Pedagogía del amor, huevos de codorniz y saleros en restaurantes: algunos de los proyectos más populistas de este Congreso

Se trata de al menos seis iniciativas legislativas que van desde la prohibición de saleros en mesas de restaurantes hasta la obligación de empresas de telefonía móvil de difundir la Constitución Política.

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Martín Cabrera, experto de 50+1 en temas parlamentarios, dijo a este Diario que este grupo de proyectos de ley estarían afectados por un sentido de populismo o una suerte de incentivo populista. “Son normas que aparentemente generarían adhesión, despertarían interés en grupos de electores. De una u otra forma responden a criterios populistas”, mencionó.

Para el especialista, hay un patrón en este grupo de iniciativas: “Desde el punto de vista de la técnica legislativa ninguno de los proyectos de ley se justifica porque ninguno de estos temas que se quieren regular necesitan una ley”. Es decir, se trata de temas que tienen que ver o con los sistemas funcionales o con políticas públicas que tienen que ver con el Estado y gobierno, afirma Cabrera.

“Por ejemplo, el proyecto que promueve al difusión de la Constitución tiene que ver con las políticas educativas, que no necesariamente necesita una ley. O por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo tiene que ver con el sistema funcional que existe para promover la inclusión. Este tipo de leyes en realidad no se justifican porque correspondería una norma de menor rango para regularlas”, resaltó.

Por ello, consideró que en la propuesta de este tipo de leyes hay también una responsabilidad por parte del Ejecutivo al no haber cubierto las brechas que estas iniciativas pretenden. Asimismo, que estas propuestas no responder a un sentido de oportunidad.

“Los puedo definir como un grupo de proyectos de ley probablemente bien intencionados, pero que no estarían respondiendo a un criterio o sentido de oportunidad realista porque estarían ocupando el tiempo que se necesita para debatir otras iniciativas de mayor impacto”, incidió Cabrera.

Finalmente, explicó que los despachos congresales que también se encargan de la elaboración de estos proyectos deberían tener “un mayor criterio al momento de identificar las necesidades de legislar y ocuparse más bien en otros temas que de pronto sí tengan mayor relevancia por reformas estructurales”. “Se justificarían si los problemas no pudieran ser solucionados desde el Ejecutivo”, añadió.

En tanto, César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, comentó que este grupo de iniciativas son el indicio de que se está legislando sin estrategias.

“Lo que vas a tener es una progresiva y acentuada devaluación de la razón de ser de la ley. Las leyes son para ordenar y estructurar el Estado, la sociedad. Cuando se encuentran estas no hacen más que demostrar que se legisla sin un marco estratégico porque no se tiene objetivos o metas que se alcancen con estos proyectos”, cuestionó.

Para Delgado Guembes esta “legislación sin norte” se debe a que no se están definiendo las necesidades. “Como no hay plan estratégico en el Congreso, no se utiliza apropiadamente la agenda legislativa, tienen estos resultados. Es un desorden legislativo que lo que hace es devaluar la razón de ser de la ley”, dijo. Asimismo, considera que esto es un perjuicio porque conduciría a la devaluación de leyes.

“Serían proyectos populistas o que van de acuerdo con una visión cortoplacista de la razón de ser de la ley”, consideró Delgado Guembes. “Son propuestas que no obedecen a una visión global del Perú”, concluyó el exoficial mayor del Congreso.

La congresista Katy Ugarte (No agrupada) presentó el 6 de julio el proyecto de ley para que los restaurantes y otros establecimientos públicos no coloquen saleros en las mesas de consumo, estableciendo que “solo si los clientes lo piden deben traerlos”.

Según los lineamientos expuestos por la congresista, el local debe exhibir en un cartel los efectos negativos del exceso de consumo de sal y sodio. Además, que el sector Salud deberá establecer una política sanitaria para promover hábitos saludables, fijar valores máximos de consumo y desplegar campañas de difusión respecto al consumo de sal.

En la exposición de motivos, la congresista Ugarte señala: “la ingesta de sal y sodio en los alimentos de parte de los ciudadanos es relativamente alta, no se sabe si para generarle mejor sabor a las comidas o porque tenemos varios estímulos como los sales que se ponen en las mesas de los restaurantes y otros establecimientos de atención al público”.

Finalmente, en el documento se considera que la iniciativa legislativa que propone no exponer saleros en mesas de restaurantes puede “lograr una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos”, además de ser una medida económica.

El pasado 9 de mayo, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) presentó un proyecto de ley para establecer derechos, obligaciones, requisitos y condiciones para la comercialización de huevos de gallina y/o codorniz pelado y cocido en la vía pública, así como establecer el segundo viernes de octubre como el día de los comercializadores.

La iniciativa legislativa propone que los comercializadores deberán contar con una licencia municipal para la venta de estos productos. Asimismo, se establecen requisitos como contar con certificados médicos que acrediten buena salud física y mental, ser propietario o propietaria del bien que utilizan para la venta, así como acreditar capacitación previa.

El congresista sustenta la necesidad de este proyecto debido a que en los “últimos años se ha incrementado este tipo de venta de alimentos no solo por sus cualidades alimenticias, sino también por su bajo costo y accesibilidad”. Sin embargo, en el documento no se precisa a cuánto ascendería este incremento.

