AP plantea incluir como falta grave pasible de destitución a magistrados que liberen a delincuentes

La bancada de Acción Popular (AP), a iniciativa del congresista Wilson Soto Palacios, presentó un proyecto de ley que plantea incluir como falta grave pasible de destitución a los magistrados que concedan libertad a delincuentes.

Se trata de la iniciativa legislativa 6776, que propone modificar el artículo 48 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, para sancionar a los magistrados que liberen a personas vinculadas con el terrorismo, sicariato, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, feminicidio, violación sexual y otros delitos graves.

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En la exposición de motivos se señala que existe una percepción creciente en la sociedad de que, a pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional (PNP), algunos magistrados y fiscales del Poder Judicial y el Ministerio Público “no contribuyen de manera efectiva” en la lucha contra la delincuencia, permitiendo la excarcelación o liberación de delincuentes peligrosos.

“Esta percepción erosiona la legitimidad e imagen de estas instituciones, socava su credibilidad y aumenta la desconfianza en la legalidad y legitimidad de sus decisiones, llevando a la sospecha de posibles actos de corrupción en la administración de justicia”, señaló Soto Palacios.

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Por ello, consideró “coherente y razonable” que las acciones de un magistrado del Poder Judicial que conduzcan a la liberación de delincuentes capturados sean consideradas como una falta grave, sin menoscabar el debido proceso penal correspondiente.

También subrayó que la implementación de esta disposición legal incentivará a los jueces a “ejercer una revisión más rigurosa de sus decisiones”, con el objetivo de prevenir que delincuentes con antecedentes penales reincidan en actividades ilícitas y perturben el orden público.

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“La adición de este numeral al texto normativo busca fortalecer y consolidar la imagen positiva del Poder Judicial. Es fundamental que este poder del Estado cuente con jueces íntegros y éticos, comprometidos con la correcta aplicación de la ley y la administración de justicia”, manifestó.

“A través de sus resoluciones, se aspira a que estas sean ejemplares, fundamentadas en un estricto respeto al marco legal y orientadas prioritariamente hacia la protección y seguridad de la ciudadanía”, agregó.