Elección del TC: los requisitos y criterios de evaluación que propone comisión especial

Luego de varias semanas de demora, la comisión especial del Congreso que seleccionará a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional tiene previsto sesionar este miércoles desde las 8 a.m., como adelantó el lunes este Diario, con el fin de discutir y aprobar su plan de trabajo y el reglamento para el proceso.

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Según pudo conocer El Comercio, el presidente del grupo, Rolando Ruiz Pinedo (Acción Popular), ha planteado una propuesta en ambos casos, que ha sido entregada a los otros integrantes para su revisión. El reglamento debe ser aprobado por el pleno para que, luego, la comisión defina un cronograma del proceso de selección.

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En el caso del plan de trabajo, el planteamiento es que -a partir de la publicación de la convocatoria para el concurso- transcurran 85 días hasta que la comisión dé cuenta del cuadro de méritos y se convoque a un pleno del Parlamento para la elección final.

En la víspera, el legislador Diethell Columbus (Fuerza Popular) y miembro de la comisión especial estimó que el procedimiento tendría que tomar unos 30 días hábiles y resaltó que más que un acto basado en la meritocracia, “va a terminar siendo un tema de votos”. Por su parte, Tania Rodas (Alianza para el Progreso), secretaria del grupo, estimó que a fines de noviembre podrían conocerse los resultados.

Consultado este martes por lo que establece la Ley N° 31031, que norma el proceso, el legislador Gino Costa (Partido Morado), refirió a este Diario: “La ley no establece un plazo cerrado de 30 o 40 días, simplemente establece un plazo para los procedimientos (de presentación de candidaturas, tachas, entrevista personal y otros). Asimismo, el reglamento aún se encuentra para debate y habrá que discutir entre otras cosas, etapas y plazos que se han incorporado que no se encuentran dentro de la ley”.

Las etapas del proceso

De acuerdo a la propuesta, el concurso tiene dos etapas. La primera contempla las inscripciones, la evaluación del cumplimiento de requisitos formales, la publicación de la lista de postulantes aptos y sus respectivas hojas de vida, un período de tachas y la difusión de los nombres de los candidatos que pasan a la siguiente etapa.

La segunda se refiere a la valoración de las competencias de los candidatos. Así, se harán evaluaciones curriculares, de conocimientos, una entrevista personal, la determinación del cuadro de méritos, la publicación de la lista de candidatos aptos y la entrega de un informe a la Presidencia del Congreso para que se proceda a la elección.

“En cualquier etapa del proceso de selección de candidatos al Tribunal Constitucional, si la Contraloría General de la República emite un informe con observaciones respecto de la documentación presentada por el postulante, este es inmediatamente descalificado del proceso”, se advierte también en el documento propuesto.

En tanto, se propone también que las entrevistas personales y las sesiones de la comisión especial sean públicas, procurando su transmisión en vivo vía el canal del Congreso, TV Perú, Radio Nacional o, cuando menos, Facebook.

Los requisitos

La ley que hizo modificaciones al procedimiento y la Ley Orgánica del TC establecen un panorama general de los requisitos para la inscripción y postulación al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, así como de los impedimentos.

En tanto, la propuesta de reglamento del proceso precisa lo que debería contener la carpeta de inscripción presentada por los postulantes. Entre la documentación requerida están la hoja de vida documentada y copias legalizadas de documentos que acrediten la formación profesional; archivos digitales de las publicaciones que se tuviesen; una constancia de la Contraloría General de haber presentado ante esta la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, así como de gestión de conflicto de intereses, entre otros.

Asimismo, desde la comisión se plantea la presentación de declaraciones juradas que acrediten no ser objeto de investigación preparatoria no tener condena penal por delito doloso.

Igualmente, no haber sido declarado judicialmente en estado de quiebra culposa o fraudulenta; no haber sido destituido o separado de la carrera judicial o del Ministerio Público por medida disciplinaria; no haber sido inhabilitado como abogado por sentencia judicial o por resolución del Congreso; y no haber ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto.

En cuanto a la solvencia moral e idoneidad moral consigna: no registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales; no haber sido destituido en la administración pública ni haber sido objeto de despido en la actividad privada por falta grave; no ser deudor alimentario moroso; no haber sido sentenciado en procesos para la determinación judicial de filiación extramatrimonial o para la determinación de obligaciones alimentarias; no haber sido objeto de imposición de medidas de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; no estar en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles, entre otros.

