Congreso pagó más de S/1,4 millones a Alejandro Toledo por pensión en los últimos seis años y medio

Fujimori fue condenado, en el 2009, a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, mientras que Castillo Terrones cumple dos órdenes de prisión preventiva, una por haber perpetrado un golpe de Estado el 7 de diciembre pasado y la otra por los presuntos delitos de crimen organizado, tráfico de influencias y colusión.

El artículo 2 de la Ley N°26519, que creó la pensión vitalicia para los exmandatarios, establece que se suspende este derecho cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declare su inocencia.

Durante la administración de Toledo (2001-2006), el Congreso aprobó una serie de acusaciones constitucionales contra Fujimori por actos de corrupción, por encubrir la fuga de Vladimiro Montesinos y por los crímenes del Grupo Colina en Barrios Altos y La Cantuta, entre otros.

El actual Parlamento, en febrero último, respaldó una acusación constitucional contra Castillo Terrones por organización criminal, entre otros.

Toledo Manrique ha recibido un total de S/1′419.600 desde marzo de 2017. Es decir, un mes después de que el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenara 18 meses de prisión preventiva para él, por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de las obras de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

El 11 de febrero de 2017, el Congreso, presidido por la fujimorista Luz Salgado, decidió retirar al otrora líder fundador de Perú Posible los siguientes beneficios: un automóvil Kia que tenía en calidad de préstamo, 150 galones mensuales de gasolina para ese vehículo, y a la persona asignada en la modalidad CAS con un sueldo no mayor a S/3.700. No obstante, la pensión vitalicia y los seguros los mantuvo.

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José Cevasco, quien fue oficial mayor del Parlamento en ese entonces, explicó a El Comercio que no podían suprimir este depósito, porque Toledo goza de la presunción de inocencia.

“Él tenía una orden de prisión preventiva, pero no una sentencia, no podíamos quitarle la pensión. Si aún falta el proceso, cómo le recortas eso. Incluso, el fallo condenatorio tendría que estar consentido para que esto se dé. El Congreso debe esperar, incluso, una comunicación del Poder Judicial [cuando la sentencia esté firme] para tomar la decisión”, manifestó.

Cevasco refirió que el Parlamento debería sincerar la situación de los expresidentes, en el sentido de que el Ejecutivo es la entidad que debería cubrir el pago de estas pensiones.

“¿Por qué el Congreso tiene que asumir este gasto? En todo caso la Presidencia de la República o la Presidencia del Consejo de Ministros deberían pagar esto”, acotó.

Las pensiones de los expresidentes de la República

*La viuda del expresidente Valentín Paniagua accede a una pensión mensual por S/15.600. En el caso del fallecido exmandatario Alan García, la ex primera dama Pilar Nores (S/7.800) y su hijo menor (S/7.800) tienen este beneficio.

Retención de un monto

Durante los seis años que Toledo no dio la cara a la justicia peruana, el expresidente recibió en total S/1′326,600.

Fuentes de la Procuraduría Ad Hoc Lava Jato indicaron a El Comercio que desde fines de marzo de 2017 se la hace una retención de un porcentaje de la pensión vitalicia que el exmandatario cobra del Parlamento. “No se le quita todo, porque esto afectaría un derecho. Se guarda en una cuenta judicial para garantizar el pago de una eventual reparación civil”, agregaron.

En enero de 2020, la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente ratificó el fallo de Concepción Carhuancho que dispuso el embargo de la pensión y gratificaciones del ex líder de Perú Libre. El Comercio tuvo acceso en setiembre del 2021 a un documento de la Dirección General Parlamentaria, donde esta área informa que el Poder Judicial retiene S/4.500.

Fuentes del área administrativa del Parlamento indicaron que el pago pensionario a los expresidentes es de casi S/10.000, tras los descuentos que se realizan.

El resto del dinero (que ascendería a unos S/5.500)- según informó Roberto Su, abogado del expresidente, a El Comercio- lo cobran los hermanos de Toledo.