De otro lado, el proyecto de ley propone establecer obligaciones a los vendedores de estos productos y la posibilidad de que se incorporen al sistema público o privado de pensiones. Quienes incumplan las condiciones establecidas podrían ser sancionados con amonestaciones o multas no mayores a 5% de una UIT.

La congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) presentó en noviembre del 2022 un proyecto de ley para modificar el artículo 4 de la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Ley N°28983) para “precisar el correcto uso del lenguaje inclusivo”. La propuesta es agregar en el inciso 3 que “el correcto uso del lenguaje inclusivo no promueve el desdoblamiento innecesario del lenguaje para referirse a los hombres y mujeres”. Además, que el Ministerio de Educación (Minedu) es responsable de implementar esta disposición en el diseño y elaboración de textos escolares de acuerdo con las pautas.

Es decir, por ejemplo, no referirse a “los” y “las”, y utilizar un término genérico como “los”. Según el proyecto de la congresista Jáuregui, especificar “las” y “los” corresponde a posiciones ideológicas. “La propuesta es una alternativa de solución a la tendencia, cada vez más creciente para hacer mal uso del lenguaje, con la creencia falsa de que ello hará que las mujeres tengan mayores derechos o que se dejará de discriminarlas si se obliga a los estudiantes de primaria y secundaria a hablar de una forma incorrecta utilizando el “los y las” en forma permanente”, desarrolla el proyecto.

El 13 de enero de este año, el Minedu envió al Congreso un informe en el que concluyen que este proyecto de ley no es viable porque el sector está cumpliendo con las disposiciones del lenguaje inclusivo y porque ocasionaría el rediseño de los materiales educativos, impactando negativamente en las tareas de consulta y redistribución, afectando así el derecho de los estudiantes. Finalmente, este proyecto contradice la guía para el uso del lenguaje inclusivo.

El congresista Esdras Medina (No agrupado) presentó el 17 de mayo un proyecto de ley para “garantizar la plena vigencia y difusión” de la Constitución Política a través de la telefonía móvil. De esta forma, la iniciativa legislativa obligaría a las empresas operadoras en el país a implementar las medidas para la difusión de la Constitución.

“Esta obligación deberá realizarse al inicio de la prestación de los servicios, sin perjuicio de que el Reglamento establezca una periodicidad de la misma. Asimismo, en mérito de la medida adoptada, deben garantizar que los usuarios de sus servicios tengan acceso en todo momento a la Constitución Política del Perú, inclusive sin necesidad de acceder a los servicios contratados (telefonía, internet u otros)”, establece el proyecto de Medina.

También se indica que las empresas operadoras deberán entregar los aparatos móviles con una copia digital de la Constitución. El congresista sustenta su propuesta indicando que no se cumple de forma cabal con el principio de publicidad de normas.

“Tal como ha sido acotado a lo largo de la presente propuesta legislativa, en la actualidad, no se cumple de forma cabal con el principio de publicidad de normas, en su dimensión sustantiva, ello ante la ausencia de medidas idóneas para la difusión de la normativa que se promulga desde el seno del Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo vía delegación; es decir que las normas sean publicitadas de manera tal, que se logre su conocimiento de forma efectiva por parte de la población (o por lo menos la gran mayoría, agotándose para ello todos los mecanismos posibles) o que está última, tenga acceso a las mismas o por lo menos a las fundamentales que rigen el Estado o contemplan sus derechos, como lo es caso de la Constitución Política del Perú”, se desarrolla.

El congresista Álex Paredes (Bloque Magisterial) presentó el 12 de mayo del 2022 un proyecto de ley para reconocer y declarar de interés la pedagogía del amor, con impacto en la gestión educativa descentralizada y de otras entidades del Estado.

En la justificación del proyecto se indica que se busca que en todo el sistema educativo se desarrolle el fortalecimiento de una vida saludable y de convivencia democrática con la pedagogía del amor. Asimismo, resolver la “escasa práctica de la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común”. El congresista autor señala también la importancia de la iniciativa al contribuir con la “disminución de la anemia”.

“La pedagogía del amor tiene como propósito instalar en la mente del niño con la participación de las familias la valoración de las actividades que conforman la vida saludable y la convivencia democrática en busca del bien común”, resalta el proyecto de ley.

La congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) presentó el 6 de julio un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares o cualquier otro dispositivo electrónico en las instituciones educativas. Según la iniciativa, se busca reducir la exposición “excesiva” de los estudiantes al Internet así como “reducir la incidencia de enfermedades mentales entre los estudiantes”.

“Los dispositivos electrónicos como los teléfonos inteligentes, tabletas relojes inteligentes u otros análogos, son una puerta abierta al mundo del conocimiento en el Internet, sin embargo, también son utilizados para navegar en redes sociales y acceder a información no corroborada o exclusiva para adultos”, expone el proyecto de ley de Jáuregui.

La congresista propone que el ámbito de aplicación de la ley sea en los niveles inicial, primaria y secundaria de los colegios públicos y privados. Además, que no se podrá hacer uso de otro dispositivo electrónico durante el dictado de clases.

También se busca que el Minedu realice campañas para reducir el uso “excesivo” de celulares en los colegios. Entre los problemas enlistados por Jáuregui por el uso de estos dispositivos incluye la reducción del rendimiento académico, exposición a redes, la falta de socialización, déficit de atención y problemas psicológicos.