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La Comisión de Constitución del Congreso de la República espera tener un dictamen consensuado sobre la inmunidad parlamentaria esta semana, según afirmó el titular de este grupo de trabajo, Omar Chehade.
En declaraciones a la Agencia Andina, refirió que aún no se logra que las diferentes bancadas lleguen a un acuerdo sobre esta prerrogativa y espera que la ampliación de la actual legislatura permita lograr un consenso.
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Chehade indicó que son cerca de 15 los proyectos de ley presentados ante dicho grupo de trabajo, en los cuales hay seis tendencias que van desde la eliminación total, hasta que se mantenga con algunas modificaciones.
“Tenemos propuestas como que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la levante, que sea el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y una más que sea a través del silencio positivo administrativo parlamentario”, refirió.
En ese sentido, el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) precisó que ninguna de las bancadas quiere ceder en su posición, por lo que una de las salidas podría ser que se mantenga, pero disminuyendo sus prerrogativas.
“Por esta razón no someto a votación porque no hay un consenso adecuado, más aún porque se trata de una reforma constitucional, esperemos que las bancadas cedan y se pueda llegar a un punto de equilibrio”, enfatizó.
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Por su parte, el vocero de la bancada de Somos Perú, Rennan Espinoza, dijo que la inmunidad parlamentaria es “impostergable” en la agenda de la legislatura ampliada del Congreso y tiene que ser definido con prontitud.
“Corresponde a la Comisión de Constitución resolverlo con prontitud y pasar de inmediato al pleno”, manifestó el legislador, quien recordó que su grupo político busca la eliminación total de la inmunidad o que la JNJ sea la instancia que la resuelva.
El pasado 16 de junio la Comisión de Constitución dejó en suspenso la aprobación de un predictamen para regular la inmunidad parlamentaria, donde se plantea que el levantamiento de esta prerrogativa siga siendo potestad del Legislativo.
La propuesta eliminaba la inmunidad para delitos cometidos antes de la elección como congresista y precisaba que el Parlamento tenía 30 días para resolver el pedido, caso contrario se aplicaba el silencio positivo administrativo.
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El texto también establecía que los congresistas “no puede ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”, excepto en dos escenarios.
El primero en delito flagrante, “caso en el cual el juez actúa de acuerdo a sus atribuciones”. El otro, cuando exista una sentencia condenatoria “por delitos cometidos con anterioridad a su elección”. No detalla si esta debe ser en primera o en segunda instancia.
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