“Los familiares del señor Toledo en Lima tienen un poder [entregado por el exmandatario], ellos hacen las gestiones ante el Congreso [para acceder al resto del dinero]”, sostuvo.

Su indicó que una parte de sus honorarios los cubre el Estado, a través del programa que brinda asistencia legal a los ex altos funcionarios, y otra los familiares de su cliente.

“No sé como hacen. Ellos tienen el manejo económico [de parte de la pensión de Toledo]”, remarcó.

El dinero que cobró Toledo desde que le dictaron prisión preventiva en febrero de 2017

**De acuerdo a fuentes de la Procuraduría Ad Hoc Lava Jato, el expresidente Toledo se le ha retenido, por orden judicial, S/344.834 de la pensión que le abona el Congreso para el eventual pago de una reparación civil. Esta cifra sube a S/452.318, a raíz del embargo de cuatro vehículos.

El lunes 16 de octubre, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Nacional tiene previsto dar inicio al juicio oral contra Toledo por el Caso Interoceánica. El Ministerio Público ha solicitado que se le condene a 20 años y 6 meses de prisión por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

Parlamento puede establecer candados

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró “una tremenda negligencia” que ni el Congreso ni otras instituciones, como la Fiscalía de la Nación, hayan adoptado medidas para modificar la Ley N°26519 y establecer mayores candados para el cobro de la pensión vitalicia de los expresidentes de la República.

“Era de conocimiento público que el expresidente Toledo estaba en condición de prófugo, así como los enormes esfuerzos financieros que ha hecho el Estado peruano para traerlo de vuelta, el Congreso ha demostrado falta de empatía y de respeto a los ciudadanos. Se pudo crear una norma o modificar la existente para establecer restricciones”, expresó a El Comercio.

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Maldonado indicó que el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado también pudieron plantear cambios a la referida norma.

Explicó que, así como en la actualidad la ley indica que la pensión vitalicia a favor de un expresidente se suspende cuando el Parlamento ha aprobado una acusación constitucional en su contra, también se deben incorporar otras situaciones, como que afronta un proceso penal en etapa preparatoria, o rijan sobre él medidas coercitivas, como la prisión preventiva, y/o no se presente ante la justicia cuando es requerido.

“Se debe poner candados, corregir los vacíos de esta norma, estableciendo mayores filtros”, acotó.

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El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, indicó que dentro del Congreso se pudo plantear una fórmula que pueda suspender el pago de pensiones a expresidentes, mientras duren las investigaciones en su contra y el Poder Judicial determine si es culpable o inocente de los cargos que se le imputan.

“Pero ni siquiera hubo esa discusión. En vez de discutir una solución para ciertos casos, donde podría haber una suspensión, el Congreso complementario trató de suprimir el beneficio para todos los expresidentes, para quitárselo a Francisco Sagasti”, mencionó a El Comercio.

Rotta afirmó que, desde el punto de vista ético, Toledo, al estar prácticamente prófugo de la justicia peruana durante seis años y siendo investigado por actos graves, no debió cobrar su pensión. “Ha sido poco oportuno”, acotó.

Más información

Los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski también reciben pensiones del Congreso por S/15.600 cada mes. El primero afronta juicio oral por presuntamente recibir aportes de Odebrecht para su campaña de 2011. Y el economista es investigado por consultorías que realizó para la firma brasileña, tras haber sido titular del MEF en el gobierno de Toledo.

Los exmandatarios Manuel Merino y Francisco Sagasti no tienen este beneficio, luego de que la Comisión de Constitución, en un informe que interpretó la Ley N°26519, estableciera que la pensión solo les correspondía a los jefes de Estados elegidos en las urnas y no a un titular del Congreso que asume el cargo por sucesión constitucional.

El expresidente Martín Vizcarra tampoco recibe una pensión del Congreso, luego de que este aprobara una denuncia constitucional por el “Vacunagate” que lo inhabilitó por 10 años.