Los argumentos del fujimorismo contra decretos del Ejecutivo

El primer ministro Fernando Zavala y los titulares de las carteras de Economía, Salud, Vivienda, Justicia, Interior y Energía y Minas acudieron ayer al Congreso para explicar ante la Comisión de Constitución los motivos, beneficios y alcances de los decretos legislativos emitidos al amparo de las facultades delegadas por el Parlamento.

Pese a las explicaciones, algunos miembros de la oposición cuestionaron ciertos decretos por considerar que excedían las facultades otorgadas o transgredían la Constitución.

El congresista fujimorista Segundo Tapia, por ejemplo, reiteró que “nadie le ha dado facultad [al Ejecutivo] para legislar en temas de salud” y, por lo tanto, opinó que “esta comisión debe dejar de lado todos estos decretos”.

El legislador naranja se refería a las nueve normas que están vinculadas al sector Salud, entre ellas la que dispone que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) vuelva a depender del Ministerio de Salud.

Otro decreto relacionado al sector Salud, muy criticado también, fue el que traslada la facultad de fiscalización y control de productos cosméticos que tiene la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). Para los congresistas de Fuerza Popular Héctor Becerril y Rosa Bartra, esa norma era contraproducente y violaba el art. 59 de la Constitución, pues atentaba contra la salud pública.

La ministra de Salud, Patricia García, insistió en que no habían excedido las facultades, pues estas contemplaban la posibilidad de optimizar en favor del ciudadano los servicios que prestan las entidades públicas. Agregó que la idea de retirar la supervisión de productos cosméticos a la Digemid era para que concentre su labor en los medicamentos.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, precisó que “no se ha querido sorprender al Congreso ni hemos querido ir más allá de lo que nos han facultado”. Explicó que  la salud es un servicio público y como tal era posible optimizar sus servicios.

En otro momento, hubo un intercambio de opiniones entre el ministro del Interior, Carlos Basombrío, y el congresista de Fuerza Popular Octavio Salazar por el Decreto 1267. Este último dijo que  con esa norma se daba “un golpe de Estado  a la PNP porque se la subordinaba a los civiles”. El ministro le aclaró que ese punto se modificó en otro decreto.

Hubo muchos otros cuestionamientos a los decretos, no solo por parte de los fujimoristas, sino de miembros de las demás bancadas.

Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, manifestó que la labor de su grupo de trabajo no es obstruccionista y que con el debate se buscará que los decretos legislativos puedan ser corregidos y perfeccionados.

—Reparos—

1. La disposición para que el INEN dependa del Ministerio de Salud
Congresistas de Fuerza Popular dijeron que la medida afectará el servicio especializado de oncología que presta el INEN. Aseguraron, además, que en este punto el Poder Ejecutivo se ha excedido, puesto que el Congreso no lo facultó para legislar en temas de salud.

2. El retiro de algunas facultades a la Digemid
La Digemid ya no se encargará de fiscalizar los productos cosméticos. Esa función se trasladará a la Digesa. Para la oposición, esa medida iría en contra del art. 59 de la Constitución porque el hecho de no haber un debido control de los cosméticos sería lesivo para la salud pública.

3. Decreto  sobre medidas de simplificación administrativa
Para la congresista Marisa Glave, el Decreto Legislativo 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa sería inconstitucional, pues atentaría contra los derechos laborales, al no poder ahora inscribir los contratos laborales de plazos fijos.

4. Norma sobre competencias del director de la policía
Octavio Salazar dijo que se le ha quitado competencias al director de la PNP y se ha convertido su cargo en uno burocrático, pues sus funciones han sido pasadas al Ministerio del Interior. Según el legislador, eso iría en contra de lo que señala la Constitución.

5. Decreto  1323, sobre violencia de género
Para el congresista fujimorista Juan Gonzales, en el Decreto 1323 el Ejecutivo se excedió al incluir como causal de discriminación la orientación sexual. Según el legislador, esto no puede ser considerado como un tema susceptible de protección penal.

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