René Zubieta Pacco

Según el predictamen de la —presidido por — que recomienda no aprobar y archivar el proyecto de propuesto por el gobierno de , se recibió la opinión de distintos especialistas y entidades. De las 19 consignadas, la mayoría expresa un sentir desfavorable sobre la iniciativa.

Pero ese es solo uno de los aspectos considerandos en el documento, al que accedió El Comercio. El predictamen da cuenta de diversas razones para considerar inviable el planteamiento del Ejecutivo.

—Cuestiona el antecedente citado—

Al apuntar que el Ejecutivo toma como antecedente el adelanto de elecciones aprobado en el 2000 en las postrimerías del régimen del hoy encarcelado Alberto Fujimori, el predictamen considera que la crisis política de entonces “no se debió a un enfrentamiento crítico entre los poderes Legislativo y Ejecutivo pues, lejos de existir tal crisis, lo que existía más bien era un entendimiento entre la mayoría parlamentaria con el entonces presidente Fujimori”.

En esa línea, pese a que aquel adelanto de elecciones vino a raíz de dos proyectos —uno de ellos del propio Fujimori—, el documento de la comisión sostiene que aquel proceso solo fue convalidado “de facto”. “Si bien el adelanto de elecciones ocurrió, esto se debió en realidad a la vacancia presidencial aprobada tiempo después de aceptado el adelanto de elecciones, así como a la renuncia de los vicepresidentes a asumir la presidencia de la República, lo que llevó a asumir al entonces diputado Valentín Paniagua tal cargo, activando automáticamente el artículo 115 de la Constitución”, se indica.

—Advierte violación de los límites de la Constitución—

Otro aspecto que considera el predictamen es que el proyecto de Vizcarra afecta los límites constitucionales relacionados a la vocación de permanencia de la Carta Magna y el equilibrio de poderes.

Cuestiona también que el Gobierno proponga un adelanto de elecciones generales por causal de crisis política, cuando “el Perú ha vivido numerosas crisis de diverso tipo, una más fuentes que otras”. Agrega que en los últimos 19 años hubo confrontaciones constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo y “ninguna de ellas, sin embargo, han llevado a una interrupción de períodos de mandato”.

—Niega que Congreso sea obstruccionista—

Frente a la posición del Gobierno respecto a que la crisis política impide llegar a consensos, la Comisión de Constitución cita al legislador fujimorista Miguel Torres para sustentar que datos estadísticos “acreditan que el accionar del actual Congreso ha sido responsable y no es justificado tildarla de obstruccionista”.

En esa línea, se asegura que Torres ha demostrado que el Parlamento no es obstruccionista, “habiendo usado correctamente su función fiscalizadora y de representación”. Por tanto, se afirma que la iniciativa de adelanto de elecciones “no tiene sustento alguno”.

—Falta de sustento en objetivos—

El predictamen recuerda que el Ejecutivo planteó como objetivos de su propuesta optimizar las relaciones con el Legislativo, recuperar la confianza y legitimidad de la clase política y mejorar la representación ciudadana, fortalecerá las instituciones.

Sin embargo, el documento refiere que tales resultados esperados no fueron sustentados adecuadamente ni se condicen con la realidad. A juicio de la secretaría técnica de la comisión, “limita el ejercicio de los derechos fundamentales a elegir y ser elegidos, limita la participación de nuevos partidos políticos, contraviene la normativa interna de elección de representantes, transgrede el principio de separación de poderes y aleja la reconstitución de la representatividad en las instituciones políticas”.

—No mejoraría la economía—

El texto cita a los expertos en materia económica Carlos Adrianzén, Eugenio D’medina y Óscar Dancourt, quienes refirieron que el proyecto del Ejecitivo origina ruido político y “afecta la estabilidad económica”.

Indica, además, que la economía peruiana se encuentra “en situación de enfriamiento y estancamiento”, por lo que “un adelanto de elecciones no va a mejorar la economía ni acabar con la corrupción”.

—Referéndum, vía no idónea—

Como se sabe, el proyecto del Ejecutivo propone que un referéndum —planteado para noviembre del 2019— refrende la eventual aprobación de su iniciativa.

Sin embargo, el predictamen concluye que si bien la consulta popular está prevista en el artículo 206 de la Constitución como una vía para aprobar reformas constitucionales, “no es de recomendable aplicación en determinados casos, ya que puede ser desnaturalizada por un ejercicio abusivo del poder y por la manipulación de la opinión pública”.

Asimismo, apunta que “además de la imposibilidad de someter a referéndum una propuesta per se inconstitucional, existe asimismo el defecto de su sola recurrencia”.

—Inviabilidad técnica del cronograma electoral—

El siguiente es el cronograma electoral que busca adecuar el Poder Ejecutivo:

Sin embargo, el predictamen refiere que dichos tiempos no corresponden propiamente a un cronograma, que es formulado por los organismos electorales.

Asimismo, considera que el Ejecutivo propone que el Congreso se disuelva a sí mismo aprobando su reforma constitucional. Pero advierte que no se está en circunstancias excepcionales que permitan tal escenario.

—Inaplicabilidad de leyes de reforma política—

También se recuerda que el Gobierno presentó en abril del 2019 seis proyectos de reforma política, siendo cuatro los promulgados y publicados en agosto pasado. Se trata de normas referidas a procesos electorales, organizaciones políticas, el delito de financiamiento prohibido, democracia interna —acota la comisión— supuestamente con miras a ser aplicadas en los comicios generales del 2021.

En ese contexto, el predictamen advierte que “una propuesta de adelanto de elecciones generales no solo tiene que ver con la adecuación de plazos y fechas, sino con la regulación de algunos aspectos de manera particular y la inaplicación de normas recientemente aprobadas”.

Por ello, se acusa una aparente contradicción.

—Las conclusiones finales—

En resumen, el predictamen de la comisión del Congreso señala que la propuesta del Ejecutivo y otras iniciativas similares carecen de adecuada sustentación.

Uno de los aspectos mencionados en el apartado de las conclusiones es similar a argumentos que esbozan congresistas de Fuerza Popular —Rosa Bartra, titular de la Comisión de Constitución, es de esta bancada— para rechazar que el Congreso, donde tienen mayoría, sea obstruccionista: “El Congreso ha estado plenamente comprometido con la adecuada gestión del Gobierno, emitiendo leyes especiales para atender la emergencia del norte del país, para aprobar el presupuesto, la emisión de bonos y cualquier otra vinculada a la gestión pública”.

DATO

Para la presente legislatura, la Comisión de Constitución se instaló el 20 de agosto y empezó a abordar la iniciativa del Ejecutivo el pasado 3 de setiembre.



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