiene que actuar porque son presuntos delitos que tienen que ser castigados”, comentó a este Diario.

Señaló también que estos casos deberían ser abordados, de oficio, en la Comisión de Ética. “Creo que tiene que ser de oficio para que luego todos los congresistas puedan votar con plena libertad. El caso ante Ética, pero hablando de un delito, debería irse a la Subcomisión”, detalló.

Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, coincidió en que estas revelaciones tienen que ser vistas en Ética. “No podemos permitir que algunos congresistas y otras autoridades estén azuzando a la población para cometer estos actos que conocemos. Eso debe ser materia de investigación en la Comisión de Ética”, dijo a la prensa en el Congreso.

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También consideró que el Ministerio Público debe tener alguna actuación al respecto. “Esos comportamientos inadecuados de congresistas no deben ser valorados por la población, deben ser de oficio investigados y derivados a la Comisión de Ética”, reiteró.

Finalmente, Eduardo Salhuana, portavoz alterno de APP, comentó a este Diario que “no es novedad que Betssy Chávez se ha puesto al margen de la ley, siendo promotora con Aníbal Torres de este golpe de Estado de Castillo. Sigue en las redes sociales incitando, en el caso de Bermejo sabemos su poca vocación democrática”.

Por tanto, tras esta situación, se deben recabar los suficientes elementos. “No es un tema de Ética, sino de ilícitos penales que deberían ser tramitados ante el Ministerio Público. […] En Ética habría que evaluar porque esto excede el marco de lo ético, es una comisión delictiva”, dijo.

El Comercio intentó comunicarse con la congresista Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, pero no recibimos respuesta.