Alejandro Soto: los argumentos que se dejaron de lado para blindarlo por “troll center” en su oficina

Después de poco más de dos meses, donde afrontó casi una denuncia por semana, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), respira más tranquilo hoy. El último lunes, sus aliados en la Comisión de Ética lograron blindarlo de dos de las tres acusaciones que pesaban en su contra y que podían llevarlo, a largo plazo, a dejar el cargo.

Una de las indagaciones enviadas al archivo-gracias a los votos de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial y Somos Perú- fue la referida al presunto recorte de salario de parte de Soto a sus trabajadores para financiar la publicidad en sus redes sociales y la instalación de un “troll center” en su oficina para atacar a sus oponentes.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Ética consideró “necesario iniciar la etapa de investigación” a Soto, al tener una serie de dudas sobre la actuación del apepista.

En el documento detallaron que se debía determinar si el presidente del Congreso había infringido o no los artículos 1, 4, 5 y 8 del Código de Ética Parlamentaria.

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El artículo 1 establece que un congresista “en su conducta” debe dar el ejemplo de su vocación de servicio al país y su compromiso con los valores que inspiran al Estado democrático de derecho.

Además, el inciso C del artículo 5 subraya que los parlamentarios deben “responsabilizarse sobre toda la documentación que contenga su firma y sello congresal que se haya generado en su despacho congresal, comisión u otro órgano parlamentario que integre o presida”. “Esta responsabilidad incluye tanto a los instrumentos procesales parlamentarios como todo otro documento emitido en razón de las labores parlamentarias”, agrega.

Y el artículo 8 advierte que “está prohibido solicitar al personal realizar labores personales o cualquier otra actividad que pueda ser considerada ajena a la función parlamentaria”.

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Los tres hechos

El informe de calificación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética recoge tres reportajes de “Cuarto Poder”, a través de los cuales se reveló que los trabajadores de la oficina de Soto Reyes entregaban una contribución para pagar la publicidad en Facebook y otras redes sociales del apepista.

En un conjunto de chats, que también son citados en el documento, queda en evidencia que Phenelope Contreras Cabezas fue la colaboradora de Soto responsable en recolectar la “cuota voluntaria”.

El Comercio informó que Contreras Cabezas, quien se desempeña como “técnica” parlamentaria, realizó las transferencias a la empresa Meta para cubrir la publicidad de 90 publicaciones del político cusqueño.

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La Comisión de Ética, dirigida por Diego Bazán (Avanza País), también indica que el segundo hecho de la denuncia de oficina remarca que los trabajadores de Soto, “en horario laboral, habrían coordinado y desarrollado acciones destinadas a mejorar la imagen política” del titular del Parlamento en redes sociales, “lo cual incluía atacar a sus opositores mediante cuentas falsas y eliminar los comentarios de los detractores políticos”.

Y, además, presenta una serie de chats, donde los principales asesores del apepista atacan y agravian a los congresistas Luis Aragón (Acción Popular) y Guido Bellido (Perú Bicentenario). También cuestionan a Ruth Luque (Cambio Democrático-JP) por haberse retirado de una sesión de la Comisión de Ética, donde se votó y archivó una denuncia del ex gobernador regional del Cusco contra Soto. Este último había azuzado a violencia en su contra en el programa “Ronda Política”.

“Esos lápices se pasaron después q nuestra bancada le salvó la vida a ese sombrero luminoso. El doctor me dice que anotemos las placas y q su firma no va en el proyecto de ley de la Luque”, refirió Sandra Rodríguez en la conversación. Ella continúa siendo la principal asesora de Soto en la Presidencia del Congreso.

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La Secretaría Técnica de la Comisión de Ética también tomó en cuenta la declaración de Edgar Gamarra, quien fue hasta hace poco uno de los colaborades más cercanos al apepista. Él negó que el congresista le ha solicitado parte de sus remuneraciones.

“Como se advierte de la información obtenida, no existe una única versión sobre este hecho; por lo tanto, resulta necesario que la comisión pase a la etapa de investigación, a fin de recabar mayores elementos de juicio que le permita determinar si los mencionados aportes han sido realizados de manera voluntaria o por órdenes del congresista Alejandro Soto Reyes”, subrayó el documento.

También señala que en esta nueva etapa debían recibir “las declaraciones testimoniales de los trabajadores y extrabajadores involucrados”.

