Defensa legal de Alejandro Soto por investigación sobre presunta red criminal le costará S/70.000 al Congreso

El Congreso de la República otorgó -el pasado 12 de abril- la buena pro a un estudio de abogados para que defienda a su titular, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), en la investigación que se le sigue por sus presuntos nexos en la organización criminal que estaría liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Según el documento al que accedió este Diario, será el Estudio Bramont – Arias Torres EIRL, cuya oferta económica asciende a S/70.000, el que se encargará de la defensa del presidente de ese poder del Estado ante la Fiscalía de la Nación.

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Asimismo, detalla que dicho estudio de abogados cumple con los nueve ítems de la documentación de presentación obligatoria, que determina si la oferta responde a las características y/o requisitos fundamentales y condiciones de los términos de referencia.

Como se recuerda, Soto Reyes es uno de los 14 parlamentarios investigados en relación con la presunta red criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación.

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Al presidente del Congreso se le atribuye, a nivel preliminar, se autor de los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico en “concurso ideal”.

Según la tesis fiscal, Alejandro Soto habría aceptado someter a debate en el pleno una moción contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ),”solicitando como ventaja” que Patricia Benavides archive una investigación que seguía en su contra.

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Según Jaime Villanueva, Patricia Chirinos lo llamó para indicarle que “en el Congreso no querían agendar la moción”. El exasesor de la exfiscal de la Nación le informó de esto a Patricia Benavides y le dijo que “se tenía que hablar” con Alejandro Soto.

Según la versión del ahora devenido en colaborador eficaz, Benavides Vargas le dijo que contactó al legislador; mientras que Abel Hurtado, coordinador parlamentario de la fiscalía, le dijo que el personal de Alejandro Soto le manifestó lo mismo.