La decisión de otorgarle la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue aprobada por funcionarios del Congreso de la República vinculados al partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), reveló “Cuarto Poder” este domingo.
Una de ellas es Haidy Figueroa Valdez, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Ella milita en APP desde el 2014, según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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No obstante, en su declaración jurada, Figueroa negó pertenecer a alguna organización política.
Otro funcionario implicado es José Rubio Preciado, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Él firmó el documento que sustenta legalmente que Fujimori sí puede beneficiarse con la Ley 26519, que establece el beneficio de una pensión vitalicia para expresidentes.
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Rubio es abogado e intentó ser juez de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, pero fue desaprobado tras obtener 23 puntos sobre un mínimo de 65. También trabajó para el Gobierno Regional de La Libertad en setiembre de 2016.
Rubio fue cesado como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso 10 días después de opinar en favor de otorgar una pensión vitalicia a Fujimori.
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Al ser consultado por el caso, se negó a declarar aludiendo problemas de salud: “Estoy fuera del Congreso en este momento. No me acuerdo sinceramente […] En cuanto a la garganta, me siento muy mal ahorita, no le puedo seguir contestando”, dijo.
Exfuncionarios de César Acuña
El antecesor de Rubio también está vinculado al Gobierno Regional de La Libertad y es aportante de campaña de APP, de acuerdo con “Cuarto Poder”. Se trata de Jorge Luis Torres Saravia, quien volvió al cargo tras la salida de Rubio.
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Torres tiene un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad en la Universidad César Vallejo y trabajó para el Gobierno Regional de La Libertad durante 10 años.
Además, aportó S/5.000 a la candidatura del excongresista y actual secretario general de APP, Luis Valdez Farías, de quien fue su asesor principal desde marzo de 2020 a julio de 2021.
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Alberto Fujimori solicitó al Congreso su pensión vitalicia el 29 de abril. El 3 de mayo, después de 5 días, la oficina legal aceptó su pedido.
Luego, el 10 de mayo, el funcionario Willian Alcántara Infantes, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, autorizó el desembolso para la pensión, pese a que no estaba incluido en el presupuesto anual.
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Alcántara es doctor en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo y fue asesor principal del excongresista Richard Acuña Núñez en dos oportunidades.
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