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A dos meses y medio desde que el expresidente Alberto Fujimori- sentenciado en el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- presentara una solicitud para acceder a una pensión vitalicia, el Congreso no ha emitido una respuesta. ¿La razón? El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, desea concluir su administración sin polémicas ni sobresaltos.
Fuentes cercanas a la Mesa Directiva indicaron a El Comercio que desde hace unas semanas se ha dado un distanciamiento entre Soto y la bancada de Fuerza Popular. Esto, porque desde el fujimorismo percibieron que el apepista no respaldó a Arturo Alegría, primer vicepresidente del Congreso, frente a una moción de censura en su contra que no prosperó.
Las mismas fuentes detallaron que si el titular del Parlamento no brindó el tradicional discurso de despedida, al terminó de la última legislatura fue porque desde la bancada naranja habían amenazado con levantarse y dejar el hemiciclo. “No quiso pasar por ese desaire”, complementaron.
Soto, al tener este impasse con el fujimorismo y luego de que APP le bajará el dedo a su intención de reelección, ha decidido dejar que sea la próxima Mesa Directiva la que resuelva el pedido de Fujimori.
En junio, el pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de censura contra Alegría. Se le cuestionó por su manejo del pleno, donde se aprobó una reforma a la AFP impulsada por el fujimorismo. (Foto: Archivo GEC)
Fuentes cercanas a Fuerza Popular confirmaron hubo “fuertes diferencias” con Soto por haber puesto a debate la moción de censura contra Alegría. “Dejó un sabor amargo”, complementaron.
En comunicación con este Diario, el subsecretario del partido fujimorista, Miguel Torres, dijo que espera que la respuesta a la solicitud de Fujimori “se dé conforme a los tiempos normales”. “No hay desesperación por ese tema, y descarto cualquier tipo de presión. Entiendo que se han solicitado todos los informes a las oficinas correspondientes”, expresó.
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Elio Riera, abogado del expresidente, indicó que no han recibido ninguna respuesta por parte del Congreso.
“Por el momento, mi prioridad está centrada en el juicio del Caso Pativilca, una vez que estemos al día, se verá ese tema administrativo [la solicitud de pensión]. Vamos a dejar que el Parlamento trabaje, entiendo que van a resolver conforme a derecho”, expresó.
Este Diario intentó comunicarse con el presidente del Congreso, pero este no respondió a nuestras llamadas ni mensajes. Lo mismo sucedió con Giovanni Forno Flórez, oficial mayor del referido poder del Estado.
Fujimori perpetró el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado. Ese día cerró inconstitucionalmente el Congreso y ordenó la intervención del sistema de administración de justicia, entre otras medidas.
“Existe el temor de tomar decisiones”
Al respecto, el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que el apepista “no tiene la valentía para decirle ‘no’” a la solicitud del ex jefe de Estado.
Rospigliosi remarcó que a Fujimori- quien dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992- no le corresponde ningún beneficio como exmandatario. Explicó que el artículo de la Ley N°26519- que creó la pensión vitalicia para los exmandatarios- establece que se suspende este derecho cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declara su inocencia.
En la década de 2000, el Congreso aprobó una serie de acusaciones constitucionales contra el ex jefe de Estado.
“Este ya es un tema político, existe el temor de tomar decisiones y de no molestar a ciertas bancadas. Y esta Mesa Directiva ya actuó mal, porque le han dado al señor Fujimori un asistente y vales de gasolina, cuando se debió negar todos los pedidos que hizo”, manifestó Rospigliosi en diálogo con El Comercio.
Fujimori solicitó a fines de abril último acceder a una pensión como expresidente. (Foto: El Comercio)
También refirió que la N°26519 debería ser derogada, porque, a su consideración da “beneficios injustificados” a los expresidentes. “Los exmandatarios merecen respeto, un lugar en los libros de historia, pero no que se dilapiden recursos públicos en sus nombres”, acotó.
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El abogado constitucionalista Erick Urbina afirmó que a Fujimori no le corresponde recibir una pensión como expresidente.
Además de los impedimentos de la ley N°26519, Urbina remarcó que el expresidente tiene una serie de condenas en su contra, y que el indulto que recibió no anula estas.
En comunicación con El Comercio, Urbina dijo que el Congreso debe resolver con el mismo criterio con el que le negó una pensión al expresidente Pedro Castillo, quien fue vacado tras dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Añadió que con el profesor el Parlamento demoró menos de tres meses en resolver en dos instancias.
“A igual razón, igual derecho, lo que corresponde es que el Congreso niegue esta solicitud. A mí juicio, hay una intención política de retrasar un pronunciamiento del Parlamento, tal vez con la intención de modificar la ley y beneficiarlo”, finalizó.
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Los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski reciben pensiones del Congreso por S/15.600 cada mes. El primero afronta juicio oral por los presuntos sobornos de Odebrecht por las obras de la carretera Interoceánica Sur.
Humala también afronta juicio oral por presuntamente recibir aportes de Odebrecht para su campaña de 2011. Y PPK es investigado por consultorías que realizó para la firma brasileña, tras haber sido titular del MEF en el gobierno de Toledo.
Los exmandatarios Manuel Merino y Francisco Sagasti no tienen este beneficio, luego de que la Comisión de Constitución, en un informe que interpretó la Ley N°26519, estableciera que la pensión solo les correspondía a los jefes de Estados elegidos en las urnas y no a un titular del Congreso que asume el cargo por sucesión constitucional.
El expresidente Martín Vizcarra tampoco recibe una pensión del Congreso, luego de que este aprobara una denuncia constitucional por el “Vacunagate” que lo inhabilitó por 10 años.