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El tercer hecho imputado a Soto es que él sí tenía conocimiento de las coordinaciones hechas por sus trabajadores para atacar a sus rivales políticos en redes sociales, a través de cuentas falsas.

Rodríguez, en un chat difundido por “Cuarto Poder”, advierte al personal de la oficina del apepista que “No saldrá del despacho ninguna acción ni actividad incluidos videos que no tengan la autorización del congresista bajo responsabilidad de ser retirado del despacho”.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Ética refirió, en su informe, que el artículo 13 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso de la República indica que “el personal de confianza de los congresistas labora bajo las directivas y supervisión de este último”.

Por ello, añadió, que era “necesario determinar si el congresista Soto Reyes tenía conocimiento o no de las acciones que habría realizado su equipo técnico de despacho para resaltar su imagen política frente a la opinión pública, incluso atacando a otros congresistas representantes también de la región Cusco”.

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El documento también sostiene que, al tratarse trabajadores de confianza, “estos debían desempeñarse en ejercicio de sus funciones conforme a las orientaciones que el parlamentario debía impartir”.

Por estos argumentos, determinaron que resultaba “ineludible” que la Comisión de Ética “pase a la siguiente etapa”, es decir a una investigación para “obtener mayores elementos de convicción para establecer si el congresista Alejandro Soto Reyes ha infringido o no la ética parlamentaria”.

Sin embargo, los parlamentarios Rosangella Barbarán, David Jiménez y Cruz Zeta (Fuerza Popular); Nelcy Heidinger y Cheryl Trigozo (APP); Álex Paredes (Bloque Magisterial); Héctor Valer (Somos Perú); y Margot Palacios (Perú Libre) no tomaron en cuenta el informe técnico y votaron por archivar la indagación a Soto.

“Un blindaje más radical”

El analista político Pedro Tenorio consideró que el blindaje a Soto en dos de las tres denuncias que tenía en la Comisión de Ética es “una agudización” de esta actitud.

“Se ha generalizado que en el Parlamento se blinden unos a otros, salvo en casos flagrantes, donde haya evidencias demoledoras, como contra María Cordero Jon Tay. En este tipo de situaciones no pueden hacer espíritu de cuerpo, a ella no la pueden blindar, porque el tema [el recorte de salario] ya es muy grave [al tener chats y audios como evidencia]”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Tenorio refirió que en la acusación contra el presidente del Congreso por presunto recorte de sueltos y el montaje de un “troll center” en su oficina para atacar a oponentes sí existían los elementos suficientes para que, al menos, la Comisión de Ética desarrolle una investigación a fondo.

“Esto no va a llegar al pleno, tampoco se va a discutir a profundidad en la comisión, se ha optado por un modelo de blindaje mucho más radical del que existía antes”, alertó.

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Tenorio, además, sostuvo que Soto buscó “un atajo” al designar a Jorge Luis Torres Saravia, cercano a APP, como jefe de la Oficina Legal y Constitucional, para que luego este emita el informe N°024-2023-OLCC-OM, a través del cual lo exculpó por la contratación de Yeshira Peralta Salas, tía de su hijo, como auxiliar en su despacho.

“Ya no hay ese escrúpulo, esa preocupación que había antes por mantener una imagen acorde a la importancia del cargo, lo único que les interesa es mantenerse en el poder y ese es un patrón que van a seguir todos los integrantes de la Mesa Directiva que sean cuestionado, si Soto lo hace, ellos también”, acotó.

El analista Jeffrey Radzinsky dijo que la protección a Soto en la Comisión de Ética constituye “la continuidad de la complicidad e impunidad” que existe en el actual Parlamento. “Se ponen de acuerdo los aparentes fiscalizadores, que en la práctica terminan acordando para no investigarse entre sí, no sancionarse entre sí”, remarcó.

Radzinsky, en diálogo con El Comercio, dijo que la ciudadanía se ha acostumbrado a “tantos escándalos” y a “una crisis política tan prolongada” que un blindaje más, no le genera una reacción.

“Esto ha tenido muy poca repercusión en el debate público, de lo que ha pasado con el presidente del Congreso, la mayoría no debe estar al tanto. No existe un deseo de la ciudadanía por informarse. Estos episodios comprueban la lejanía y distancia de gran parte de la ciudadanía sobre asuntos políticos”, expresó.