Por 15 votos a favor y seis en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al ex presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres por presunta infracción constitucional.
Votaron a favor legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso. Además, las congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular) y Lady Camones (APP) se encargarán de sustentar la acusación ante el pleno del Parlamento.
Así votaron los congresistas
15 votos a favor
Rosselli Amuruz (Avanza País)
Diego Bazán (Avanza País)
Norma Yarrow (Avanza País)
Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)
Eduardo Castillo (FP)
Patricia Juárez (FP)
Juan Carlos Lizarzaburu (FP)
Martha Moyano (FP)
Eduardo Salhuana (APP)
Lady Camones (APP)
Jorge Montoya (Renovación Popular)
José Cueto (RP)
Esdras Medina (no agrupado)
Elvis Vergara (Acción Popular)
Héctor Valer (Somos Perú)
6 votos en contra
Margot Palacios (Perú Libre)
Edgar Reymundo (Juntos por el Perú)
Nieves Limachi (Juntos por el Perú)
Francis Paredes (Podemos Perú)
Jorge Coayla (Perú Bicentenario)
José Balcázar (Perú Bicentenario)
Dos abstenciones
Isaac Mita (Perú Libre)
Segundo Montalvo (Perú Libre)
Mira aquí la sesión completa de la Comisión Permanente:
Según señaló Martha Moyano, ponente de la denuncia, Aníbal Torres vulneró la Constitución por su papel y sus declaraciones en los llamados consejos de ministros descentralizados durante el gobierno de Pedro Castillo.
“Ya se ha establecido que el denunciado llevo a cabo una serie de sesiones de “consejo de ministros descentralizadas” sin marco constitucional y legal y con finalidades y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano; lo cual ya es en sí mismo un ejercicio indebido del poder otorgado; adicionalmente se ha determinado que las expresiones que el denunciado realizó en dichos espacios, así como frente a medios de comunicación se realizaron superando los límites para el ejercicio de la libertad de expresión y opinión al tener la calidad de funcionario público; constatándose así un ejercicio fuera de los límites constitucionales y legales previstos, materializándose la infracción constitucional imputada”, precisa el informe final.
La denuncia fue presentada en agosto del 2022 por el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) tras las declaraciones de Aníbal Torres del 11 de ese mismo mes azuzando a los dirigentes de organizaciones sociales a movilizarse hacia Lima.
“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, exclamó aquel día.
El informe plantea acusar, vía juicio político, al ex primer ministro por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución.
De ser aprobado por la Comisión Permanente, el informe, propuesto por la delegada Martha Moyano (Fuerza Popular), deberá ser debatido por el pleno del Congreso, que deberá nombrar a un delegado que se encargará de sustentar la acusación.
La defensa de Aníbal Torres
Previo al debate en la Comisión Permanente, Aníbal Torres envió un oficio a la presidenta de la SAC, Lady Camones, negando que haya infringido la Constitución y señalando que la expresión “correrá mucha sangre” la dijo cuando no ocupaba cargo público por lo que no puede ser sustento de un juicio político.
“Ni Moyano, ni Camones, ni ningún otro congresista podrán acreditar como verdad dicha falsedad”, sentenció.
Por ello, el exministro dijo que la aprobación del informe “deviene en un acto puramente instintivo de condena a quien consideran su adversario, en consecuencia, no tiene sentido que haya defensa alguna de mi derecho en esta etapa”.
¿Qué dice la agenda de la Comisión Permanente?
INFORME FINAL SOBRE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 290
Denuncia formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique, contra Aníbal Torres Vásquez, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, por la presunta comisión de los delitos de motín; conspiración para una rebelión, sedición o motín; y omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín, contemplados y sancionados en los artículos 348, 349, 352 del Código Penal, respectivamente, y delito de terrorismo, tipificado en el artículo 2 del Decreto Ley 25475. Asimismo, por la supuesta infracción a los artículos 38, 39, 45, 123, 125, 139 (inciso 2) y 159 (inciso 4) de la Constitución Política del Perú.
CONCLUSIONES
Primera.- ACUSAR, vía juicio político, al denunciado Aníbal Torres Vásquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú.
Segunda.- IMPONER, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN POR DIEZ AÑOS para el ejercicio de la función pública, al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vásquez.
Se declaró IMPROCEDENTE, el extremo de la denuncia por la posible comisión de los delitos de motín, conspiración para una rebelión, sedición o motín y terrorismo, así como la comisión de presuntas infracciones constitucionales de los Arts. 39, 123, 139 inciso 2 y 159 inciso 4”
Informe presentado el 31 de enero de 2024
Informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recomienda inhabilitar por 10 años a Aníbal Torres.
Aníbal Torres es investigado junto a Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros por rebelión por el golpe de Estado del 7 de abril. Afronta un pedido fiscal de 15 años de prisión.
Mira aquí la sesión de enero pasado:
Durante el debate, el congresista Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) salió en defensa de Aníbal Torres y calificó el informe como parte de una “persecución política”. También rechazó la propuesta el legislador José María Balcázar (Perú Bicentenario). Ambos fueron aliados del gobierno del expresidente Pedro Castillo.
