Alejandro Soto es el nuevo vocero de la bancada de Alianza para el Progreso

El legislador Alejandro Soto, cuya gestión como presidente del Congreso se caracterizó no solo por el silencio con la prensa, sino por entablar querellas contra los periodistas que lo investigan o cuestionan, fue elegido vocero titular de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) para el período 2024-2025.

Jorge Marticorena, quien se unió hace menos de un mes a la bancada de APP, y Nelcy Heidinger fueron designados como portavoces alternos.

Marticonera ingresó al Congreso de la mano de Perú Libre, luego renunció y formó parte de Perú Bicentenario, hasta hace una semana que renunció y se conoció que se sumó al bloque liderado por César Acuña.

Soto, durante su paso como presidente del Parlamento, se caracterizó por su mala relación con la prensa y por los juicios que entabló a los periodistas que criticaban su gestión u opinaban de las denuncias en su contra.

Por ejemplo, la última vez que dio una entrevista a un medio de comunicación fue el 7 de agosto del 2023, ya que luego optó por solo emitir comunicados en las redes sociales y no responder directamente las preguntas de los periodistas sobre temas controversiales aprobados en el Parlamento.

Además, interpuso una denuncia por un presunto reglaje al periodista de “Cuarto Poder” José Miguel Hidalgo, quien destapó que el expresidente del Legislativo mintió sobre su relación con la madre de su hijo, Lizeth Peralta Salas, ya que ambos viven en un edificio de Surco.

En junio, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pidió Soto que retire su denuncia, la que calificó como “descabellada -pero peligrosa-”.

El 12 de julio, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un comunicado en el que alertó que Soto había presentado una querella por difamación agravada contra la periodista Yéssica Bazalar, del medio de comunicación “Cusco en Portada”, por haber emitido una opinión. Y que era la tercera querella por difamación contra la periodista.

Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico de IPYS,señaló en aquel momento que “esta querella confirma un patrón de comportamiento antidemocrático del señor Soto, que consiste en recurrir a la amenaza penal para responder y evitar cuestionamientos a su actividad pública”.