El Congreso y su demora en instalar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Además, se presentaron las denuncias al suspendido juez César Hinostroza Pariachi y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y contra el excongresista Moisés Mamani por el caso de tocamientos indebidos.

La congresista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, envió el pasado miércoles 29 de abril un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, en el que solicita que se convoque, en la brevedad posible, a la Comisión Permanente para que se conforme la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, “la cual debe avocarse, de manera inmediata y célere, a las causas que se encuentran pendientes”.

Entre los casos pendientes se encuentran las denuncias formuladas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra algunos integrantes del Congreso disuelto. Entre ellos, los casos de los exparlamentarios Karina Beteta, Marvin Palma, Richard Acuña, Clemente Flores, Marita Herrera, Lizbeth Robles y Gilbert Violeta.

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“Nuestro mandato es tratar de viabilizar estas denuncias, que no queden en la impunidad”, dijo la congresista Vásquez a El Comercio. “Desde casos como las acusaciones a los exfiscales Chávarry, Tomás Gálvez, que son casos emblemáticos; pasando por denuncias a parlamentarios del Congreso anterior que están pendientes. Se necesita un pronunciamiento para que procedan las denuncias correspondientes”, agregó la parlamentaria que formuló el referido oficio.

Uno de los últimos casos de exparlamentarios implicados en investigaciones es el de Luciana León. A fines de enero, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca acogió el pedido del fiscal supremo adjunto Ramiro Gonzáles Rodríguez y dictó 36 meses de impedimento de salida del país a León.

“El de Luciana León es un tema pendiente, urgente. Ella no está en funciones, debería proceder a levantar estos fueros”, añadió la congresista Vásquez.

Fuerza Popular: “No hemos acordado proponer ni a Carlos Mesía ni a nadie”

Diethell Columbus, congresista y vocero de Fuerza Popular, dijo que la bancada no ha acordado proponer al congresista Carlos Mesía ni a otro integrante de este grupo parlamentario, luego de las versiones que apuntaban a que él sería una de las opciones para la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Esa es una especulación sin sustento. El partido no ha discutido nada que se refiera a presidir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni mucho menos que Carlos Mesía ni ninguno otro sea presentado por la bancada como candidato”, dijo a El Comercio.

Respecto a la definición de un integrante de la bancada para esta subcomisión, Columbus refirió que esta es una decisión aún no evaluada. “Tendríamos que analizarlo en función de la sobre carga...quiénes tienen mayor o menor sobre carga de trabajo en comisiones y grupos de trabajos, perfil político y profesional. Son varias cosas que tendremos que evaluar. Para llegar a eso, la Mesa Directiva tiene que poner en agenda la conformación de comisiones que faltan”, comentó.

Sin embargo, dijo que Mesía, así como los otros integrantes de la bancada de Fuerza Popular, tienen “las condiciones políticas y profesionales” para asumir cualquier posición en esta subcomisión o cualquier otra comisión.

¿Conformación multipartidaria o proporcional?

Una propuesta planteada por algunos voceros apunta a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sea conformada por un integrante de cada partido –en ese sentido, que se hagan modificaciones– en lugar de la repartición proporcional, como establece el reglamento.

“Una propuesta es un documento formal que hayan presentado y más allá de la idea...es una opinión. Propuesta es algo formal. Los parlamentarios pueden tener mil ideas, pero si nadie plantea una modificación al reglamento, la presenta y sustenta, entonces sigue siendo un tiro al aire. En Junta de Portavoces no se ha alcanzado ninguna propuesta formal para modificar ese tema”, dijo Columbus a El Comercio.

En cuanto a los casos que podría priorizar esta subcomisión, el integrante de Fuerza Popular opinó que debido a que todas las infracciones a la Constitución son graves, se podría asumir un orden de los procesos más antiguos a los nuevos. “No priorizo ni en función de personas ni al peso mediático que puede tener. Si es que hablamos de un orden, iría por la lógica de la presidenta del TC: veamos los casos más antiguos y vayamos bajando la carga procesal de los más antiguos a los más nuevos. Pero ese es un criterio personal”, agregó.

El congresista Omar Chehade, de Alianza para el Progreso (APP), dijo a El Comercio que la bancada está de acuerdo con que se defina la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, proceso que ha tenido demoras –así como con otras comisiones– debido a las contingencias por la emergencia sanitaria.

Respecto a la conformación de este grupo parlamentario, dijo que se tendría que debatir la idea planteada.

“Siempre fue proporcional a la cantidad de miembros de cada partido. Siempre ha sido así. Tendríamos que debatir eso”, comentó. Asimismo, que la revisión de temas que quedaron pendientes en esta subcomisión debe ir acorde al documento dejado por la Comisión Permanente del Congreso disuelto.

“Hay temas que quedaron pendientes del Congreso pasado. Entiendo que el Congreso disuelto tiene que haber entregado una lista de pendientes, en esa lista habría que priorizar los de primera fila. Hay una lista de personajes, no puedo decir nombres, no tengo el documento dejado por el presidente de la Comisión Permanente anterior. Él ha dejado una auditoria de casos pendientes, casos que por su importancia y gravedad requieren su priorización”, dijo Chehade.

Sin embargo, José Vega, congresista y vocero de Unión Por el Perú (UPP), dijo que la bancada apunta a que la conformación de la subcomisión sea multipartidaria.

“Que sea multipartidaria y estén las 9 bancadas. Lo ideal sería que un representante de cada bancada participe, esperamos que eso prospere. El reglamento establece que sea proporcional como las comisiones ordinarias, siempre se ha aplicado de esa manera. Va a depender de la voluntad política”, declaró a El Comercio.

Asimismo, comentó que el caso de la excongresista Luciana León es uno de los temas a zanjar.

En este mismo sentido opina Rennan Espinoza, vocero de Somos Perú, quien mencionó que uno de los puntos de agenda que propondrán en la Junta de Portavoces es cambiar el reglamento del Congreso en este aspectos: variar de proporcionalidad a pluralidad tanto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como en la Comisión de Ética.

“Al cambiarse de proporcionalidad a pluralidad (igual número de representantes por bancada) o 9 integrantes o 18. Actualmente hay 19. La propuesta de Somos Perú es que hayan 9. No hemos decidido bien qué congresista puede ir, pero puede estar una vez que se cambie el reglamento. Hemos conversado con algunas bancadas y las más pequeñas están más conformes con la pluralidad”, dijo Espinoza a El Comercio.

Asimismo, opinó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es una de las más importantes “para desterrar la palabra blindaje”.

Finalmente, las congresistas Zenaida Solís, del Partido Morado; y Cecilia García, de Podemos Perú, comentaron que en sus respectivas bancada aún no se ha conversado sobre cómo podría ser conformada la referida subcomisión.