Los candidatos, de acuerdo a la propuesta, también tendrán que presentar información sobre procesos judiciales, investigaciones fiscales o procedimientos administrativos en los que se esté incurso; la relación de patrocinados o asesorados en los dos últimos años; la relación de asociaciones o colectivos a los que pertenece o ha pertenecido; entre otros.

Los criterios de evaluación por etapas

Una vez que la comisión reciba las carpetas de inscripción, se procederá a hacer la evaluación respecto del cumplimiento de requisitos formales o los impedimentos que existiesen, para luego publicar la lista de personas aptas para ser postulantes. Esto con el fin de que empiece un período de tachas. Una vez culminado este, se pasará a la etapa de evaluación.

Esta comprende tres pasos, según el planteamiento a discutir en la comisión, que suman 100 puntos: la evaluación curricular (25 puntos de calificación como máximo), la evaluación de conocimientos (45, como máximo) y la entrevista personal (30, como máximo). Aquí participarán los postulantes que superaron el período de tachas.

“El puntaje final mínimo para ser incluido en la lista de candidatos aptos que se presenta ante el pleno del Congreso es igual o mayor a 80 puntos. Se admite la calificación con un solo decimal”, señala el proyecto de reglamento.

La evaluación curricular incluye cuatro ítems: la formación académica (grados y estudios), la experiencia profesional, labor de investigación en materia jurídica, méritos y reconocimientos. Respectivamente, según la propuesta, sería una calificación máxima de 10, 10, 3 y 2 puntos (25 en total).

Dentro de cada ítem hay aspectos específicos de evaluación. Por ejemplo, se valora más el grado de doctor y la maestría en derecho constitucional; el haber sido primer puesto en pregrado, maestrías o doctorados o ser autor de un libro en materia jurídica, entre otros.

En cuanto a la evaluación de conocimientos, iniciada luego de la curricular, se propone sea oral ante los miembros de la comisión especial “en mérito a un mérito a un balotario desarrollado de preguntas elaboradas por la Comisión Especial, con el apoyo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, y las facultades de derecho de las principales universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)”.

Se plantea que a cada postulante se le realicen 10 preguntas (cada una de 4,5 puntos) sobre teoría general del Derecho, teoría general del proceso, criterios de emisión o resolución de casos, derecho constitucional (parte general), derecho procesal constitucional, derecho administrativo, teoría de los derechos fundamentales y precedentes del Tribunal Constitucional.

Finalmente, vendrá un cronograma de entrevistas personales en base a preguntas formuladas por el equipo de asesores, la carpeta del postulante, la hoja de vida e información de la contraloría. Los miembros de la comisión especial califican de manera conjunta a cada candidato para determinar si tiene el perfil para ser magistrado del TC, en base a 5 áreas con su respectivo puntaje (total: 30): trayectoria personal (5), trayectoria académica (5), trayectoria profesional (5), posición sobre temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático (5) y solvencia e idoneidad moral para el cargo (10).

DATO

¿Quiénes evaluarán?

La comisión especial del Congreso encargada de elegir a los nuevos magistrados del TC está conformada por nueve legisladores, uno por bancada. De ellos, solo 3 están vinculados al Derecho, según información de las hojas de vida publicadas por la plataforma del el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las recientes lecciones legislativas.

—Rolando Ruiz Pinedo (Acción Popular): estudios no concluidos de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

—José Vega (UPP): no registra estudios universitarios, pero sí estudios concluidos como conciliador extrajudicial en el Colegio de Abogados del Cono Norte.

—Tania Rodas (APP): médico cirujana por la Universidad Nacional de Trujillo y magíster en Salud Pública y Desarrollo Humano por la Universidad Particular Antenor Orrego.

—María Cristina Retamozo (Frepap): no cuenta con estudios universitarios, pero concluyó Contabilidad en el Instituto Tecnológico Certus.

—Diethell Columbus (Fuerza Popular): abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y estudios concluidos en la Maestría en solución de conflictos por la Universidad San Martín de Porres.

—José Luna Morales (Podemos Perú): administrador de empresas por la Universidad Telesup y magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

—Jorge Pérez Flores (Somos Perú): médico por la Universidad Particular de Chiclayo y titulado en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica por la Universidad Inca Garcilazo de la Vega.

—Gino Costa Santolalla (Partido Morado): abogado por la PUCP y doctor en Relaciones Internacionales por la Cambridge University.

—Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio): bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima y doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de Boston.

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