Congresistas de diferentes bancadas presentaron este martes una moción para interpelar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, por la decisión del Gobierno de permitir la excarcelación del condenado expresidente Alberto Fujimori, pese a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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La tarde del 6 de diciembre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que depende del Ministerio de Justicia, anunció que acataría la orden del Tribunal Constitucional y excarcelaría a Fujimori Fujimori, cuya condena a 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta terminaba recien en el 2032.
De aprobarse la moción en el pleno del Cogreso, Arana deberá presentarse para responder el pliego interpelatorio de 12 preguntas. En caso las explicaciones no hayan sido satisfactorias, los legisladores pueden presentar un pedido de censura, que, de prosperar, obligaría al ministro a renunciar al cargo.
La moción de interpelación fue presentada por Sigrid Bazán con el respaldo de otros legisladores de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Perú Libre, no agrupados, así como Elías Varas (Perú Bicentenario) y Carlos Zeballos (Podemos Perú).
El documento precisa que el 14 de marzo del 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia por los casos Barrios Altos y La Cantuta para disponer que el Perú haga las diligencias adecuadas para dar con los responsables de ambas matanzas.
Asimismo, que el 7 de abril del 2009, la Corte Suprema sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de homicidio calificado.
En diciembre del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) indultó a Alberto Fujimori. Luego, el fallo de la Corte IDH del 30 de mayo del 2018 obligó al Estado peruano a revisar la gracia presidencial y fue el Poder Judicial el que detectó “irregularidades en la tramitación del indulto” por lo que la decisión fue revocada y Alberto Fujimori regresó al penal de Barbadillo.
El 6 de diciembre de este año, el Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de Fujimori. Esto ocurrió a pesar que la Corte IDH había solicitado abstenerse de liberarlo hasta que la corte pueda contar con elementos suficientes con los cuales determinar cómo se estaba cumpliendo con las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.